ELECCIONES 2019

Macri en Neuquén: "Tenemos que ser inteligentes para no repetir errores del pasado"

El presidente argentino, habló en el Precoloquio de IDEA tras la designación de Miguel Ángel Pichetto como su compañero de fórmula de cara a las próximas elecciones.
Miércoles 12 de junio de 2019

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Este miércoles, el presidente argentino Mauricio Macri, se presentó en el Precoloquio de IDEA, celebrado en la provincia de Neuquén. Allí, minutos antes de su presentación, también habló el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, precandidato a vicepresidente, en la fórmula electoral de "Juntos por el Cambio", recientemente anunciada para las próximas elecciones.

 

El primer mandatario comenzó hablando del complejo de Vaca Muerta: "Podemos darle energía a otros países", expresó entusiasmado.

 

"Es muy fuerte lo que pasa en Vaca Muerta", agregó y continuó: "Cada visita que higo a Vaca Muerta, digo, no me quiero ir. Se vive un ambiente de excitación y de sana competencia, que es el eje de todo esto".

 

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El mandatario señaló además que "la primera mesa de productividad fue en marzo de 2017, participan cámaras empresarias y también sindicatos".

 

 

En ese marco, el presidente también aprovechó para dar un mensaje alentador para lo que viene, fundamentalmente a partir de las próximas elecciones de octubre. En ese sentido, remarcó que "tenemos que ser inteligentes para no repetir errores del pasado".

 

"Tenemos que tener constancia y humildad; constancia para no cansarnos y hacer que las cosas funcionen", agregó.

 

"Hay que entender que no somos especiales, somos muy buenos y podemos hacer las cosas muy bien", enfatizó.

 

También, hizo mención al trabajo en equipo, que entre otras cosas derivó en el reimpulso del complejo: "Si algo funciona, entonces profundicemos".

 

"Tenemos que acelerar todo lo que hemos logrado", destacó."Cada vez que nosotros mejoras, eso nos lleva a otro escenario, que es la felicidad", expresó el presidente Mauricio Macri.

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SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Correo Argentino: piden la intervención judicial

Así lo solicitó la fiscal comercial Gabriela Boquin. Cree que la familia Macri está “vaciando” la firma con un abuso del concurso de acreedores.
Viernes 7 de febrero de 2020

Macri - Correo ArgentinoCorreo Argentino: piden la intervención judicial

La fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin, solicitó el desplazamiento de la administración del Correo Argentino SA, y la designación de un interventor judicial, para evitar que las autoridades de la firma perteneciente a la familia Macri "prosigan con un uso abusivo" del concurso de acreedores que, según la funcionaria, se comprueba con una "inadmisible" prolongación de los plazos tendiente a licuar su pasivo".

 

Tras el escándalo que se desató tres años atrás cuando la misma fiscal denunció que el gobierno, encabezado por Macri, estaba a punto de aceptar una propuesta de pago de la deuda del Correo con el Estado que implicaba una quita intolerable y una supuesta pérdida millonaria para las arcas públicas, en julio del año pasado la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial otra propuesta de pago, que consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos, 30 días después de homologado el acuerdo.

 

También ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.

 

Ante la nueva oferta, la Procuración del Tesoro solicitó más tiempo para estudiar aquella propuesta y algunas especificaciones técnicas a la compañía, por la "gravedad institucional del tema".

 

Por ese entonces el procurador, Bernardo Saravia Frías, solicitó que esta propuesta esté completamente separada de los demás juicios cruzados que tiene la empresa contra el Estado, según consignó Clarín. Mientras tanto, en septiembre pasado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia Macri, haciendo lugar al pedido de la Procuración del Tesoro.

 

Paralelamente, la jueza comercial Marta Cirulli dispuso la intervención del Correo nombrando un coadministrador y en su resolución le concedió tres facultades al interventor: "Participar de las deliberaciones del órganos de administración, proponer al Directorio medidas para abaratar costos y por último, informar cuáles son los pasivos post concursales".

 

Ahora, la fiscal advirtió sobre el "vaciamiento" de la empresa ,y pidió una intervención completa, que incluya el desplazamiento del órgano de administración del Correo. El planteo se formuló en el marco de la apertura del procedimiento de “cramdown” o salvataje de la firma concursada. 

 

Boquin señaló en su dictamen que a esta altura corresponde que por sorteo se designe un interventor judicial con plenas facultades de administración, hasta que concluya el procedimiento de salvataje, "sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades a propuestas de acuerdos con acreedores".

 

Entre los fundamentos de la solicitud figura que "la empresa se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”.

 

“Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa o fueron efectuados violando lo dispuesto” en la Ley de Concursos, sustuvo.

 

Además, indicó que el pasivo concursal se "incrementó", lo que podría producir "otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores si fracasa el “cramdown”.

 

Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.

 

Posteriormente, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner y a raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.

 

Mientras tanto los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos contra el Estado por 1.700 millones de pesos, otros 500 millones de pesos y 120 millones de dólares, más intereses.

 

En junio de 2016, con Macri en Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado.

 

Según el acuerdo, el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación" perjudicaba "gravemente el patrimonio del Estado nacional".

 

La funcionaria sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado. Calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033.

 

Todo ello derivó en una causa penal que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo, donde están imputados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.

 

Lijo pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso, y dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa, y el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue "abusivo" tal como fue denunciado.

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Corrupción
ESTE AÑO DESPIDIÓ A 191 EMPLEADOS

Con Macri, Techint obtuvo exención privilegiada de cargas sociales en 2019

La empresa, que a comienzos de este año despidió 191 trabajadores en Campana, fue eximida de pagar cargas sociales en los aumentos que otorgó en 2019.
Miércoles 29 de enero de 2020

Paolo Rocca, empresarioPaolo Rocca, presidente de Techint.

Grupo Techint, mayor conglomerado empresarial de la Argentina, se benefició durante el 2019 con una exención total de las cargas sociales en los aumentos salariales que otorgó. A raíz de esto, se le le permitieron al sector siderúrgico, ahorrar al menos 400 millones de pesos. 

 

La firma, encabezada por Paolo Rocca, que despidió a 191 operarios de su planta de Tenaris, en Campana, obtuvo esa ventaja del Gobierno de Mauricio Macri incluso cuando el ex mandatario firmó un decreto que prohibía expresamente ese tipo de concesiones.

 

A pesar de la prohibición tras el Decreto 633/2018, durante la gestión Macri se autorizó algunas excepciones como en las paritarias de las empresas aeronáuticas y en la siderúrgica.

 

El mecanismo quedó plasmado en un acuerdo firmado el 1 de agosto, retroactivo al 1 de abril del año pasado, en lugar de un incremento salarial porcentual pautó en la siderurgia la vigencia de una “gratificación extraordinaria no remunerativa” que hizo las veces de aumento por todo 2019 en cuatro cuotas, hasta diciembre último.

 

Desde de este mes se reconvirtió el esquema en una suba salarial remunerativa de 30% sujeta a una revisión, que la propia Cámara del Acero resiste.

 

Aquella “gratificación extraordinaria” representó el equivalente a una suba de 25% para los sueldos más bajos de la actividad y de 22% promedio para los superiores, según calculó el especialista Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Al haber sido no remunerativa durante todo 2019, implicó un ahorro de por lo menos 400 millones de pesos para las empresas del rubro: Acindar; Tenaris-Siderca y Ternium-Siderar (ambas de Techint); Acerbrag (Grupo Votorantim); Sipar-Gerdau, y Aceros Zapla.

 

A pesar de este beneficio, la empresa comenzó el 2020 con el despido de 191 operarios. Hubo una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense, pero la compañía no aceptó hasta ahora reincorporar a los trabajadores y sólo declaró que sostendrá mientras tanto el pago de salarios. Este hecho también ocurrió de manera similar en 2015, con la flamante llegada de Macri.

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