María Belén Fuertes, abogada, jubiladosMaría Belén Fuertes, sobre jubilados.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, recientemente prorrogada por el decreto 542/20, suspendió por 180 días la movilidad jubilatoria y, estableció la necesidad de conformar una comisión mixta con el fin de elaborar un nuevo proyecto de ajuste para jubilaciones y pensiones.

 

En consecuencia, los aumentos de los meses de marzo y junio pasado, fueron otorgados por el Poder Ejecutivo mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

 

En este marco, la SALA II, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en la causa "CALIVA ROBERTO DANIEL", dicta un extenso y novedoso fallo individual que es de suma importancia para la justicia previsional.

 

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En primer lugar, el tribunal analizó la razonabilidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia arribando a la conclusión que: “(.) los aumentos de las jubilaciones no son una mera gracia discrecional del estado, sino que constituye un derecho que reclama y merece una definición por ley y que debiera encontrar su correlato en un una justificación objetiva, lógica y racional (.)”.

 

Y, resaltò que: “(.) la movilidad jubilatoria prevista el art 14 Bis de la CN se impone en estos tiempos, por cuanto el derecho a la percepción de un haber previsional digno resulta afectado en razón del proceso inflacionario acumulativo que, desde hace unos años corroe el poder adquisitivo de las jubilaciones “.

 

Por otro lado, la sentencia remarcó la contradicción que existió entre la sanción de diversas normas y, la ausencia injustificada de la actividad legislativa en materia previsional, la cual parecería estar postergada durante el trascurso de todo este año 2020.

 

Finalmente, la Cámara dispuso que hasta tanto no se regule una fórmula de movilidad jubilatoria, los incrementos a otorgase en los meses de septiembre y diciembre deberán seguir parámetros objetivos que tengan un piso mínimo de referencia.

 

Con tal propósito, propone que en lo sucesivo se recurra al criterio establecido en la Ley de Alquileres, la cual se compone por el 50% de la evolución de la inflación (IDEC) y el 50% por los salarios (RIPTE).

 

En conclusión, la justicia no declaró la inconstitucionalidad de los DNU, pero comprendió que los porcentajes de movilidad fueron arbitrarios e improvisados, señaló la necesidad de regulación de una norma previsional, y comprendiendo que hasta tanto ello se concrete deberán estipularse los incrementos siguiendo pautas concretas.

 

Dentro de este contexto, los interrogantes que surgen son: ¿Cuál será el nuevo destino de la ley de movilidad jubilatoria? ¿Se elaborará un nuevo proyecto de ley antes de diciembre o los jubilados deberán acudir nuevamente a la justicia?

 

Jessica S. Casas – María Belén Fuertes (Matrícula T97F366 CPACF)

Abogadas Especialistas en Derecho Previsional.

*INVITADA DEL DÍA DE DIARIO26.COM