Horacio Rodríguez Larreta, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, NARodríguez Larreta y la cuestión de la Capital. Foto: NA.

Las permanentes y ostensibles disputas de poder entre el presidente de la República y el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con independencia de quien tiró la primera piedra o como se reparten las culpas, reaviva una histórica discusión sobre el lugar sede de la Capital de la República.

 

La federalización de la ciudad de Buenos Aires se produjo, tras cruentos enfrentamientos, sobre el final del mandato de Nicolás Avellaneda. Previamente hubo tres intentos de llevar la capital a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y uno a Villa María, en la provincia de Cordoba , todas mediante leyes aprobadas por el Congreso y vetadas por los respectivos presidentes de la República.

 

Entre los opositores a la federalizacion se destacaba Leandro Alem, quien advertía los peligros de concentrar tanto poder en un territorio para el futuro de la República.

 

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Otra tema que viene de antaño es la cuestión de la designación del intendente de la ciudad de Buenos Aires. Prevaleció el criterio del electo presidente Julio Argentino Roca, que sostenía que al intendente lo designaba y destituía el presidente de la República, porque era impensable un opositor administrando el territorio donde se radicaban las autoridades nacionales.

 

El presidente Raúl Alfonsín impulsó la ley que llevaba la Capital a la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro. El final anticipado de su mandato y la crisis económica terminaron con un proyecto que seguía la política de muchas naciones que cambiaron la sede del gobierno.

 

Finalmente, llegamos a la constitución de 1994, que declara ciudad autónoma a la ciudad de Buenos Aires y establece que el Jefe de Gobierno es designado por el voto directo de los ciudadanos.

 

La autonomía implica el carácter de una nueva provincia, donde además es la sede del gobierno de la Nación, a otra escala y en otro tiempo es una fuente de conflictos similar a los tiempos de Nicolás Avellaneda en la presidencia y Carlos Tejedor en la gobernación.

 

Hoy las disputas se difunden por los medios nacionales, impactando en la vida de la mayoría de los habitantes aunque vivan muy lejos de la capital. La transferencia de los problemas de la Capital al resto del país es tóxica .

 

La concentración del poder político y poblacional es un freno al desarrollo del interior. No hay desarrollo igualitario posible para las provincias alejadas de la capital sin una adecuada ocupación territorial.

 

Actualizar el proyecto de trasladar la Capital a los territorios menos poblados del país sería un paso importante para modificar la geopolítica. El proyecto puede sonar descabellado en medio de una pandemia, con déficit fiscal y alto endeudamiento.

 

La era digital trae consigo el diseño de nuevas ciudades, con mucho trabajo a distancia, con digitalización de todos los trámites administrativos, con expedientes electrónicos, reuniones por teleconferencia, tanto en la actividad privada como en el Estado, donde las nubes informáticas serán más importantes que las bóvedas de los bancos.

 

Las nuevas tecnologías hacen materialmente posible el traslado de la Capital y el rediseño de un nuevo Estado, más eficiente, menos burocrático y de gestión descentralizada. La mayor dificultad no es material sino la búsqueda de consensos, difícil de lograr en un país que como en la Torre de Babel se mezclaron las lenguas y no podemos entendernos.