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El proyecto de Ley que ha sido impulsado por el sector del oficialismo por la aprobación de un convenio entre Ciudad y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía y fija esa suma en 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses, va a ser tratado en el recinto de sesiones el próximo jueves, en medio de una dura disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, desde donde se oponen tajantemente a la quita de la coparticipación a la Capital.

 

El expediente estipula en 24.500 millones de pesos el gasto anual destinado a seguridad en la Ciudad, en lo que respecta al traspaso de una parte de la Policía Federal a la de la Ciudad, acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en 2016.

 

También se establece que ese monto se actualizará según un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

 

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El interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su postura contraria en plena polémica desatada cuando el Gobierno nacional anunció días atrás la reasignación de partidas de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de provincia de Buenos Aires.

 

El "Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA", firmado por el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016, es un proceso gradual según el cual entre 17 y 19 mil policías federales pasarían al ámbito de la Ciudad.

 

El convenio determinó la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal.

 

El texto que llegó al Senado por el Poder Ejecutivo establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos para esas dependencias.

 

La propuesta especifica además que la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.

 

El artículo cuarto de la iniciativa establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo dos en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

 

"A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad", se lee en el agregado del texto enviado a la Cámara alta.

 

El oficialismo apuró los tiempos del proyecto y en una semana obtuvo dictamen, luego de escuchar a la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; y a una decena de expositores que se pronunciaron a favor y en contra de la medida.

 

Las diferentes posturas sobre el tema:
Desde el Frente de Todos, que gracias a la mayoría absoluta que mantiene ese bloque en la Cámara alta obtendrá la aprobación de la iniciativa que deberá ser girada a Diputados, defendieron la medida como un acto de "justicia".

 

"El convenio que se hizo en su momento subió la coparticipación del 1,4 a 3,75 por ciento. Eso fue un invento. El número es totalmente irreal. El expresidente (Mauricio) Macri quiso beneficiar a un dirigente de su propio partido político transfiriéndole recursos injustamente", opinó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el peronista cordobés Carlos Caserio.

 

Así mismo, afirmó que "lo que hace el Gobierno nacional es actuar con justicia" porque "pagará el convenio como corresponde, no como la Ciudad quiere".

 

Contrariamente, para el opositor porteño Martín Lousteau la quita de fondos a la Ciudad tiene "intencionalidad política" y la definió como "lo contrario a la autonomía: es el centralismo que castiga en función de las afinidades políticas y no castiga a los dirigentes, castiga a los ciudadanos".