ÚLTIMO ADIÓS A FRANCO MACRI

En una ceremonia breve e íntima, Mauricio Macri despidió los restos de su padre

El presidente argentino, junto a familiares y amigos, participó del sepelio de Franco Macri, fallecido ayer a los 88 años. Fue una ceremonia privada y reservada.
Domingo 3 de marzo de 2019

Mauricio Macri despide los restos de su padre en el cementerio de Pilar, foto: Mario Quinteros

(Foto: Mario Quinteros)

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El presidente Mauricio Macri asistió esta tarde al cementerio privado Jardín de Paz, en Pilar, para la ceremonia íntima de despedida de los restos de su padre Franco Macri, quien falleció el sábado a los 88 años.


Acompañado por su esposa, Juliana Awada, y en el marco de un amplo operativo de custodia, el presidente se trasladó desde la residencia de Olivos hasta el cementerio privado donde se concretó el entierro, sin previo velatorio y con una lista restringida de invitados.

 

Luego de ser informado sobre la muerte de su padre, Macri interrumpió su descanso por el fin de semana largo en la localidad patagónica de San Martín de los Andes y se tomó un vuelo de regreso a la Capital Federal para poder estar presente en la inhumación de los restos del empresario.

 

Tras una hora aproximadamente de ceremonia íntima y familiar, el presidente se retiró del cementerio.

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EN CONCESIONARIAS

Panamericana y Acceso Oeste: allanaron empresas e investigan irregularidades en acuerdos firmados con gobierno de Macri

Las compañías habían desistido de demandas ante el CIADI tras una negociación con la gestión de Cambiemos.La justicia investiga si hubo irregularidades en esas operaciones.
Jueves 13 de febrero de 2020

Autopistas

La División Lavado de Activos de la Policía Federal llevó a cabo cinco allanamientos en oficinas vinculadas a las empresas concesionarias de la Panamericana (Autopistas del Sol) y del Acceso Oeste (Grupo Concesionarios del Oeste) por solicitud del juez Rodolfo Canicoba Corral, que investiga un presunto negociado detrás de los acuerdos que firmaron con el gobierno de Mauricio Macri en medio de la renegociación de la deuda que el Estado mantenía con ellas.

 

Los operativos se realizaron en las oficinas administrativas de las compañías y en las sedes sociales que se encuentran sobre los corredores viales.

 

Otro procedimiento se llevó adelante en Natal Inversiones, la firma que compró el 7% de Autopistas del Sol a Sideco, una de las sociedades anónimas que conforman el holding de la familia del ex presidente, según consignó Infobae.

 

La investigación que fue iniciada tras una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, puso en la mira los contratos que se firmaron a cambio de que se retiraran las demandas que estaban vigentes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, donde la Argentina enfrentaba reclamos millonarios.

 

El gobierno anterior negoció en el caso de Autopistas del Sol una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de USD 499 millones en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A, la española controlante de Ausol, retirara la demanda ante el tribunal internacional. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.

 

Según los denunciantes, las irregularidades comenzaron a fines de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. En ese entonces, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión.

 

En tanto, allegados a la anterior conducción del Ministerio de Transporte contradicen esta versión y dicen que el levantamiento de la demanda fue una consecuencia de la renegociación, que había comenzado a discutirse en el gobierno Eduardo Duhalde: “Lo que hicimos nosotros es terminar con ese proceso”, detallaron.

 

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri admitió su relación con la firma española al negarse a firmar el decreto donde se acordó la renovación, que finalmente fue rubricado por su vice, Gabriela Michetti, en virtud de una recomendación de la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para evitar “un conflicto de intereses”. Esta semana, Florentino Pérez expresó públicamente su respaldo al nuevo puesto que ocupará Macri en la Fundación de la FIFA.

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SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Correo Argentino: piden la intervención judicial

Así lo solicitó la fiscal comercial Gabriela Boquin. Cree que la familia Macri está “vaciando” la firma con un abuso del concurso de acreedores.
Viernes 7 de febrero de 2020

Macri - Correo ArgentinoCorreo Argentino: piden la intervención judicial

La fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin, solicitó el desplazamiento de la administración del Correo Argentino SA, y la designación de un interventor judicial, para evitar que las autoridades de la firma perteneciente a la familia Macri "prosigan con un uso abusivo" del concurso de acreedores que, según la funcionaria, se comprueba con una "inadmisible" prolongación de los plazos tendiente a licuar su pasivo".

 

Tras el escándalo que se desató tres años atrás cuando la misma fiscal denunció que el gobierno, encabezado por Macri, estaba a punto de aceptar una propuesta de pago de la deuda del Correo con el Estado que implicaba una quita intolerable y una supuesta pérdida millonaria para las arcas públicas, en julio del año pasado la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial otra propuesta de pago, que consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos, 30 días después de homologado el acuerdo.

 

También ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.

 

Ante la nueva oferta, la Procuración del Tesoro solicitó más tiempo para estudiar aquella propuesta y algunas especificaciones técnicas a la compañía, por la "gravedad institucional del tema".

 

Por ese entonces el procurador, Bernardo Saravia Frías, solicitó que esta propuesta esté completamente separada de los demás juicios cruzados que tiene la empresa contra el Estado, según consignó Clarín. Mientras tanto, en septiembre pasado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia Macri, haciendo lugar al pedido de la Procuración del Tesoro.

 

Paralelamente, la jueza comercial Marta Cirulli dispuso la intervención del Correo nombrando un coadministrador y en su resolución le concedió tres facultades al interventor: "Participar de las deliberaciones del órganos de administración, proponer al Directorio medidas para abaratar costos y por último, informar cuáles son los pasivos post concursales".

 

Ahora, la fiscal advirtió sobre el "vaciamiento" de la empresa ,y pidió una intervención completa, que incluya el desplazamiento del órgano de administración del Correo. El planteo se formuló en el marco de la apertura del procedimiento de “cramdown” o salvataje de la firma concursada. 

 

Boquin señaló en su dictamen que a esta altura corresponde que por sorteo se designe un interventor judicial con plenas facultades de administración, hasta que concluya el procedimiento de salvataje, "sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades a propuestas de acuerdos con acreedores".

 

Entre los fundamentos de la solicitud figura que "la empresa se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”.

 

“Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa o fueron efectuados violando lo dispuesto” en la Ley de Concursos, sustuvo.

 

Además, indicó que el pasivo concursal se "incrementó", lo que podría producir "otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores si fracasa el “cramdown”.

 

Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.

 

Posteriormente, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner y a raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.

 

Mientras tanto los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos contra el Estado por 1.700 millones de pesos, otros 500 millones de pesos y 120 millones de dólares, más intereses.

 

En junio de 2016, con Macri en Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado.

 

Según el acuerdo, el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación" perjudicaba "gravemente el patrimonio del Estado nacional".

 

La funcionaria sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado. Calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033.

 

Todo ello derivó en una causa penal que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo, donde están imputados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.

 

Lijo pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso, y dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa, y el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue "abusivo" tal como fue denunciado.

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