El presidente de Trenes de Buenos Aires (TBA), Carlos Ferrari, fue acusado hoy por "impropia utilización" de material rodante, personal y fondos públicos en la empresa, pese a haber negado ante el juez interviniente su responsabilidad en la tragedia de Once.

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Junto a su abogado Martín Clemente, Ferrari se presentó por la mañana ante el juez Claudio Bonadío y negó tener un rol "operativo" en la empresa, sino que -dijo- su responsabilidad se limitaba a una cuestión "institucional".

En la indagatoria, que duró varias horas, y a través de un escrito el empresario intentó deslindar responsabilidades, al señalar que se desempeña como abogado comercial y responde a las decisiones que toma el directorio de la empresa.

Además, remarcó que hace sólo un año que se hizo cargo de la presidencia de la firma y que no cuenta con el control del material rodante, sino que realiza tareas "institucionales".

Contrapuso que fue el encargado de la implementación de la tarjeta SUBE en el servicio o la puesta en marcha del tren "Gran Capitán".

En la indagatoria, al igual que lo plasmó en el escrito, dijo que el control del material rodante estaba a cargo de "gerencias especiales" de carácter operativo.

Bonadío, en tanto, lo acusó del delito de estrago culposo, y concretamente le imputó haber hecho una "impropia utilización del material rodante de la infraestructura concesionada, del personal y de fondos que el Estado Nacional puso a su disposición".

El magistrado recordó que en el contrato de concesión se hace referencia a una "mejora en el servicio", con mayor "seguridad" y más "confiable", lo que se contrapone al funcionamiento en la actualidad.

En la indagatoria, Ferrari recusó a uno de los peritos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Brito, quien en los peritajes técnicos que se hicieron señaló que hubo fallos en sistema de aire de los frenos.

Otro de los citados para hoy este lunes era el presidente de la firma Cometrans, Oscar Gariboglio, quien por medio de su abogado pidió una prórroga de la audiencia, y al serle rechazado el pedido por Bonadío, optó por negarse a declarar, aunque aclaró que a futuro tiene previsto presentarse.

Las indagatorias seguirán el próximo miércoles con otros dos representantes de la firma TBA, y luego será el turno de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y de los hermanos Cirigliano a cargo de la concesión de la firma.

Todos están imputados por el delito de estrago culposo, el mismo con el que se caratuló la tragedia de Cromañón y la del accidente aéreo de LAPA, a raíz del hecho que tuvo lugar el 22 de febrero pasado cuando una formación de TBA de la línea Sarmiento impactó en el andén de la estación Once.

El accidente provocó la muerte de 51 personas y centenares de heridos.