Antonio Arcuri

Desde el inicio de su gestión María Eugenia Vidal reclama por los recursos que la Provincia dejó de percibir por el Fondo del Conurbano, congelado para los bonaerenses en 600 millones de pesos desde 1996.

 

Luego de la presentación ante la Corte Suprema y el posterior acuerdo con los gobernadores, estamos ante una nueva oportunidad para retomar el camino iniciado en aquella gobernación de los 90.

 

Se trata de ser justos con la historia reciente para aprender de ella, sin por ello creer que lo hecho ha sido óptimo ni mucho menos.

 

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El Conurbano no escapa a los problemas de otras megalópolis latinoamericanas, como pueden ser San Pablo o Ciudad de México. Su población dio un salto cuantitativo determinante entre 1930 y 1950 -con migraciones internas, de países limítrofes y del otro lado del Atlántico-, producto de la industrialización que se disparó con el proceso de sustitución de importaciones desencadenado por el crac del ’29.

 

Siempre tuvo dificultades, pero su estado deficitario se agudizó a partir de la dictadura militar, cuando la desindustrialización arrojó al desempleo y la pobreza a grandes franjas de trabajadores y crecieron los asentamientos y las villas miserias.


Con el regreso de la Democracia se inició un período de recuperación institucional que no estuvo exento de serias dificultades económicas. Las recurrentes crisis hicieron que el Gran Buenos Aires agravara su realidad; al tiempo que la Provincia se mostraba impotente para atender solo con recursos propios las demandas de la región.

 

El gobernador Antonio Cafiero percibió esa realidad y desde 1989 su gobierno comenzó a elaborar el “Informe sobre la Problemática Estructural del Conurbano Bonaerense” en donde se registraba la gravedad de la situación social de la región a partir de la alta concentración demográfica, el alto índice de población con necesidades básicas insatisfechas, el colapso de los servicios y la creciente confrontación social.

 

Ya con Eduardo Duhalde como gobernador y a principios de 1992, se sancionó la ley de nacional 24073 de reforma impositiva que destinaba el 10% de impuesto a las Ganancias a un Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense.

 

La ley buscaba reparar en parte la pérdida de algunos puntos de la Coparticipación Federal que la provincia había resignado en los ’80. Se derrumbaba así el mito de que Buenos Aires, por ser el estado de mayor generación de riqueza, podía hacer frente a la problemática del Conurbano con recursos propios. El Gran Buenos Aires pasaba a ser un asunto de interés nacional.

 

En mayo de 1992 se creó por ley provincial el organismo que iba a administrar esos recursos: la Unidad Ejecutora del FRHGB o más conocido como Ente del Conurbano.

 

No obstante, desde 1996, también por una ley de la Nación, el monto anual quedaría congelado en 650 millones. El resto del 10 % de la recaudación del Impuesto a las Ganancias comenzó a distribuirse entre el resto de las provincias en forma proporcional a la coparticipación que recibían. Absurdamente, en la actualidad todas las jurisdicciones, salvo Tierra del Fuego, reciben más recursos que Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.

 

A pesar de todo, entre 1992 y 1999 el Ente del Gran Buenos Aires desplegó la mayor y más extensa política de infraestructura en la región de la que se tenga memoria, con una inversión total de 4.500 millones de pesos o dólares.

 

Por mencionar algo de lo realizado, en ese período se construyeron ocho grandes hospitales, se remodelaron, ampliaron y equiparon 21 hospitales existentes y se repararon alrededor de 400 salas de atención primaria. En materia educativa se levantaron 234 jardines de infantes, 18 escuelas de enseñanza media, 11 técnicas y 13 escuelas especiales; además se repararon 532 escuelas y se ampliaron otras 582 a través de las cooperadoras escolares. Insisto: sólo el Ente del Conurbano realizó esa tarea, que además incluyó el financiamiento de programas sociales, como el Plan Vida.

 

En el rubro de saneamiento, control de crecidas y desagües pluviales se llevaron adelante obras sobre una superficie de unos 25.500 metros cuadrados para beneficiar a 1.200.000 habitantes y otro tanto con obras de agua potable y cloacas. Además se diseñó con la Universidad Nacional de La Plata un Plan Director de Agua Potable y Cloacas que planificaba las obras a realizar en dos décadas que aún sigue inconcluso.

 

Se realizaron pasos bajo nivel y además se pavimentaron casi 15.000 cuadras de accesos a escuelas y unidades sanitarias, se repavimentaron 4.100 cuadras de avenidas y se recuperaron 370 kilómetros de vías troncales y rutas y se construyeron pasos bajo nivel en varias localidades. A la par, hicieron una tarea aún mayor otras áreas del gobierno de Duhalde.

 

Las obras están allí, son ya parte del paisaje del Gran Buenos Aires, pero es obvio que no alcanzaron. Pasaron 18 años de la disolución del Ente del Conurbano y la región, como el resto del país, vivió (o padeció) los avatares de la situación económica. En ese tiempo también hubo obras, pero las dificultades lejos de desaparecer se agravaron porque los recursos no alcanzan y la población sigue creciendo.

 

Como mencionamos en los párrafos principales, la discusión escapa a un criterio cortoplacista de Buenos Aires versus el interior, está claro que se trata de una problemática nacional, porque los recursos de Coparticipación lo son.

 

No debe olvidarse, además, que los argentinos tenemos pendiente la sanción de un nuevo régimen de Coparticipación Federal, tal como lo estableció la reforma constitucional de 1994 en una de sus cláusulas transitorias, donde disponía que ese acuerdo entre la Nación y los estados provinciales debía materializase antes de la finalización de 1996.

 

Sin embargo, de acuerdo al Pacto Fiscal firmado recientemente por los gobernadores y el presidente Macri, la provincia de Buenos Aires volvería a contar con una parte de los recursos que legítimamente le corresponden. En el camino hemos perdido 20 años de inversiones imprescindibles para atender una problemática que excede largamente las posibilidades de nuestra provincia. Definitivamente, la reparación no se puede demorar más.

 

(*) Antonio Arcuri fue presidente del Ente del Conurbano entre 1993 y 1999.