El Gobierno apeló el fallo de la Justicia que frenó el Fondo del Bicentenario

El Gobierno Nacional apeló ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que frenó el uso de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para crear el Fondo del Bicentenario.

Fuentes judiciales informaron que así lo hizo el flamante Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, al interponer un recurso extraordinario para que el máximo tribunal revise el fallo dictado por la Cámara.

Según los voceros, existen dos expedientes, uno iniciado por el diputado del PRO Federico Pinedo, y otro por el senador de la UCR Gerardo Morales, y ahora ambos quedaron unificados por "conexidad" en la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Ahora, luego del recurso interpuesto por el Gobierno, se prevé que la Cámara le corra vista de las apelaciones tanto a Pinedo como a Morales, y una vez contestadas, el Tribunal analizará si eleva o no el expediente a la Corte.

En enero pasado, las camaristas Marta Herrera y Clara Do Pico habían ratificado una decisión adoptada en primera instancia por la jueza María José Sarmiento, y estableció que el Gobierno no puede usar unos 6.569 mil millones de dólares de reservas para pagar parte de la deuda externa.

En caso que la Cámara no haga lugar al recurso de apelación para ir a la Corte, el Gobierno puede interponer un recurso de queja.

No obstante, fuentes de la Corte señalaron que no suelen aceptar intervenir cuando se trata – como en el caso- de medidas cautelares que no son sentencias definitivas.

De esta manera, se especula con que la polémica que se generó a raíz del decreto 2010/09 se termine de definir en marzo próximo en el seno del Congreso Nacional, para lo cual ya hay fijada una sesión.

El martes último, la Corte evitó pronunciarse sobre el cuestionamiento contra el uso de reservas, al rechazar una demanda interpuesta por la provincia de San Luis contra el Estado Nacional, al negarle a aquella legitimidad para accionar.

"No pueden ser atendidos (los argumentos) desde que San Luis ha delegado en el Gobierno Central el ejercicio de dichas facultades, y en ese marco no puede reconocérsele la potestad de ejercer un control pormenorizado del ejercicio de aquellas por parte de la Nación, sin un interés directo claramente demostrado", según el Tribunal señaló en la resolución.

Con el voto de 5 de los 7 miembros, entendieron además, que el planteo tiene que ver con algo político, y por ello consideraron que no se debía judicializar el conflicto.

"Que en cuanto a los invocados intereses de los habitantes de la Provincia que la actora dice defender, debe señalarse que ello no autoriza la intervención de las autoridades provinciales (…) pues no resultan legitimadas activas de acuerdo al texto constitucional que sólo menciona al afectado, al Defensor del Pueblo, y a las asociaciones que propenden a los fines indicados en la norma", según la Corte.