SkanskaLuego de que la Cámara Federal porteña confirmara los procesamientos contra Julio De Vido, José López y Daniel Cameron en la causa conocida como Skanska, el juez Sebastián Casanello solicitó a Carlos Stornelli que realice la acusación para que la causa sea elevada a juicio oral.

 

Se trata de delitos por administración fraudulenta y cohecho, y la semana pasada Casación rechazó los últmos recursos de los imputados.

En ese marco, la acusación que el fiscal Stornelli presentará en los próximos días incluye además al ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, y a ex directivos de la empresa sueca, según detalla Clarín.

Los responsables de las 23 empresas intervinientes para las facturaciones falsas con las que intentaron ocultar los pagos indebidos fueron procesadas por el delito de cohecho, y embargados por 14 millones de pesos.

La hipótesis investigada por el juez fue de que Skanska habría pagado sobornos a los funcionarios públicos: "dádivas ilegítimas, justificando dichas erogaciones mediante facturas apócrifas" que fueron compradas a la empresa Infinity Group SA, "con la finalidad de beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur".

Una vez que Stornelli formule su acusación, Casanello notificará a las defensas para que se opongan o no a la elevación a juicio, con el que el juez finalmente dará por cerrada la instrucción.

​La causa investiga el Proyecto de Ampliación de Gas 2005 de los gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), y una serie de obras complementarias.

El caso estalló en 2005 y desató un escándalo, que incluyó la revelación de escuchas judiciales en las que directivos de Skanska admitían las coimas y el descubrimiento de una gigantesca usina de facturas truchas que la firma usaba para justificar los sobornos en su contabilidad y otros delitos que en su momento investigó el juez penal tributario Javier López Biscayart.

Los sobornos detectados en función del egreso que se "acreditó de la empresa", rondarían los 14 millones de pesos.

Las irregulares contrataciones y los "ilegítimos sobreprecios presuntamente acordados" constituirían la "contracara de sobornos que ingresaban al patrimonio de los funcionarios", según el magistrado.

En ese marco, Julio De Vido, como máxima autoridad del ex Ministerio "diseñó un esquema jurídico de delegación de funciones" que le permitió "a la par de licuar su responsabilidad", determinar a través de sus dependientes directos, el secretario de Energía, el secretario de Obras Públicas (José Francisco López) y el titular del ENARGAS, "las maniobras para direccionar la adjudicación de las obras a Skanska y a las otras empresas.

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