Trump inicia gran ofensiva contra inversiones extranjeras en Cuba

El Gobierno estadounidense reactiva ley para que ciudadanos cubanos lleven a los tribunales a las empresas en la isla por propiedades confiscadas tras la revolución de 1959.

Por Canal26

Jueves 18 de Abril de 2019 - 14:39

Donald Trump (Reuters)

(Foto: Reuters)

 

El Gobierno de Donald Trump pone más presión sobre Cuba y dejará que el 2 de mayo entre en vigencia por primera vez una norma mediante la cual ciudadanos de origen cubano pueden entablar demandas para reclamar propiedades a empresas extranjeras con negocios en la isla. La medida abre un nuevo foco de conflicto entre Estados Unidos y Europa, principal socio comercial del país caribeño, con España como uno de los principales afectados.

 

Mike Pompeo, secretario de Estado, lo anunció en una fecha simbólica, el aniversario de
la invasión de Bahía Cochinos, en 1961, cuando tropas de exiliados cubanos ingresaron en la isla con apoyo estadounidense para derrocar a Fidel Castro.

 

Además, según John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, se impondrán nuevas restricciones a las remesas de dinero enviadas a la isla, nuevas limitaciones a viajes no familiares y medidas para evitar que La Habana sortee las restricciones y acceda a divisas.

 

El Gobierno de Trump aumenta así su presión en un momento de escalada de sanciones también hacia Venezuela y Nicaragua, cuyos regímenes engloba bajo la expresión "troika tiránica". De hecho, este miércoles la Administración aprobó también sanciones contra Laureano Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, y el Banco Corporativo de Nicaragua, a los que bloquea cualquier activo en EE UU. También actuó contra el Banco Central de Venezuela y su gobernadora, Josefa Ruzza, negándoles acceso al sistema financiero estadounidense, por considerarlos cómplice en el mantenimiento de Nicolás Maduro en el poder efectivo del país.

 

"Después de más de 22 años de retrasos, los estadounidenses por fin tendrán una oportunidad de justicia", dijo Pompeo.

 

Esa ley se aprobó en 1996 bajo la Administración de Bill Clinton, pero dicho apartado se dejó durante dos décadas sin efecto a través de suspensiones semestrales que iban aprobando todos los Gobiernos para evitar el colapso en los tribunales (se calculan decenas de miles de pleitos potenciales) y evitar una batalla comercial con otros países.

 

La Unión Europea -y muy especialmente el Gobierno español- muestran preocupación por la medida.

 

El nuevo cerco perjudicaría a empresas hoteleras españolas como Meliá, Iberostar, Barceló o
NH, con una importante presencia en la isla. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell,
lo expresó en su reciente visita a Washington, con motivo de la cumbre de la OTAN. “Creo que
les han quedado claras las razones por las cuales España se opondría a eso. Hay una cuestión de principio, que es que nos negamos a aceptar la extraterritorialidad de las leyes
norteamericanas, creemos que sería un abuso de su capacidad de imponer normas a los demás. Y, en segundo lugar, por los intereses económicos de nuestro país”, dijo tras verse con su homólogo estadounidense, Pompeo.

 

Estados Unidos ha advertido de que ninguna compañía quedará exenta, pero ha tratado del calmar los ánimos de Bruselas asegurando, según las palabras de la vicesecretaria de Estado para América Latina, Kimberly Breier, "la mayor parte de las empresas europeas no tiene que
preocuparse" por la ley, que solo afecta a aquellas que utilicen propiedades en su día
embargadas. Aun así, la Unión Europea y Canadá aseguraron en una declaración conjunta que
protegerán los intereses de sus compañías ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), una institución que, de todos modos, Trump critica con dureza.

 

La estrategia sobre Cuba ha pasado por encima de cualquier intento de acercar posturas en las
hoy por hoy difíciles relaciones comerciales con Europa. La política de Trump no contempla La
Habana como un problela aislado, sino como una fuente de oxígeno al chavismo en Venezuela.

 

Es en buena parte la inteligencia cubana, según EE UU, la que está logrando mantener a Nicolás Maduro en el poder efectivo del país caribeño, pese a que desde el pasado enero la primera potencia mundial y una cincuentena de países -entre ellos España- reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente, y reclaman la marcha de Maduro y la celebración de elecciones.

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