PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Liberación de presos: pidieron el juicio político del juez Violini por habilitar domiciliarias masivas

Se lo acusó al magistrado de "incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo".
Miércoles 13 de mayo de 2020

Víctor Violini, juezVictor Violini.

La ONG Usina de Justicia solicitó el juicio político del juez de la Cámara de Casación Penal Víctor Violini, quien hizo lugar a un habeas corpus colectivo que permitió los arrestos domiciliarios de presos bonaerenses en el marco del coronavirus.



En un escrito, la agrupación que defiende los derechos de las víctimas de delitos acusó al magistrado de "incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo".



En el escrito, con firmas del abogado de la entidad, Fernando Soto, y de su presidenta, Diana Cohen Agrest, se afirma que el "temerario obrar del juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal".



El 17 de abril pasado, Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.



En ese fallo, el juez dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio eran los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque sin precisar los delitos a los que hacía referencia.



La presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento dice que "Violini ha lesionado un adecuado servicio de justicia al 'saltar' por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de ese modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno".

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También remarca que "la acción de habeas corpus colectivo no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal".



Y se destaca que "de no ser Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional".



"Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal", se añade.



Violini consideró que el pedido de jury "es absolutamente político" y que "es un disparate alarmar a la población" con noticias que indicaban que por esa decisión "se liberaron a 2.300 presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires".



El juez dijo a Radio con Vos que hay "algunos medios y algunos políticos que se aprovechan" y el pedido "es un poco en conjunto" de esas dos partes.



"En 30 años nunca tuve un pedido de juicio político", aseguró, y consideró que "el pedido de juicio político es absolutamente político, valga la redundancia". Apuntó al abogado Soto, a quien calificó como "un personaje oscuro, que trabajó con Patricia Bullrich a la par con todo lo de la doctrina Chocobar".



Violini calificó de "disparate" las afirmaciones de que liberó a "más de 2.300" asesinos y violadores. "Alarma a la población, es un disparate, una porquería, un invento inmundo. Me imputan, inventan cosas y le quieren pegar al gobierno provincial y al nacional", dijo.



La Suprema Corte bonaerense revocó en forma parcial el hábeas corpus colectivo aceptado por Violini, y dispuso que esos beneficios deben ser analizados caso por caso, bajo una serie de parámetros que fijó en su fallo.



El juez consideró "bien que la Suprema Corte haya reencauzado el hábeas corpus, el fallo no dice que no habrán prisiones domiciliarias", y precisó que en el recurso que concedió "decimos que la morigeración no debe otorgarse en delitos graves".

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Tucumán: clausuran boliche tras realizarse una fiesta con 120 personas

El 15 de junio el Comité de Emergencia de la provincia autorizó las reuniones sociales en la provincia, pero de no más de 10 personas.
Domingo 12 de julio de 2020

Clausura de boliche en Tucumán, coronavirusFachada del boliche.

La policía de Tucumán informó que clausuró un boliche donde se desarrollaba una fiesta con 120 personas, en la ciudad de Yerba Buena, por incumplir el decreto para prevenir el coronavirus.

 

Según el comunicado policial, anoche recibieron la denuncia de vecinos de la zona que indicaron que en el boliche Recorcholis, ubicado en la avenida Aconquija al 1500, había una fiesta.

 

Al llegar, los efectivos se encontraron con el lugar lleno de gente, con música a alto volumen, bailando y tomando bebidas alcohólicas.

 

Por disposición de Carlos Picón, a cargo de la Fiscalía en Emergencia Sanitaria, la policía desalojó el lugar y procedió a su clausura, por incumplir con el decreto 260/2020, destinado a contener la propagación del nuevo coronavirus.

 

De acuerdo con el acta policial, antes de proceder a la clausura se comunicaron con el propietario del local, de quien no trascendió su nombre.

 

El 15 de junio el Comité de Emergencia de Tucumán autorizó las reuniones sociales en la provincia, pero de no más de 10 personas.

 

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Está acusado de homicidio y fingió tener coronavirus para evitar ir a la cárcel

Se trata de Jonathan Acosta (43), quien dio negativo en un segundo test de Covid-19 y ahora se encuentra alojado en la seccional primera de Merlo, a la espera de que la Justicia resuelva su situación procesal en la causa por el crimen del chofer Federico Rivero, cometido el 16 de junio último.
Sábado 11 de julio de 2020

Detenido por homicidio que fingió tener coronavirusEl detenido que fingió estar infectado.

Uno de los dos acusados de asesinar a un colectivero para robarle mientras esperaba a que su esposa terminara de realizar una compra en el partido bonaerense de Merlo dijo tener síntomas de coronavirus con el fin de evitar ir a prisión, aunque luego de 14 días de aislamiento y dos test se determinó que está sano y fue alojado en una comisaría, informaron hoy fuentes judiciales.

 

Se trata de Jonathan Acosta (43), quien dio negativo en un segundo test de Covid-19 y ahora se encuentra alojado en la seccional primera de Merlo, a la espera de que la Justicia resuelva su situación procesal en la causa por el crimen del chofer Federico Rivero, cometido el 16 de junio último.

 

Acosta se entregó a la policía dos días después, el 18 de junio, oportunidad en la que manifestó tener síntomas de coronavirus.

 

Tras ser reconocido por la viuda del colectivero en fotos, el acusado, apodado "El Jarra" o "El Chiquito", fue imputado en la causa por el fiscal 2 de Morón, Fernando Capello, aunque por la sintomatología que decía padecer fue trasladado al hospital Eva Perón, de ese distrito.

 

Los voceros detallaron que allí fue sometido a un primer hisopado que dio negativo, aunque por prevención se ordenó mantenerlo aislado en una habitación de ese centro asistencial 14 días, a la espera de un segundo test.

 

Finalmente el 2 de este mes, en una nueva evaluación, se descartó que tuviera Covid-19 y fue alojado en la comisaría, junto al otro detenido por el caso, Sergio Ariel Armoa.

 

Tras ello, Acosta fue indagado por el fiscal Capello, aunque se negó a declarar por consejo de su defensor oficial.

 

Los investigadores esperan para los próximos días tener resultados de pericias y demás actuaciones dispuestas en el marco del expediente para resolver la situación procesal de ambos detenidos,

 

La viuda del colectivero, Andrea Caballero, dijo que espera "Justicia" para que su marido "pueda descansar en paz".

 

"Yo fui a la fiscalía y realicé el reconocimiento de los detenidos por fotos. Los pude reconocer a ellos y pude reconocer las pertenencias robadas que se encontraron en los allanamientos", contó la mujer sobre las diligencias para las que fue convocada,

 

Caballero recordó que al momento de los allanamientos Armoa tenia su riñonera y el arma que se cree fue empleada en el homicidio, mientras que a Acosta le secuestraron el teléfono de ella, que había dejado en la casa de su abuela.

 

"Al celular llegamos porque lo rastreamos por GPS y estaba a la vuelta de mi casa. No pueden decirme que es inocente", manifestó al referirse a la estrategia de la defensa de Acosta para tratar de demostrar que no participó del hecho y que estaba trabajando en ese momento.

 

"Eso es todo mentira porque él mató a mi marido cuando lo reconoció del barrio", aseguró.

 

El crimen de Rivero, quien trabajaba en la línea 312 de la empresa de colectivos "La Perlita", ocurrió el martes 16 de junio, cerca de las 19.30, cuando el chofer fue con su mujer a hacer compras.

 

Según contó la viuda, ambos fueron en su camioneta y se detuvieron en un comercio situado en Sucre, entre Esquiú y Finocchietto, del barrio "La Blanquita", donde ella bajó a comprar una gaseosa y su marido se quedó a bordo del rodado en marcha.

 

"En eso veo a dos (personas) en la ventanilla del lado de mi esposo, digo 'lo estarán saludando' y oigo que él cambia el tono de voz y dice 'a vos qué te voy a dar', ahí siento el tiro y el grito de él", relató la mujer.

 

En ese momento, cuando lo vio, su marido estaba caído para el costado con medio cuerpo colgando del rodado porque los delincuentes "lo querían sacar a toda costa y llevarse la camioneta".

 

Pero cuando Caballero salió y se acercó a la camioneta, logró apoderarse de las llaves, motivo por el cual los ladrones escaparon a pie con los teléfonos celulares de la pareja y algo de dinero que había en una riñonera de su marido,

 

Tras ello, la mujer lo llevó hasta el hospital Eva Perón, aunque Rivero sufrió tres paros cardíacos y murió debido a que el proyectil que lo impactó le ingresó por la axila y le afectó el corazón.

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