Macri, Aguad y Bullrich, NAMacri, Aguad y Bullrich. Foto: NA.

El fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Rial, consideró que, a partir de nuevas pruebas presentadas por el Gobierno Nacional en su denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por supuesto contrabando de armas a Bolivia durante su Gobierno, se deberá profundizar la investigación.

 

Se trata de pruebas aportadas por los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Martín Soria, quienes junto a la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, ampliaron su denuncia lo que “permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada”.

 

Los funcionarios informaron, sobre el hallazgo de armamentos y municiones en depósitos de la Policía de Bolivia, que serían aquellos que se supone son parte del presunto contrabando.

 

Además, también informó de un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, y que para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con argumento de que su destino era “la seguridad y protección del señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma".

 

El fiscal Navas Ríal ya imputó semanas atrás al expresidente Macri; a sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

 

Por pedido suyo y del juez en lo penal económico Javier López Biscayart es que se ordenaron varias medidas de prueba en el impulso de la investigación que está en su estado incipiente.

 

También como imputado está el entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Héctor Caliba, “en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado”.

 

La sospecha es por unos 70.000 cartuchos anti tumulto que envió el Gobierno de Macri para supuestamente proteger a funcionarios diplomáticos de la Embajada argentina en Bolivia, pero que se sospecha contribuyeron a desestabilizar al entonces gobierno de Evo Morales.

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