Bariloche: ingresan las primeras carpetas por la Ley Pierri en el Colegio de Escribanos

Con objeto de requerir el sorteo del escribano que realizará el acta declarativa de escritura; el presidente del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, José Mella, junto al delegado del IPPV en Bariloche, Sebastián Hernández, presentaron el jueves 29 de agosto las primeras carpetas en el Colegio de Escribanos de la ciudad patagónica de Bariloche.

Las carpetas que se presentaron cumplen con los requisitos correspondientes para acceder a la Ley Pierri.

La ley provincial 3.396, reglamentada en octubre de 2017 mediante Decreto 1167, exige emplazar y notificar a los titulares dominiales en el domicilio que informe el Registro Civil.

Mella, expresó: “Este avance sustancial en el proceso de regularización de los terrenos de cientos de familias de Bariloche, no hubiese sido posible sin la decidida gestión del Intendente Gustavo Gennuso y del gobernador Alberto Weretilneck, el trabajo conjunto entre municipio y provincia ha posibilitado llegar a esta instancia".

La autoridad del IPPV, agregó: "Recuerdo en aquel octubre de 2017, una vez reglamentada la ley provincial que adhiere a la Ley Pierri, toda la estructura del Instituto se puso en acción para que esta herramienta trajera soluciones a una problemática que viene de hace décadas. Fuimos a los barrios para atender a los vecinos lo más cerca de sus casas, hicimos talleres informativos, establecimos un régimen de atención personalizada y articulamos con el IPPV los mecanismos y acciones a ejecutar.”

“Es fundamental resaltar la actitud de los vecinos para conseguir la documentación de sus carpetas y también la paciencia, porque estos procesos son largos", manifestó.

"Dimos un paso central en este proceso, seguiremos incansablemente para que nuestros vecinos puedan acceder a la propiedad de su tierra”, cerró.

La Ley Pierri (Nº 24.374), es un régimen que permite regularizar su propiedad a los ocupantes de buena fe de inmuebles urbanos, destinados a vivienda única, que acrediten su ocupación con causa lícita, en forma pública, pacífica y continua, con anterioridad al 1 de enero de 2006.