Los gendarmes rechazaron la propuesta del Gobierno y van a continuar con la protesta

"Nosotros no nos vamos. Se nos ha reído en la cara", señaló el vocero Raúl Maza en las escalinatas del edificio Centinela. Anunció como represalia que se levantarán el 50 por ciento de las puestos que esa fuerza tiene desplegados en todo el país.

Por Canal26

Martes 9 de Octubre de 2012 - 00:00

El conflicto con Prefectura y Gendarmería por los sueldos se profundizó hoy, luego de que el Gobierno rechazara las pretensiones salariales de los manifestantes y el pedido para dar marcha atrás con sanciones contra efectivos.

El vocero de los suboficiales de Gendarmería, Raúl Maza, aseguró que el Gobierno se les "rió en la cara" y anunció como represalia que se levantarán el 50 por ciento de las puestos que esa fuerza tiene desplegados en todo el país.

Tras ocho días de protesta, el Gobierno dijo que "es imposible ofrecer un básico de 7 mil pesos en cualquier área pública" y denunció "una verdadera industria del juicio" en torno a los haberes de efectivos de Prefectura y Gendarmería, que involucra a miembros de los servicios contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunciaron que iniciarán "acciones judiciales" por los amparos en los haberes.

Los ministros aseguraron que con la aplicación efectiva del decreto que modifica la escala salarial "la enorme mayoría de efectivos verá mejorada su situación", ya que hará remunerativo entre el 80 y 90 por ciento del haber.

"Hemos constatado, por lo que hay acciones judiciales presentadas, que las modalidad de pago presentaba deficiencias y están al borde de situaciones que son delictuales", sostuvo Abal Medina tras advertir que gran parte del total de los juicios se hallan tramitados en los mismos juzgados, uno de ellos en Río Gallegos", que está a cargo de la jueza Ana Álvarez, "casada con un comodoro estrella, vinculado a crímenes de lesa humanidad".

Desde Río Gallegos, la magistrada rechazó las acusaciones, negó que su esposo tenga causas por delitos de lesa humanidad y dijo que evalúa responder judicialmente ante lo que consideró una violación al principio de división de poderes.

En simultáneo, los agentes de Gendarmería rechazaron la propuesta del Gobierno, señalaron que Abal Medina, se les "rió en la cara" y llamaron a "levantar el 50 por ciento de los puestos" de trabajo como medida de fuerza.

"La medida no se levanta y hemos llamado a nuestros camaradas a levantar el 50 por ciento de los puestos. Los puestos no se van a descuidar, pero el 50 por ciento se va a levantar", señaló el vocero Raúl Maza tras tomar la palabra frente a cientos de efectivos en las escalinatas del edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro.

Según explicó Abal Medina, aunque el decreto 1307 -firmado el 31 de julio tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia- disponía que ningún miembro de ambas fuerzas percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto.

El funcionario afirmó que "se garantiza que en la próxima liquidación de sueldos nadie cobrará menos que en agosto" e incluso en la mayoría de los casos los sueldos se verán "enormemente mejorados", salvo los haberes altísimos por irregularidades, principalmente "en las cúpulas" de las dos fuerzas.

"El efecto del nuevo decreto es la mejora de los básicos de los escalafones más bajos por sobre los altos. Simplemente un dos o tres por ciento, esos que cobraban sumas desorbitantes, van a ver disminuidos sus salarios", indicó Abal Medina, respecto de la consecuencia de medidas judiciales.

Según señaló el jefe de ministros, "hubo un festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las fuerzas", ya "el 60 por ciento del personal de Prefectura y Gendarmería tenían los haberes judicializados", porcentaje que llega al "100 por ciento" en las cúpulas, en perjuicio "contra el Estado y los argentinos".

Por su parte, el ministro Lorenzino advirtió sobre la "profusión de descuentos" que afrontan los efectivos de ambas fuerzas, que se realizan en carácter de aportes a mutuales vinculadas con las fuerzas de seguridad y sostuvo que "hay efectivos que quedaron debiéndole al Estado".

Confirmó, además, que alrededor del "80 por ciento" de los salarios de prefectos y gendarmes se abonaba "en negro" a raíz de "suplementos" que se mantienen desde la década del `90 y remarcó que estos componentes no remunerativos "crearon el caldo de cultivo para que estudios jurídicos vinculados a la fuerza, y a veces integrados por miembros de las fuerzas, dieran lugar verdadera industria del juicio".

"Llegamos a la ausencia de transparencia respecto a quién cobra qué. Eso produce que algunos haberes son exorbitantes que llegan a 100.000 pesos, muy por encima del sueldo de la Presidenta",
apuntó.

Por otra parte, el jefe de Gabinete señaló que los pases a disponibilidad se debieron a que algunos efectivos "han violado abiertamente" las normas de las fuerzas, y puso como ejemplo la retención del ministro Lorenzino en un edificio de la Prefectura y los ataques a superiores.