Gustavo Sáenz, caso de corrupción en Salta

El intendente de la capital, Gustavo Sáenz, consiguió una valiosa victoria a comienzos de octubre, sacando un 42% de los votos en las PASO y que lo posiciona para ser el próximo gobernador.


Pero actualmente el clima de fiesta ya no es el mismo porque ha surgido un escándalo de facturas truchas a empresas fantasmas que involucra a funcionarios provinciales. El caso habla de un monton de más de $500 millones y para empezar, tiene al secretario de Hacienda como apuntado y ya hay un empresario local detenido.


El caso tiene su orígen a fines de 2017 cuando SECSA, supuesta empresa dedicada a la “construcción de redes de distribución de telecomunicaciones y servicios públicos”, ganó una licitación del municipio para la construcción de 600 farolas y 690 luminarias. Desde ese entonces se han detectado varias irregularidades.


Los dueños que figuran de la empresa son Gerardo Romero, jubilado con la mínima de 74 años, que no es titular de ningún bien, y Camila Muñoz de 24 años que vive con sus padres, no es titular de bienes ni empleada en relación de dependencia y nunca salió del país.

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La empresa en cuestión emitió a la municipalidad ocho facturas por $ 8.632.540, pero registra acreditaciones, por parte de la intendencia, por $ 13.769.231 con más de cinco millones que la municipalidad entregó sin factura.

 

Romero y Muñoz se hacen con la empresa en enero de 2017 y en febrero le otorgan “poder general” a los hermanos Anaquín, Álvaro y Aníbal, para habilitarlos a mover y retirar el dinero de la sociedad. Los hermanos poseen domicilio en el estudio jurídico “Giacosa y Asociados” -propiedad de Guido Giacosa, funcionario de la gobernación-, en la calle Vicente López 1107. Es la misma ubicación donde está SECSA.


Aníbal fue procurador de la municipalidad en la gestión anterior a la de Sáenz, fue coordinador Legal y Técnico de la provincia, y actualmente el apoderado del PJ provincial, mientras que Álvaro es empleado de la provincia.

 

Romero comparte la titularidad de la sociedad Arcadio Obras Eléctricas, también contratista de la municipalidad, con Matías Huergo, a quien también “emplea” en la empresa Lusal Mantelecric (que tiene la consesión del servicio de alumbrado público de la ciudad).

 

A Huergo se le intervino el teléfono, el escándalo alcanzó al intendente y a Urtubey, actual gobernador: “Che, te va a llamar Pablo Gauffin, él nos va a hacer una factura para que no tengamos que pagar el IVA, ¿ta? Es el secretario de Hacienda, así que tratalo más que bien”, le dice Huergo a un empleado, el 6 de marzo de 2018.


“Ayer me junté con Pablito Gauffin y me dijo que tiene que sacar el pago, y de hecho esta operación es para él”, aclara Huergo.

 

La AFIP descubre que las facturasde las sociedades se hicieron con la misma IP de la municipalidad salteña: es decir, las empresas “emitieron” las facturas desde la intendencia. La investigación descubre que hay otras 26 empresas que también emitieron facturas desde esa IP, 10 de las cuales, según la AFIP, “no poseerían capacidad económica ni financiera para prestar la actividad facturada”. La suma que facturaron es de $ 422.238.276.

 

Huergo cayó detenido y Gauffin renunció a su cargo en marzo aduciendo motivos personales.