El primero en ser desvinculado de su cargo fue Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social. Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica, es otro de los funcionarios despedidos.
Por Canal26
Miércoles 8 de Abril de 2020 - 11:01
Gonzalo Calvo, funcionario echado de su cargo.
Tras el escándalo derivado de la compra que el Ministerio de Desarrollo Social estuvo a punto concretar, con sobreprecios de hasta 62% más por alimentos, 15 funcionarios de esa cartera fueron echados de sus cargos.
La polémica se puso en conocimiento público cuando se comprobó que, en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se autorizaba a la compra de cinco toneladas de alimentos por un total de $534 millones que incluía aceite, arroz y fideos, entre otros.
El responsable de lo que fue un escándalo en medio de la crisis por el coronavirus fue Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social. Fue el primero en ser desvinculado por decisión del ministro, Daniel Arroyo.
Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica, es otro de los funcionarios despedidos luego del sumario que inició el propio Arroyo, que revocó esta compra.
Los otros nombres que fueron relevados son el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano.
También fueron despedidos la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Víctor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.
Como consecuencia a esta grave situación, este martes se reglamentó que el Estado no podrá pagar bienes por encima de los precios fijados como máximos.
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