PRESENTÓ CONCURSO DE ACREEDORES

Vicentin suspendida como operadora de granos por la Bolsa de Rosario

La medida es una consecuencia directa de la presentación de concurso preventivo que hizo la empresa con el objetivo de abrir una negociación con sus acreedores.
Miércoles 12 de febrero de 2020

Empresa alimenticia VicentinLa empresa Vicentin.

La Bolsa de Comercio de Rosario suspendió a la cerealera Vicentín como operadora del mercado de granos. La medida es una consecuencia directa de la presentación de concurso preventivo que hizo Vicentín con el objetivo de abrir una negociación con sus acreedores.

 

La empresa jaqueada por una deuda que supera los 1.300 millones de dólares, pidió a la Justicia la apertura del concurso preventivo de crisis, aunque prometió "defender" las fuentes de trabajo e intentar evitar la quiebra.

 

La suspensión debería continuar hasta que la empresa cierre un acuerdo con sus acreedores. De todas formas, Vicentín ya estaba virtualmente a un lado del mercado porque sus proveedores agropecuarios hace rato dejaron de entregarle mercadería ante el incumplimiento en los pagos.

 

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La empresa formuló este pedido a dos meses de haber entrado en default por "estrés financiero", y su definición quedó en manos del Juzgado de Primera Instancia Distrito 4 en lo Civil y Comercial de Reconquista, en la provincia de Santa Fe.

 

La semana pasada, la empresa rosarina Gagliardo Agrícola Ganadera había presentado el primer pedido de quiebra contra Vicentin.

 

Ahora, en un comunicado, la cerealera -principal exportadora de aceite y harina de soja argentinos- señaló que la decisión de pedir el concurso preventivo apunta a "perseguir sin descanso, aún en este contexto, sus objetivos prioritarios de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial, y concretar una restructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa".

 

"Insistimos en que no se abandonarán los pasos ya dados para alcanzar la culminación del plan de acción delineado en el comunicado del 5 de febrero de 2020, a cuyo fin Vicentin se propone continuar trabajando con sus proveedores y productores granarios sobre la base de las condiciones ya planteadas", añadió.

 

Además, dijo que seguirá "manteniendo las conversaciones avanzadas con el Banco de la Nación Argentina y demás Instituciones Oficiales y con el resto de las Instituciones Financieras, todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable sobre esas bases y en el marco de este nuevo contexto".

 

La deuda de Vicentin es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y, otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

 

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, con $ 18.000 millones, seguido por el Provincia con $ 1.600 millones y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

 

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El fondo, dueño también de Havanna, comentó: "Nosotros ya hicimos nuestra oferta. Buscamos ser parte de la solución, no el problema. Son Garbarino y los proveedores quienes tienen que decidir la continuidad de sus 200 sucursales y las 4000 fuentes de trabajo. Nosotros ya hicimos la oferta, hablamos con los bancos y con los proveedores. Nos quedamos en una situación incómoda".

 

"Si, en unos días, Garbarino vuelve diciéndonos que hay acuerdo con los proveedores, reactivaríamos el tema", aseveraron.

 

La cadena apuesta a la intervención de un mediador que acerque las posiciones como First Capital, la consultora que articuló la reestructuración financiera de Garbarino con los bancos.

 

Inverlat hizo una oferta de compra a fines del 2019 como consecuencia de ese acuerdo. Pero la operación se estancó. La cadena de electrodomésticos tiene una deuda cercana a los $ 7000 millon.

 

La reestructuración de deuda le permitió recortar en $ 2400 millones el pasivo financiero de la empresa. El acuerdo incluyó la búsqueda de un socio que inyectara fondos en la firma, para restituir capital de trabajo.

 

Inverlat cerró un acuerdo con los bancos acreedores, que habían convertido sus deudas en capital. Los principales son el Galicia, con una deuda de $ 1535,19 millones, y el Santander ($ 1526,4 millones). La reestructuración implicó quitas de entre 65% y 75% a los $ 5000 millones de pasivo financiero que tenía la empresa.

 

Las fábricas lo rechazaron porque quieren cobrar el 100% de su deuda. También, se habría propuesto cambiar los términos de la relación comercial.

 

La intención de Garbarino -y el eventual mediador- es conseguir que los poseedores del 70% de la deuda comercial cambie de opinión.

 

En caso de que Inverlat no siga en carrera, fuentes allegadas a Garbarino adelantaron que la compañía perteneciente a los hermanos Daniel y Omar Garbarino buscará otro comprador. "Hoy, la firma está al límite. Si se cae la operación, se entrará en un terreno desconocido, aunque todo indica que, por como están las cosas, lo más probable es que el cartel de venta siga colgado. Es difícil pensar una salida alternativa. La compañía necesita ser sustentable", cerraron.

 

 

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Cerealeras

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Además, algunos de sus acreedores se enfrentan a la imposibilidad de cumplir con los compromisos contraídos con sus propios clientes, al cortarse la cadena de pagos.

 

Uno de estos acreedoras en Santa Fe, GYT Plus señaló el jueves, a través de una nota remitida a la Bolsa de Comercio de Rosario, que no podrá honrar compromisos asumidos con sus clientes y que necesita ir a una reestructuración de pasivos.

 

A través de un comunicado con fecha 6 de febrero, expresa que “debido a múltiples situaciones ajenas a nuestra voluntad, hemos sufrido un impacto de consideración en nuestras finanzas, que torna muy difícil el cumplimiento temporáneo (sic) de las obligaciones asumidas”.

 

En ese marco, Rofex-Matba dispuso prohibirle la apertura de nuevas operaciones, de manera preventiva.

 

GYT Plus es una de las acopiadoras más importantes del sector y sus directivos conforman la mesa directiva de la Bolsa rosarina.

El comunicado de GYT Plus


Esta situación financiera que atraviesa la cadena del agro está ligada al escenario político y económico del país en el último año.

 

A falta de infraestructura para almacenar o exportar la cosecha gruesa en el momento de la recolección, los productores entregan el poroto al exportador, pero no piden liquidarlo en el momento, si no que lo venden con el precio “a fijar”, para hacer efectiva la venta en meses de primavera y verano, con la esperanza de una mejor valuación.

 

“Después de las elecciones primarias, y ante la presunción de un aumento de las retenciones en caso de llegar Alberto Fernández a la Presidencia, muchos productores decidieron adelantar la liquidación de las ventas ‘a fijar’ acordadas con los exportadores”, explicó el economista Salvador Di Stefano a Infobae.

 

“La mayoría de las operaciones de soja se entregan con precio a fijar. Y lo que era una liquidación que se iba a producir de a poco en primavera y verano se hizo masiva. El productor dijo: ‘fijame el precio de la soja y pagame’. Cuando todos juntos van a hacer eso, Vicentín tiene que pedir crédito para afrontar los pagos, y cuando se corta el financiamiento, automáticamente se produce una situación de iliquidez”, agregó.

 

“En el caso de Vicentín, no contaba con la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos, como le puede suceder a un banco si todos los clientes van a retirar los depósitos al mismo tiempo. Y en Argentina, desde el 12 de agosto no hubo uno solo banco que diera crédito a las empresas, que tuvieron un problema de liquidez”, detalló.

 

En el mismo contexto, otro analista explicó al mismo medio que “desde fines de septiembre ya se comentaba esta complicación para los corredores, desde la caída en default de BLD, y después los rumores fueron mucho más importantes a partir de la crisis de Vicentín. Hay varios corredores que están más complicados, en particular los más chicos, porque el problema es la gente que entregó mercadería ‘a fijar’ y no sabe cómo cobrarla. En las últimas semanas hay productores que prefieren quedarse con la mercadería a colocarla en medio de esta incertidumbre”.

 

“Esta vulnerabilidad financiera en la cadena del agro estalló con el reperfilamiento de la deuda. BLD cayó por un contexto local que permitió tomar deuda, apalancarse para aprovechar las altas tasas de interés. Con el reperfilamiento, se generó la situación de no poder cobrar esa plata colocada a tasa y se ‘cortó el chorro’, con sus acreedores que a la vez tampoco saben cómo ni cuándo van a cobrar y enfrentan su propia crisis”, agregó.

 

En ese marco, Gagliardo Agrícola Ganadera (GAGSA), de la ciudad santafesina de Pérez, efectuó la presentación de un pedido de quiebra de Vicentín para avanzar en el pago de la deuda contraída por la exportadora.

 

La presentación se concretó ante el Juzgado Civil y Comercial 14 de Santa Fe, a cargo del magistrado Marcelo Quaglia.

 

GAGSA es una empresa productora de alimentos que pertenece al Grupo familiar RJG, con actividad en el mercado agrícola desde 1969 y su producción se centra específicamente en cereales, oleaginosas y ganado bovino y porcino.

 

La magnitud de la deuda de la empresa hacía previsible un efecto “dominó” que iba a comprometer la situación patrimonial de otras empresas corredoras y acopios.

 

“El agro tiene un margen de rentabilidad muy bajo. Los políticos no explican la crisis en la cadena de comercialización, solo se enfocan en aumentar los impuestos al sector. Es muy probable que este proceso esté comenzando, en la medida que el Gobierno no tome cartas en el asunto para ayudar a salir a las empresas del problema con su liquidez”, dijo al respecto Salvador Di Stefano.

 

“Este es el primer capítulo de una problemática que va a tener el campo, porque los productores sembraron con una ecuación económica y van a cosechar con otra. El campo no necesita una devaluación, no lo beneficia porque tiene muchos costos e insumos dolarizados, lo que precisa es una política de Estado -pero no intervencionismo-, previsibilidad y reglas claras”, añadió.

 

El ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, se refirió este viernes a la situación generada por esta crisis.

 

“Estamos sumamente preocupados por la implicancia de la empresa, por la magnitud y por su presencia en la provincia. Detrás de Vicentín hay muchos puestos de trabajo, son muchos productores, muchas cooperativas y acopios. Nos estamos ocupando y estamos preocupados por la situación”, sostuvo por su parte el ministro  de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, en diálogo con radio LT9 de Rosario.

 

“Estamos manteniendo contacto con las empresas. Sabemos de la complejidad que lleva esta situación, pero en la próximas horas va a haber algunas novedades sobre esto”, agregó.

 

En tanto, Vicentín emitió un comunicado el jueves en el que garantizó que “todos los esfuerzos de la empresa se encuentran dedicados a alcanzar los objetivos prioritarios que ha hecho saber a los distintos interesados: la defensa de las fuentes de trabajo, la rehabilitación de su actividad productiva, el restablecimiento de su operatoria comercial con sus productores y la reestructuración de su pasivo financiero".

 

Desde diciembre, la compañía que opera hace 90 años en la localidad de Avellaneda, al norte de Santa Fe, mantiene paradas sus plantas del Gran Rosario y sus casi 2.000 empleados están suspendidos.

 

La cerealera entró en cesación de pagos el 4 de diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por 350 millones de dólares. El 24 de enero pasado Vicentín presentó una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) a sus acreedores para evitar el concurso preventivo y propuso un plan de pagos que contempla la cancelación de la deuda en un solo pago para 1.200 pequeños productores y en un plazo de hasta ocho años para corredores y acopiadores, a quienes le reconocía la dolarización de los créditos y no les establecía ninguna quita.

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