RENEGOCIACIÓN DE DEUDA

Gobierno cree que podrá postergar pago de su deuda de USD 44.000 millones por otros tres años con el FMI

Es lo que expresaron desde el equipo económico, que sostuvieron que el comunicado del FMI, en el que se afirma que el Gobierno solo tiene un espacio limitado para subir su oferta a los bonistas, respalda su estrategia de mostrar que está negociando “de buena fe”.
Miércoles 3 de junio de 2020

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del organismo, Kristalina GeorgievaGobierno y FMI. NA.

El Gobierno Argentino sostiene que, tras el nuevo aval recibido del Fondo Monetario Internacional (FMI), podrá refinanciar su gran deuda con el organismo multilateral, aunque no consiga una alta aceptación en el canje que prevé realizar con los bonistas como para salir del default.

 

Así lo manifestaron calificadas fuentes del equipo económico, que sostuvieron que el comunicado de anteayer del FMI, en el que se afirma que el Gobierno solo tiene un espacio limitado para subir su oferta a los bonistas, respalda su estrategia de mostrar que está negociando “de buena fe”.

 

Este martes, la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Jozack, dijo que “todavía hay espacio para que la Argentina incremento sus pagos a los acreedores privados”. Ayer, el organismo dijo que ese “espacio” no debe vulnerar el esquema de sustentabilidad que planteó la Argentina, por lo que dio a entender que podría llegar a 50 dólares. En particular, el organismo afirmó que no puede haber una carga importante hasta 2024, justamente cuando el país debería terminar de pagar su deuda por USD 44.000 millones contraída a partir de 2018.

 

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Esta idea, clásica en las reestructuraciones de la deuda, es clave para que el organismo que lidera Kristalina Georgieva “acepte reestructurar la deuda de la Argentina”, a partir del programa firmado en el gobierno de Mauricio Macri.

 

“Si están diciendo que actuamos de buena fe con los bonistas, tienen que aceptar postergar la deuda que tenemos con ellos”, dijo la fuente oficial.

 

Para el Gobierno de Alberto Fernández, el otro significado importante del comunicado del Fondo es simbólico. “Los acreedores pensaban que tenían al FMI en el bolsillo, pero esto demostró lo contrario; el FMI está con la Argentina, no con ellos”, dijo la fuente.

 

Por lo tanto, aunque Economía no logre conseguir una alta adhesión entre los bonistas y el país siga en default por un largo tiempo, creen que el FMI avalará una postergación de los pagos del país al organismo. Al respecto, descartaron que el apoyo del staff y de Georgieva puedan encontrar obstáculos en el directorio del Fondo. “Nada sale sin el aval del board”, indicó el funcionario argentino.

 

Martín Guzmán, AGENCIA NAMartín Guzmán, ministro de Economía. NA.

 

Sobre esto, el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos, explicó semanas atrás en Infobae que el Gobierno pretende firmar otro stand by con el organismo para pagar la mencionada deuda en un plazo más extenso que el período 2021-2023 previsto en el stand by firmado en 2018. Posiblemente, buscará estirarlo otros cuatro años.

 

Ayer Chodos dijo que “hay muchos en el FMI que reconocen que hay un problema” con el programa vigente, pero aclaró que también habrá inconvenientes con las condicionalidades que traiga aparejada la firma de un nuevo programa de refinanciamiento.

 

Respecto de la negociación con los acreedores, dijo no ser “pesimista, porque hay como un proceso de curvas que se van acercando lentamente. Y creo que la Argentina podría mover un poquito más la última oferta". Además, agregó que “la pérdida de capital es casi inexistente, por lo cual los acreedores no van a perder: van a ganar menos".

 

En este contexto, el Comité de Acreedores de Argentina (ACC) -integrada por Fidelity, Greylock, Hans Humes y Fintech- afirmó ayer que la oferta que le presentó al Gobierno respeta los parámetros que utilizó ayer el FMI en su nota técnica sobre la deuda.

 

“La última propuesta del ACC se ajusta a la evaluación del FMI sobre la capacidad de pago de la República, al tiempo que requiere que Argentina realice un modesto esfuerzo fiscal anual de 0.2% del PIB, el cual se puede lograr fácilmente mediante la implementación de políticas económicas que promuevan el crecimiento”, afirmó.

 

Rápidamente, aclararon que “llegar a un acuerdo en tales términos sería mucho menos costoso para la economía argentina y su pueblo que permanecer en el estado actual de moratoria”.

 

“En consecuencia, el ACC continúa creyendo que la mejor manera de avanzar es a través una resolución consensuada entre las partes”, expresó, para referirse en forma elíptica a su frustración porque el equipo económico no avanza en el diálogo, ni siquiera con ellos, que están a 3 dólares de la oferta oficial.

 

De acuerdo a este comité, la propuesta le brindaría a la Argentina “un alivio financiero de aproximadamente $35 mil millones en Bonos elegibles, y $70 mil millones considerando todos los instrumentos de deuda en moneda extranjera”.

 

La semana pasada, los comités Ad Hoc liderado por BlackRock y el de los Exchange Bondholders presentaron una propuesta conjunta que tiene un valor cercano a los 60 dólares, 10 más que el techo al que pretende acercarse el Gobierno con su oferta “enmendada”.

 

Hasta el momento, formalmente el Gobierno presentó ante la comisión de valores de EEUU una de 40 dólares, pero la semana pasada indicó en un comunicado que la revisó y se podía estirar hasta 47. Dado el comunicado del FMI, ese valor pasaría a 50, con el aporte de un cupón ligado al crecimiento económico o a otro precio, como el de alguna materia prima o de la variación de las exportaciones.

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ANUNCIO OFICIAL

Moratoria impositiva: incluirán deudas hasta el 30 de junio y plazo de hasta 120 cuotas

Durante el anuncio que encabezó junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, Kulfas afirmó que han "considerado la necesidad de ampliar esta moratoria porque el daño (de la pandemia del coronavirus) es muy importante en muchos sector".
Martes 7 de julio de 2020

Kulfas y Marcó del Pont explicarán los alcances del proyecto de moratoriaKulfas y Marcó del Pont explicarán los alcances del proyecto de moratoria.

El Gobierno envió hoy al Congreso el proyecto de ley de ampliación de la moratoria para "empresas de todo tipo de tamaño y sector", que permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio último y estará vigente hasta el próximo 31 de octubre.
  

"Venimos a anunciar el envío al Parlamento de un proyecto de ley que planteará una nueva moratoria de obligaciones impositivas y previsionales para empresas de todo tipo de tamaño y sector", dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un mensaje grabado desde la sala de conferencias de Casa Rosada.
  

Durante el anuncio que encabezó junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, Kulfas afirmó que han "considerado la necesidad de ampliar esta moratoria porque el daño (de la pandemia del coronavirus) es muy importante en muchos sector".
  

Entre las principales características, amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

La primera cuota vencerá el próximo 16 de noviembre próximo y "dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 ó 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras".

 

"Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social", detalló Presidencia en un comunicado.
  

Los deudores podrán acceder a la condonación parcial de intereses y total de multas y "la tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa)".
  

Se permite "utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar)".
  

También establece "condiciones para las empresas de mayor tamaño y durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas".
  

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo resaltó que el envío de este proyecto tiene como objetivo que "las empresas puedan salir de esta crisis con una menor carga, para que cuando termine esta pandemia estén reestructuradas sus deudas y así crecer de manera sólida, con una economía en crecimiento a través del trabajo de todos los argentinos".
  

Marcó del Pont destacó que "los problemas que arrastraban las las empresas, los comercios y las familias se extendieron a todo el entramado productivo con la irrupción del COVID-19".
  

"Lo único que queda afuera de esta moratoria serían los aportes a las obras sociales y a las ART, pero esto se extrapola a todo el universo de contribuyentes y actores sociales y productivos de la Argentina", explicó.
  

Asimismo, precisó que el objetivo es "extender a todos los contribuyentes el alcance de la moratoria de la Ley de Solidaridad y Reactivación que estaba focalizada en el sector que acumulaba mayor cantidad de deuda y condicionantes en materia de financiamiento".
  

El anuncio fue realizado, a través de un mensaje grabado desde Casa Rosada, luego de una nueva reunión de gabinete económico encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero junto a los ministros los ministros Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas( Desarrollo Productivo).
  

También participaron los titulares del Banco Central, Miguel Pesce; de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

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En el ministerio de Economía creen que BlackRock rechazará la nueva oferta

La mejora de la propuesta ya consiguió respaldos formales tanto de bonistas como de bancos de inversión. Sin embargo, aún falta el veredicto del principal acreedor.
Martes 7 de julio de 2020

Larry Fink, CEO de BlackRock.Larry Fink, CEO de BlackRock.

Martín Guzmán desconfía de la respuesta de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo y posiblemente el acreedor individual más grande de la Argentina, obviamente detrás del FMI. El ministro de Economía prácticamente da por descontado que el fondo manejado por Larry Fink no apoyará la nueva propuesta, lo que hará dudar en los próximos días del verdadero éxito de la misma.

 

El Gobierno había negociado con UBS y el grupo de bonistas en el que participan Fintech y Gramercy una mejora de la oferta, que quedó plasmada en las nuevas condiciones que se enviaron a la SEC. Además, estableció condiciones mucho más favorables para el canje de los bonos 2005, que poseen cláusulas mucho más fuertes para los acreedores. Para los Discount, por ejemplo, el valor de la nueva oferta orilla los USD 60, es decir una diferencia a favor de estos bonistas, representados por el consorcio Exchange Bondholders. En la flamante oferta, el Gobierno ofrece un valor cercano a USD 53, calculando un rendimiento para los futuros bonos que emita la Argentina del 10% anual en dólares.

 

Sin embargo, el caso del grupo Ad Hoc, en el que participan Black Rock, Ashmore y otros es diferente. Poseen títulos de los bonos emitidos por el gobierno de Mauricio Macri a partir de 2016, pero vienen presionando para obtener mejores condiciones de la Argentina. La semana pasada incluso habían expresado públicamente su decepción porque el equipo económico había decidido cortar el diálogo en medio de la negociación.

 

La nueva propuesta fue negociada sólo con un grupo de acreedores. Pero Black Rock y otros fondos del consorcio Ad Hoc pretenden todavía una mejora de entre 5 y 7 dólares, por lo que no aceptarían esta oferta. Y ahora esta nueva propuesta no cuenta con el visto bueno de Black Rock ni mucho menos. Por eso, se espera algún comunicado que no pasaría de las próximas horas en el que este fondo exprese nuevamente su preocuapación porque la oferta no satisface sus demandas.

 

La clave de la oferta es llegar a las mayorías necesarias para arrastrar al resto de los bonistas a la operación. Por ejemplo, en el caso de los bonos del canje 2005 hace falta una mayoría especial de 85% para que entren quienes se negaron a participar de la operación. Y para los bonos del 2016 la mayoría que requiere la Argentina baja al 66%.

 

Se viene una nueva pulseada en la que la estrategia oficial ya se va vislumbrando: generar divisiones en el propio consorcio de acreedores para generar mayor adhesión.

 

Además, si bien la oferta se extenderá hasta el 4 de agosto, lo más probable es que se vuelva a prorrogar hasta fin de agosto. Pero en los términos permitidos en los bonos actuales, la propuesta debe prolongarse entre 10 días como mínimo y 30 como máximo, por lo que el límite caía a principios de agosto.

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