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El aislamiento social obligatorio que el miércoles iniciará una fase más estricta en el área metropolitana empezó a delinearse a partir de su publicación en el Boletín Oficial, con controles más rígidos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y el foco del Gobierno puesto en llevar ayuda a los más vulnerables y a los sectores medios durante la pandemia de coronavirus.



Mientras las autoridades del AMBA ponen a prueba por 15 días una nueva estrategia de control más severo para contener la circulación comunitaria de la Covid-19, el gobierno nacional sigue trabajando en un plan para la post pandemia.

 

El Gobierno nacional brindó precisiones sobre las sanciones que podrían recibir quienes violen las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas para frenar el aumento de contagios de coronavirus en el país, en especial, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el siguiente detalle:


Situaciones ante incumplimiento del ASPO:

1- Orden inmediata de regreso al lugar de origen de parte del infractor de acuerdo al tipo de anomalía detectada.
  

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2- Demora del infractor a la espera de la decisión del Poder Judicial.
  

3- Detención del infractor de acuerdo al incumplimiento del artículo 239 del Código Penal.
 

  4- Secuestro del vehículo del infractor por incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal. La decisión respecto de los pasos siguientes respecto del vehículo es competencia del Poder Judicial.
  

5- En el caso de andenes de trenes, se labra el acta de infracción y se informa al Poder Judicial que dispone los pasos a seguir respecto de lo informado por la autoridad policial.
  

6- Es el Poder Judicial el que decide los pasos a seguir de acuerdo a la información que proveen las fuerzas federales de seguridad.
  

7- En cualquier caso que se detecten síntomas compatibles con Covid-19, se ordena el regreso al lugar de origen para el cumplimiento de la cuarentena, siguiendo las indicaciones del Poder Judicial.
  

8- En todos los casos es el Poder Judicial el que decide los plazos y actuaciones determinados por el juzgado a cargo.