IMPUTADO EN UN DELITO DE 1976

Martes 12 de Septiembre del 2006

Declara Aldo Rico y quedaría detenido, estima su abogado

Aldo RicoEmilio Moreira, el letrado que patrocina a quien fuera intendente de San Miguel, habló con Mauro Viale en Historias Impactantes, el programa de Canal 26. Señaló que es muy probable que el ex militar sea arrestado por la causa en la que se investiga el secuestro y posterior desaparición del matrimonio Kennedy-Sady durante la última dictadura militar. (Vote en la encuesta del día)

En declaraciones al programa Historias Impactantes, que se emite de lunes a viernes por Canal 26 con la conducción de Mauro Viale, el abogado de Aldo Rico, Emilio Moreira, confirmó que es muy probable que su defendido quede detenido cuando se presente a declarar ante la Justicia. El letrado además señaló que si se comprueba la falta de mérito quedaría en libertad dentro de diez días.

El ex intendente del partido bonaerense de San Miguel deberá presentarse a declarar en los tribunales federales de San Martín, en la causa que investiga el secuestro y posterior desaparición del matrimonio Kennedy-Sady durante la última dictadura militar.

El juez federal Alberto Suárez Araujo, a cargo del Tribunal Número Dos de San Martín, citó a declarar a Rico, a las 9:30, en el marco de una investigación sobre delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo durante la dictadura militar de 1976-1983.

Rico es investigado por el secuestro y desaparición de Américo Mohmet Sady y su esposa Delia, hermana de la histórica dirigente justicialista Norma Kennedy.

Delia Kennedy y su marido, ambos militantes peronistas, fueron secuestrados el 10 de mayo de 1976, ella en su casa de la localidad bonaerense de Munro y él en un domicilio de la Capital Federal, cuando Rico prestaba servicio en la Policía Militar en
Campo de Mayo.

En 1995 la Justicia, en razón de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, rechazó un pedido de la dirigente Norma Kennedy para que se investigue cuál fueron los destinos de su hermana y su cuñado, presuntamente arrojados al mar luego de dos meses de detención.

En julio último, 11 años más tarde, la Cámara de Casación ordenó la reapertura de la causa Kennedy-Sady por presuntos delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

        

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