EL COMUNICADO

Investigación por presuntos sobornos: allanan oficinas de Avianca en Bogotá

Fuentes de la Fiscalía y de la propia aerolínea le confirmaron a este diario que la investigación se centra en el uso irregular de tiquetes en Centroamérica en 2017.
Jueves 13 de febrero de 2020

Allanamiento de oficinas de Avianca en BogotáLas oficinas de Avianca en Bogotá, Colombia.

La Fiscalía General de Colombia allanó el miércoles las oficinas de Avianca Holdings, como parte de una investigación relacionada con una presunta expedición irregular de boletos por parte de funcionarios de la aerolínea.

 

Inicialmente la Fiscalía informó que el allanamiento estaba relacionado con una investigación de un posible soborno a funcionarios de la empresa por parte de Airbus para favorecer al fabricante europeo en un proceso de compra de aviones, pero horas después hizo la aclaración.

 

"Con fundamento en la información dada por la Superintendencia de Sociedades que dan cuenta de la existencia de equipos de cómputo que contendrían información detallada sobre este asunto, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras ordenó una inspección a las instalaciones de Avianca Holdings con miras a obtener material probatorio", dijo la Fiscalía en un comunicado.

 

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"Como quiera que en la sede de esta compañía no se encontraron todos los equipos solicitados, la Fiscalía General de la Nación ordenó diligencia de allanamiento", agregó.

 

No obstante, la Fiscalía General aseguró que está en curso otra investigación relacionada con el supuesto soborno por parte del fabricante europeo de aviones.

Allanamiento de oficinas de Avianca en BogotáFachada de las oficinas.

Airbus acordó hace dos semanas pagar un récord de 4.000 millones de dólares en multas después de llegar a un acuerdo con fiscales en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos por presuntos sobornos y corrupción que se remontan a por lo menos 15 años.

 

Avianca confirmó que el procedimiento judicial y dijo que la investigación por una supuesta expedición irregular de tiques fue comunicada a la Fiscalía General y al Departamento de Justicia de Estados Unidos en agosto de 2019.

 

"Como siempre ha sucedido, Avianca ha prestado y prestará toda la colaboración a las autoridades y facilitará la documentación requerida, solicitando la indispensable protección de la información que goza de amparo constitucional", sostuvo la aerolínea en un comunicado.

 

El mayor accionista de la aerolínea Avianca Holdings, Germán Efromovich, dijo hace una semana en Bogotá que se detectó en El Salvador la supuesta expedición irregular de boletos a funcionarios del gobierno de ese país centroamericano por parte de empleados de la aerolínea y de Roberto Kriete, quien preside actualmente la junta directiva.

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TRANSICIÓN

Colombia: “En transición hacia una mutación de la violencia”

Más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados ya este año en Colombia.
Martes 19 de mayo de 2020

Colombia en transiciónVigilia por los líderes asesinados en Colombia.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras actualiza permanentemente una lista de líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Estamos a mediados de mayo y esa lista registra ya 101 nombres, 26 tras el inicio de la cuarentena por la actual pandemia de coronavirus.

 

Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (noviembre de 2016) hasta hoy, la cifra total de asesinados asciende a 902, precisa Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz.

 

¿Quiénes son los asesinados?

En su mayoría, se trata de activistas de base campesina (39 en 2020); muchos, con liderazgo comunal (33). Hay, además, numerosos líderes indígenas (30), cívicos (13), afrodescendientes (7), que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (5), sindicales (4), mineros (2), ambientalistas (1).

"Son agentes que trabajan por el cambio, por la paz entendida como la reducción de la violencia, la garantía de los derechos humanos o la protección de los recursos naturales en sus territorios”, comenta a DW Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.

A ellos se suman familiares o personas cercanas (8), así como firmantes del Acuerdo de Paz o excombatientes de las FARC (25). Y el registro incluye mujeres (11), aunque la violencia armada suele tener un impacto desproporcionado en los hombres, señala esta politóloga colombiana.

 

Amenazas, atentados y desapariciones

Junto a los asesinatos, los activistas están expuestos a otras formas de violencia. A mediados de 2019, las principales organizaciones sociales del país denunciaban más de 460 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos, y 5 casos de desaparición forzada.

 

En lo que va de 2020, se han publicado ya 79 panfletos de amenazas a organizaciones y comunidades, confirma González Perafán, a cargo del registro de víctimas en Indepaz. Y, por si fuese poco, en las amenazas más recientes, se ha declarado como objetivo militar a quienes violen la cuarentena. El objetivo es minar la autoridad de las organizaciones sociales en sus territorios, especialmente de las indígenas, explica el experto.

 

La cifra más alta de asesinatos se recoge, este año, en el departamento del Cauca (30), "epicentro de muchos conflictos en Colombia, por un tema geopolítico”: por su geografía, con salida a la costa pacífica y cercana a la frontera sur (con Ecuador); por sus conexiones con el resto del país y las rutas de la droga, enumera la politóloga del GIGA.

 

Antioquia, que secunda al Cauca en récord de asesinados en 2020 (con 17), es también "corredor estratégico para la minería ilegal, para el producto del cultivo de coca que va hacia México”, agrega el abogado González Perafán, desde Indepaz.

 

¿Qué (más) puede y debe hacer el Estado?

En Colombia, se negoció el Acuerdo de Paz con uno -el mayor y más antiguo- de muchos otros grupos armados. Pero ahora, el resto pugna por el control de territorios, poblaciones y mercados antes en manos de las FARC.

"Se abrieron vías para que muchas comunidades comenzaran procesos locales de construcción de paz”, afirma García Pinzón. Pero el Estado apenas "simula la implementación de los acuerdos”, sin cumplirlos, especialmente en el tema agrario, denuncia González Perafán. Y, en medio de todo, ha llegado una pandemia, que agrava la situación de vulnerabilidad socioeconómica y física de los activistas, hoy confinados en sus casas y fácilmente localizables por sus asesinos.

En 2016 y ahora, el Estado colombiano debió "estar preparado para copar esos territorios; no solamente con el Ejército sino con instituciones de salud, educación y justicia. Esa es la tarea pendiente”, por razones de voluntad política y, quizás, hasta de recursos, sugiere la politóloga García Pinzón.

Desde Indepaz, también González Perafán reclama inversión social: cumplir los planes de desarrollo territorial contemplados en los acuerdos con las comunidades. De lo contrario, Colombia seguirá "en transición”, coinciden ambos expertos, pero más hacia "una mutación de la violencia” que hacia la paz.

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CIFRAS QUE ALARMAN

Según ONG, ya son 100 los líderes sociales asesinados en Colombia en 2020

El último crimen hace referencia al sociólogo Jorge Enrique Oramas, perpetrado este sábado en una finca de Cali.
Lunes 18 de mayo de 2020

Colombia, asesinatos de líderes sociales en 2020Colombia.

El sociólogo Jorge Enrique Oramas fue asesinado el sábado en una finca de Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, con lo cual la cifra de asesinatos de líderes sociales en el país se elevó a 100, según el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

 

La denuncia del asesinato de Oramas fue hecha por el concejal Terry Hurtado, del partido Alianza Verde, quien manifestó que el crimen fue perpetrado en su casa en una zona rural de Villacarmelo, sector ubicado en las afueras de Cali.

 

"Ayer asesinaron al custodio de semillas, agricultor orgánico y productor de alimentos saludables Enrique Oramas en su casa, Biocanto, en Villacarmelo", dijo Hurtado en sus redes sociales y pidió a la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Cali que realicen una "ágil investigación".

 

Oramas, de 70 años, era reconocido por luchar contra la minería ilegal en los farallones de Cali. Según dijeron fuentes de la Policía de Cali a periodistas, el líder social era un profesor que llevaba ocho años viviendo en la finca en la que recibió el disparo por el que murió.

 

 En ese sentido, Indepaz alertó que Oramas es el vigésimo quinto líder social asesinado desde que comenzó la cuarentena decretada por el Gobierno desde el pasado 25 de marzo para combatir al coronavirus. Por ello, el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, advirtió el pasado 8 de mayo que uno de los desafíos más grandes que enfrenta la implementación del acuerdo de paz con las FARC durante la pandemia del COVID-19 es la violencia que afecta a las regiones.

 

Por otra parte, organizaciones advirtieron de un aumento de crímenes contra defensores de derechos humanos que obedece a las múltiples amenazas de muerte que estos recibieron en 2019.

 

"El año pasado las amenazas aumentaron muchísimo (...) La teoría que tenemos es que cuando en un periodo se amenaza mucho a los líderes, en el periodo siguiente comienzan a aumentar los asesinatos", explicó el mes pasado a Efe la coordinadora del Sistema de Información de Somos Defensores, Sirley Muñoz.

 

Según dijo el 24 de abril la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 19 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020 y están en verificación otras 34 posibles muertes de activistas.

 

 La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha registrado un aumento del acoso y las amenazas contra agricultores, pueblos indígenas y afrodescendientes en Cauca, y una intensificación de los incidentes armados entre las bandas armadas y las fuerzas de seguridad.

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