ARA San Juan: Justicia imputó a otros cuatro ex altos mandos de la Armada

Marta Yáñez, jueza federal de Caleta Oliva, quien está a cargo de la causa que intenta determinar cuáles fueron los motivos del naufragio del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, llamó a indagatoria a cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina. Deberán presentarse a declarar entre el 6 y el 11 de noviembre.

El llamado a indagatoria nace ya que la Justicia cree que el submarino ARA San Juan no estaba en condiciones de navegar y buscan recabar más datos que confirmen esta teoria.

Entre los imputados alcanzan al capitán de Navío, Claudio Villamide, ex comandate de la Fuerza de Submarinos (COFS) al momento de la desaparición de la unidad, y al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, ex jefe del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada.

Los familiares de los tripulantes pedían esta citación por considerarlos directos responsables. El 14 de agosto de 2017, casi tres meses antes de la tragedia, el Capitán del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, le elevó un informe a Villamide en el que alertó sobre una falla en la válvula de ventilación ECO 19, un mecanismo que debió haber evitado el paso del agua hacia las baterías y que por motivos que aún se desconocen no lo hizo.

La Jueza Yáñez negó que exista documentación que avale la reparación de la válvula entre el mes de agosto y el 25 de octubre, día en que el ARA San Juan zarpó de la Base Naval de Mar del Plata con destino al sur del país. Por eso el frente judicial de Villamide y López Mazzeo es complejo.

Cuando declaró como testigo ante la Justicia, el exjefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, los responsabilizó por la tragedia y aseguró que nunca fue informado sobre las fallas que registraba la unidad naval.

Yáñez requirió la indagatoria del capitán de navío José Marti Garro, jefe de Operaciones del COAA con asiento en la ciudad de Puerto Belgrano, y del contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi, jefe de Mantenimiento de la Armada (JEMA). Estos apellidos se suman a los primeros tres marinos en ser imputados, los que se negaron a declarar. Se trata del jefe de Logística del COFS, capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia; el ex jefe de Operaciones de esa fuerza capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el jefe del Estado Mayor del COFS al momento del hundimiento, el capitán de navío Héctor Alonso.

La Justicia mantiene en estricta reserva el motivo por el que se imputó a los siete integrantes de la Armada Argentina.

Los restos del submarino fueron hallados un año más tarde de su desaparición, el 17 de noviembre de 2018, por la compañía Ocean Infinity a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a una profundidad de 900 metros.

La Comisión Bicameral del Congreso encargada de investigar el hundimiento del submarino ARA San Juan presentó en julio su informe final, en el que afirma que las autoridades de la Armada "subestimaron la gravedad del incidente" y exhibe opiniones divididas sobre el accionar del ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Los 12 legisladores que integraron la comisión presentaron el informe en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, aunque evitaron puntualizar allí las responsabilidades en el hecho y, en cambio, invitaron a leer el documento, al que calificaron como "un informe que es serio y transparente".

Al respecto, la comisión cuestionó la reacción de la cadena de mando de la Armada tras la toma de conocimiento del principio de incendio y apuntó principalmente contra el por entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur, el jefe de Adiestramiento y Alistamiento, Luis López Mazzeo, y al comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide.