REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

Deuda: tras extender fecha de negociación, Guzmán dijo que Argentina mejorará oferta a bonistas

El ministro dijo que el país "realizará modificaciones" en los próximos días para llegar a un entendimiento. El país quedará hoy en default si no salda intereses por U$S503 millones.
Viernes 22 de mayo de 2020

Alberto Fernández y Martín Guzmán, Gobierno, NAAlberto Fernández y Martín Guzmán.

El Ministerio de Economía oficializó hoy la decisión de extender hasta el 2 de junio el plazo para negociar la deuda con los bonistas, y resaltó que el Gobierno "continúa recibiendo opiniones y sugerencias de los inversores" para lograr una "reestructuración exitosa".

 

La medida se formalizó por medio de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial.

  

"Extiéndese la fecha de vencimiento de la Invitación a Canjear establecida por el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020, del decreto 391 del 21 de abril de 2020 y su modificatorio, la que vencerá el 2 de junio de 2020, a las 17:00 de Nueva York, Estados Unidos", según el texto oficial.

 

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"Argentina realizará cambios a su oferta para reestructurar su deuda en los "próximos días", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán a la agencia Reuters, a horas de que la Argentina quede formalmente en default.

 

"La razón por la que extendimos (el plazo de) la oferta es técnica. Estamos planeando realizar modificaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible con nuestros acreedores", dijo Guzmán.

 

"Las negociaciones continúan por un sendero que consideramos positivo. Mi visión es que estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las dos partes", agregó el ministro.

 

Además, se extendió hasta el 3 de junio la fecha de anuncio de los resultados del canje, y al 8 de junio la fecha de liquidación.

 

El decreto 391 dispuso la reestructuración de los títulos públicos de la Argentina emitidos bajo ley extranjera, por unos 65 mil millones de dólares.

 

A través de ese decreto, el Gobierno aprobó un modelo de "Suplemento de Prospecto", que fijó como fecha de finalización de la "Invitación a Canjear" el 8 de mayo a las 17:00 – hora Nueva York, previendo la posibilidad de extenderla a discreción de la República Argentina, estando únicamente obligada a informar esa decisión.

 

Luego, esa fecha se extendió hasta este viernes a las 17:00, pero ahora fue nuevamente postergada, hasta el 2 de junio.

 

En la nueva resolución, Economía destacó que la Argentina "continúa recibiendo opiniones y sugerencias de los inversores".

 

"El Ministerio está analizando estas sugerencias con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera por lo que, en este contexto, se considera necesario realizar una nueva extensión para continuar las discusiones y propiciar un marco adecuado para que los inversores continúen contribuyendo a una reestructuración exitosa de la deuda", subrayó el Palacio de Hacienda.

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Martín Guzmán, AGENCIA NAMartín Guzmán, AGENCIA NA

La Argentina incurrió en un nuevo incumplimiento en el pago de deuda y con ello está técnicamente en default, por lo que el Gobierno decidió acelerar los tiempos para evitar demandas judiciales y sanciones, y alcanzar lo antes posible un acuerdo con los acreedores para reestructurar más de 66.000 millones de dólares.

 

A las 18:00 de este viernes (17:00 de Nueva York), al no efectuar el pago de intereses por 503 millones de dólares correspondientes a los bonos Global AA21, AA26 y AA46 vencidos el 22 de abril, el país alcanzó el noveno default en su historia.

 

Lo cierto es que, en esta oportunidad, el Gobierno trabaja aceleradamente para que ese incumplimiento quede subsanado con la firma de un acuerdo con los acreedores que los disuada de iniciar demandas judiciales.

 

Lo que quizá no pueda evitar es que las calificadoras de riesgo coloquen al país en default selectivo, aunque en el actual contexto de pandemia y crisis global tendrá pocas consecuencias.

 

En definitiva, si el Gobierno logra antes del 2 de junio un acuerdo con los bonistas -o avanza en el diálogo que haga presumir el cierre de las negociaciones- evitará que se activen la cláusula de "cross default", que habilita a todos los acreedores a reclamar el pago de la deuda total.

 

Sin embargo, para eso, los acreedores deberán conseguir al menos una coincidencia del 25%, cuestión que, por el momento, aparece muy lejana, pues los principales fondos de inversión dieron señales de estar en vías de un acercamiento.

 

Este jueves, el Ministerio de Economía emitió un documento por el cual anunció la extensión de las negociaciones hasta el 2 de junio, aunque admitió que el acuerdo podría alcanzarse antes de esa fecha o con posterioridad.

 

Ese mismo día, desde Santiago del Estero, el presidente Alberto Fernández, aseguró que la Argentina está en default "desde hace meses, desde antes de diciembre. Sólo que no lo escriben. Lo ocultan".

 

Por su lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió que las negociaciones están en un "sendero positivo", pero advirtió que hay "una importante distancia" con el reclamo de los acreedores.

 

A toda velocidad, en el Palacio de Hacienda están preparando una nueva propuesta para presentar a la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC), luego de las tres contraofertas elaboradas por los bonistas.

 

Según trascendió en el mercado financiero, el Gobierno ofreció a los fondos un canje de 40 dólares por cada cien y los bonistas replicaron con un promedio que oscila entre 52 y 60 dólares.

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Este viernes se venció el plazo para que el país pagara US$503 millones en intereses a un grupo de sus acreedores privados con bonos bajo legislación extranjera, por lo que Argentina entró en lo que se llama un "default selectivo".

 

¿Qué significa?: Que una parte de su deuda externa -esos títulos que quedaron impagos- entró en cesación de pagos. Pero no así el resto de su deuda pública, que en total supera los US$320.000 millones (cerca del 90% de su Producto Interno Bruto, PIB).

 

Se trata de una mala noticia para el gobierno de Alberto Fernández, que no logró que los acreedores aceptaran la propuesta de reestructura que presentó a mediados de abril.

 

Si bien existe un consenso entre los economistas de que un default selectivo es una cuestión "técnica" -algunos lo llaman un "default light o blando"-, no deja de tener consecuencias negativas para un país.

 

La primera es que abre las puertas a una posible complicación judicial si los tenedores de bonos soberanos argentinos deciden acudir a la justicia y reclamar su pago, sobre la base de que Argentina no es un pagador confiable.

 

La segunda consecuencia es que se activan los llamados "seguros contra default" (CDS por sus siglas en inglés), que suelen estar en manos de fondos especulativos (comúnmente conocidos como "fondos buitre").

 

Pero a pesar de todo esto, la noticia de este nuevo default argentino no ha generado el mismo pesimismo que provocaron las anteriores cesaciones de pagos, en particular la más recordada: la de 2001.

 

Aunque durante la semana se anticipaba el probable impago de Argentina, las señales del mercado en los días previos, lejos de ser funestas, eran alentadoras.

 

Los bonos argentinos aumentaron su cotización, mientras que el dólar ilegal comenzó a bajar, luego de haber escalado vertiginosamente.

 

Y el llamado "riesgo país", que mide las probabilidades de un país de caer en default, en vez de subir, bajó.

 

"La lectura más lineal es que hay cierta expectativa de que el default va a ser solo temporal y se va a llegar a un acuerdo más global con los tenedores de bonos", dijo Alan Cibils, investigador del área de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

 

El gobierno argentino extendió el plazo de la negociación con sus acreedores, que vencía este viernes, hasta el 2 de junio, una señal clara de que las discusiones continúan.

 

La sensación entre la mayoría de los analistas es que de ambas partas hay ganas de llegar a un acuerdo, aunque los plazos no hayan alcanzado para lograrlo antes del vencimiento de este viernes.

 

"Le conviene a ambos. Los fondos de inversión operan a corto plazo, tienen que mostrar resultados ya. Están sufriendo pérdidas por todos lados (debido a la pandemia del coronavirus) y no les conviene el costo y tiempo de ir a juicio", señala Cibils.

 

Dal Poggetto coincide: "Los fondos necesitan tener una renta, no buscan la judicialización", le dice a BBC Mundo.

 

Además, cree que tendrán cierta urgencia de alcanzar un acuerdo: "Dentro de unos meses va a ser más difícil negociar, post pandemia", sostiene.

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