Grave discriminación

... preocupación por las denuncias según las cuales los cargos presentados contra seis estudiantes de raza negra de educación secundaria en Jena, Luisiana, (conocidos como los "Seis de Jena") reflejan el trato desigual generalizado que reciben los jóvenes de raza negra y raza blanca en la ciudad.

Estos seis estudiantes fueron acusados de participar en una pelea en diciembre de 2006, en la que, al parecer, fue agredido Justin Barker, un estudiante de raza blanca. Según informes, Justin Barker fue atendido en un hospital por lesiones, y se le dio de alta ese mismo día.

Inicialmente, la fiscalía local acusó a cinco de los estudiantes de conspiración y tentativa de asesinato en segundo grado, delitos por los que se les podría haber impuesto cadena perpetua. Dichos cargos fueron retirados el primer día del juicio contra Mychal Bell, el único acusado al que se ha juzgado hasta el momento. Mychal Bell, de 16 años en el momento del delito, fue declarado culpable de "agresión con agravantes" en un tribunal de adultos, por lo que podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

En una carta a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, con fecha de 7 de septiembre, AI reconoce la gravedad del presunto incidente, pero pide que se estudien urgentemente las denuncias de los defensores y defensoras de los derechos civiles, según los cuales los cargos que se trataron de presentar no guardaban proporción con el delito en cuestión y reflejaban un problema más amplio de trato desigual en la localidad en función de la raza. Asimismo, AI puso de manifiesto su preocupación sobre las denuncias que ponían en entredicho la imparcialidad del juicio de Mychal Bell y pidió que se corrigieran sin dilación las posibles injusticias del caso.

El altercado con Justin Barker tuvo lugar durante un periodo de graves tensiones raciales, tras un incidente, ocurrido en agosto de 2006, en el que tres estudiantes blancos colgaron tres sogas de un árbol en el patio de la escuela de enseñanza secundaria de Jena, un día después de que varios estudiantes negros se sentaran bajo dicho árbol, que, tradicionalmente, es una zona "sólo para blancos". Aunque el director de la escuela recomendó la expulsión de los estudiantes blancos, un comité escolar desestimó su decisión, al considerar que el incidente de las sogas era una "gamberrada" juvenil, y rebajó el castigo a una expulsión temporal de pocos días.

Según informes, durante los meses siguientes se produjeron varias peleas y otros altercados entre estudiantes negros y blancos. Al parecer, en algunos casos, personas de raza blanca agredieron a estudiantes negros, pero no se presentaron cargos o éstos fueron de carácter leve.

Los defensores y defensoras de los derechos civiles han considerado preocupante que, teniendo en cuenta las fuertes tensiones existentes en la comunidad local tras el incidente de las sogas, la fiscalía no seleccionara otro lugar para la celebración del juicio contra Mychal Bell, que fue condenado por un jurado compuesto íntegramente por personas de raza blanca, seleccionadas de entre una lista de candidatos exclusivamente blancos.

Según se ha afirmado, el abogado de Mychal Bell, nombrado por el tribunal, se esforzó poco en la preparación del juicio, y no citó a ningún testigo de la defensa, incluida una persona de suma importancia, que previamente había formulado declaraciones en las que implicaba a otro estudiante. Además, tampoco interrogó a los testigos relacionados con la víctima, Justin Barker, ni cuestionó las incongruencias del testimonio de testigos presenciales. En la actualidad, Mychal Bell se encuentra en prisión, en espera de que se celebre la vista de determinación de la pena, el 20 de septiembre de 2007.

Estados Unidos ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, cuyo artículo 5 exige a los Estados Partes que se comprometan a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley. Asimismo, la Convención pide a los Estados Partes que revisen sus políticas gubernamentales nacionales y locales y que garanticen que las autoridades públicas y las instituciones locales y nacionales prohíban las políticas o prácticas cuyo propósito o efecto sea discriminatorio.