Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, NAKristalina Georgieva, directora gerente del FMI, NA

Mientras se define el resultado del canje de deuda con los acreedores privados en que se embarcó el gobierno de Alberto Fernández con la propuesta que presentó ante la SEC (el regulador del mercado de valores de EEUU), el Fondo Monetario Internacional espera al final del camino.

 

Más allá del rol de aliada política que jugó en los últimos meses su directora, Kristalina Georgieva, el Fondo sigue siendo el principal acreedor de la Argentina, con los poco más de USD 44.000 millones que desembolsó de los USD 57.000 millones de crédito que entre junio y septiembre de 2018 había concedido durante el gobierno de Mauricio Macri.

 

Tres fuentes que conocen profundamente el organismo y el mundillo de Washington coincidieron en dos cuestiones. Una, que la restructuración de la deuda con los bonistas privados no puede darse por sentada. Y dos, que aun si el Gobierno logra restructurar la deuda con el acuerdo de una mayoría robusta y que no deje dudas sobre el éxito de la operación, necesitará un acuerdo “largo” con el FMI, concretamente un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” (Extended Fund Facility) que le permita cancelar la deuda en hasta diez años.

 

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Claudio Loser, ex director del Departamento “Hemisferio Occidental” del Fondo comentó: “los aspectos técnico-legales de la oferta argentina son vistos como una ´avivada’, no sólo por los bonistas sino también por algunos gobiernos y organismos multilaterales. El mensaje que están dando es que en el próximo default quieren que la restructuración sea más fácil; si no se mueven de esa posición habrá problemas”.

 

En el mismo sentido, otro ex-funcionario del Fondo, que participó de varias misiones en América Latina y trajinó reuniones de directorio, recordó que un miembro de uno de los comités que ya anticiparon su rechazo al convite oficial le dijo que buscarán cobrarle caro a la Argentina (en “Valor Presente Neto” o de cambios a la estructura legal) el tener un ministro de Economía que quiere pasarse de astuto.

 

“Este va a ser el primer canje, porque va a haber varios”, dijo Héctor Torres, representante por la Argentina en el directorio del Fondo durante las gestiones ministeriales de Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay. Más allá del tironeo por el valor de la oferta, señaló Torres, el diseño irritó no solo a los bonistas sino también a funcionarios internacionales en la medida que socavarían las Cláusulas de Acción Colectiva ICMA (por International Capital Markets Association) apoyadas expresamente en 2014 por el G20 y el FMI, justamente para superar problemas como la “Cláusula Pari Passu” con la que holdouts y fondos buitre habían acorralado a la Argentina en los tribunales neoyorquinos.

 

El acuerdo por las CAC-ICMA se logró al cabo de un largo camino en el que no fue posible crear un “Tribunal Internacional de Quiebras Soberanas”, como había propuesto en 2002 la entonces subdirectora del Fondo, Anne Krueger. Ahora justo la Argentina quiere hacerle evitar esas cláusulas mediante dos artilugios: la “redesignación” y el “método Pac-Man”.

 

Si el Gobierno supera esas vallas con un canje exitoso, deberá luego negociar con el Fondo. Al respecto, dijo Torres, al exceder en su oferta el límite de lo que el propio FMI había considerado “sostenible”, el gobierno señaló que necesitará un acuerdo de largo alcance con el organismo. Un stand-by no sería suficiente. Y un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” requerirá reformas estructurales en temas laborales, impositivos o previsionales.

 

La lógica de plazos, explicó Torres, es que esas reformas son política y económicamente costosas a corto plazo, pero “pagan” luego. Crea o no en esa lógica, el gobierno de Alberto Fernández necesita el mayor plazo posible para acomodar las cargas financieras y diseñar qué reformas ofrece. Aunque –señaló Torres– es un hecho que la Argentina atraviesa hoy una reforma laboral y previsional de facto.