Gasoducto enSalta, Foto: Canal AbiertoGasoducto en Salta. Foto: Canal Abierto.

La Justicia Federal de Salta ha elevado formalmente a juicio oral y público la causa que se sigue contra el exintendente de la localidad salteña de Aguaray Jorge Enrique Prado junto a otras nueve personas, todos acusados por la Justicia por el robo de 35 kilómetros de caño del gasoducto del nordeste argentino (NEA).

 

Los 10 imputados han sido formalmente acusados por fraude contra la administración pública y robo agravado. Todos fueron inculpados por desterrar, cargar y comercializar cerca de 35 kilómetros del gasoducto del noreste argentino (NEA) que pasaban por la localidad de Aguaray y eran propiedad del Estado Nacional. Se estimaque el juicio comenzaría en el año 2022. Los involucrados se habrían embolsado casi un millón y medio de dólares por la operación ilícita.

 

Todo salió a la luz en 2016, mediante un informe de Periodismo Para Todos (eltrece). El gasoducto fue concebido para abastecer de gas natural a más de 3,5 millones de personas en Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Su construcción fue anunciada en muchas ocasiones desde 2003 pero permanece inconclusa desde entonces.

 

Luego de haberse advertido el ilícito, la Fiscalía Descentralizada de Orán imputó a Prado, a su secretario de Hacienda Freddy Marcelo Céspedes y al empresario Diego Alos, titular de la compañía Osypsa, entre otros. El delito por el que fueron acusados tiene una pena de dos a seis años de prisión.

 

Al comenzar el proceso, en una audiencia ante el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya, el fiscal general Eduardo Villalba denunció que los acusados permitieron “la desafectación de bienes que no le son propios”. Además, afirmó que Prado “autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto Nea” que pasan por Aguaray y que los vendió a la empresa Osypsa.

 

Mediante su resolución, plasmada en un informe de TN, el fiscal manifestó que en un operativo Gendarmería detectó en la zona a dos camiones que transportaban al menos 30 caños de acero de 24 pulgadas que habían sido sustraídos al gasoducto. Montoya además dijo que uno de los choferes mostró una resolución municipal que lo autorizaba al traslado de esos caños. Poco después, agentes de la fuerza detectaron en la localidad salteña de Tartagal dos camionetas que llevaban once caños cada una. La fiscalía avanzó en la investigación e individualizó a los presuntos autores del robo de los caños. Los imputados fueron acusados por robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda. Uno de ellos tiene antecedentes por el delito de estafa.

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