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Las medidas económicas que anunció recientemente el Gobierno son apenas "paliativos frente a la profundidad y persistencia de la crisis", y ponen en riesgo al "importante esfuerzo fiscal" que hizo el Gobierno en los últimos tres años, advirtió la consultora IDESA.


De acuerdo con un informe elaborado por esa empresa, el anuncio más importante es el de las tarifas de servicios públicos: los dos aumentos anunciados para 2019 en la tarifa de electricidad residencial serán absorbidos por el Estado Nacional y tampoco habrá aumentos en los colectivos y trenes metropolitanos ni en los peajes de rutas nacionales en lo que queda del año.
Para IDESA, del análisis de la dinámica que tuvieron las cuentas públicas nacionales en los últimos años "se puede dimensionar la importancia de volver a manipular las tarifas. Según el Ministerio de Hacienda tanto en 2015 como en 2018 el déficit fiscal de la Nación fue del 5% del PBI".


Es decir, el nivel de déficit fiscal se mantiene, pero "se hizo un importante esfuerzo fiscal bajando ingresos para devolver recursos a las provincias y reduciendo diferentes componentes del gasto público", indicó el reporte distribuido a la prensa.


En contrapartida -señaló la consultora- "se produjo un preocupante aumento del gasto previsional y un exponencial crecimiento de los intereses debido a que los desequilibrios se cubren con deuda".


En este marco, IDESA alertó que "volver a asignar fondos nacionales para congelar tarifas implica una violación al espíritu del Consenso Fiscal, promovido por el propio Gobierno nacional a fin de normalizar las relaciones entre la Nación y las provincias".

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Ese Consenso dispuso devolver a todas las provincias el 15% de la coparticipación y el Fondo del Conurbano a la Provincia de Buenos Aires.


Para la consultora, "el camino alternativo es atacar la crisis profundizando y ampliando el Consenso Fiscal. La devolución de recursos a las provincias debería ser acompañada con el traspaso de responsabilidades que nunca debieron ser asumidas por la Nación".
En ese sentido, consideró que un punto central "es que la Nación deje definitivamente de regular y financiar servicios públicos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires".