Tarifas de gas y luz Tarifas de gas y luz.

Lo consultó primero el Fondo Monetario Internacional. Lo preguntaron también las empresas que tienen la atención puesta en el martes 30 de junio. Y, pese a que el presidente Alberto Fernández intente bajarle el tono a las declaraciones de sus ministros, al igual que con la doble indemnización, la decisión está tomada: cuando se caiga la ley de Emergencia Económica empieza el proceso de incremento tarifario de los servicios públicos.

 

Las reuniones ya empezaron. Las comanda el equipo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, un crítico del modelo tarifario aplicado durante las gestiones de Cristina Kirchner al frente del Ejecutivo. Tanto es así que el ex ministro de Planificación y hombre fuerte de las tarifas, Julio De Vido, lo marcó como el “vocero del FMI en la materia”.

 

En la reunión que tuvo Kulfas con la misión del FMI, el ministro les explicó a los técnicos que “no se trata de un congelamiento permanente ni de sostener este congelamiento parcial por mucho tiempo, sino de hacer una revisión que permita reducir donde sea posible los costos del sistema eléctrico y de gas, y poder generar tarifas razonables y accesibles sobre todo donde hay mayores necesidades”.

 

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En las mesas de negociación en las que se dividieron las empresas se hacen reclamos a la gestión de Gobierno anterior. Cambiemos había dado un congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre pasado con la mirada puestas en las elecciones y en busca del voto bronca. “Entre el congelamiento y la devaluación, en dólares estamos casi en los mismo números que en 2016”, se escuchó decir a un empresario en la mesa de negociación y las miradas fueron fulminantes. “Ya recuperaron buena parte de la rentabilidad en estos años”, recibió como respuesta.

 

La mirada del Gobierno está puesta en los costos de generación. “Ahí creemos que hay grasa para cortar”, señalaron a Infobae desde el entorno del ministro Kulfas jugando con la frase del ex ministro macrista e impulsor de los tarifazos, Alfonso Prat Gay, cuando hizo referencia a los despidos en el Estado y señaló que iban a “cortar toda la grasa militante”, en referencia a los trabajadores públicos.

 

La mirada es que las tarifas tienen que aumentar, pero lo tienen que hacer por abajo de la inflación. Y, además, nosotros entendemos que hay espacio en la generación de la energía para reducir los costos. Las decisiones que se tomaron durante la gestión de Macri, lejos de mejorar los servicios parecieron pensadas para mejorar la rentabilidad de las compañías”, explicó una fuente del ministerio de Desarrollo Productivo que suele participar de las negociaciones.

 

Matías Kulfas, AGENCIA NAMatías Kulfas, NA.

 

En el marco de esa estrategia es que se las empresas que lo que se está analizando es, fundamentalmente, ese eslabón de la cadena. “Ahí hay margen para recortar sin afectación de contratos. Se puede reducir un poco la rentabilidad cortando costos en la generación y así no se termina trasladando al precio”, detallan.

 

Por el lado de las empresas hacen números y, sostienen, están en niveles similares a los que tenían cuando comenzó el gobierno de Macri, en 2016, y que la recuperación se perdió “con el congelamiento y la devaluación”. Desde el Gobierno aseguran que las tarifas “están muy cerca del punto máximo” que habían alcanzado en la década de los 90 y que “todo el trabajo de recuperación del costo ya se hizo durante estos años, el reclamo del congelamiento de Macri aún hay que verlo”, responden

 

En la gestión Cambiemos el valor de la tarifa de gas tomando una de las compañías (Metrogas) la Categoría R 2 3° mostró un incremento de más de 3.500%, mientras que en el caso de la luz, para la categoría más alta del segmento de residenciales, acumuló un alza de casi 1300%.

 

“Nuestro posicionamiento es claro, el objetivo es tener tarifas accesibles, viajando por debajo de la inflación y que contemple la rentabilidad para invertir y ofrecer servicios de calidad”, sentencian en el Gobierno.

 

Por el lado de las empresas la sensación es que será como una tómbola en la que todos ponen. Aunque en la negociación buscarán “perder lo menos posible” también intentarán compensar lo que no se obtenga por tarifas a través de otros negocios.

 

Durante 2019 el precio de gas fluctuó entre 3,90 a poco menos de 4,5 dólares por millón de BTU según el contrato y la cuenca. En este contexto, una fuente del sector privado explicó a este medio que una solución a la discusión, y parte de lo que está pidiendo los productores de gas, es que “si en lugar de USD 3,5 les ofrecen a los productores que están en Vaca Muerta cerca de 4 dólares y les garantizan, como mínimo, un año sin sobresaltos y apertura para exportar excedentes a precio libre, seguramente van a aceptar”.

 

La estrategia es que el Gobierno ofrezca otro negocio a cambio del precio: exportar. “Los productores necesitan colocar el producto si o si porque no lo pueden almacenar. Si se les cae el mercado interno terminarán muy complicados porque hoy son más eficientes en los costos de extracción que hace 3 años”.

 

Pero del otro lado del ducto está la distribución, que también busca recomponer sus tarifas. En ese sector el pedido está basado en la inflación acumulada desde el congelamiento. “A nosotros nos deberían dar el índice de Precios Mayoristas (IPIM) acumulado desde mayo 2019 a la fecha”. Pero en esta tómbola saben que no podrán acceder a ese número. “Con algo que nos ayude a acomodarnos todos estaríamos conforme. Una suba, por ejemplo, de 30% implicaría una mejora lo suficientemente atractiva como para volver a activar planes de inversiones y un sendero de recuperación paulatina de lo perdido. Dadas las condiciones creo que todos estamos dispuestos a perder algo con tal de seguir caminando”, graficaron desde una compañía del sector.