Marcha, protesta y corte en la avenida 9 de Julio, Obelisco, NAManifestaciones en el obelisco, imagen ilustrativa.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, dijo hace unos meses una frase con la que resulta difícil no estar de acuerdo: “Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías económicas”.

 

En efecto, Argentina funciona (o no funciona) con reglas propias o, según se mire, con reglas que cambian de un día para otro. Cuesta imaginar cómo se desenvuelven los actores económicos en un país con 10 tipos de cambio distintos respecto al dólar, desde el oficial (100 pesos por dólar) al blue (180 pesos por dólar), pasando por el contado con liqui (165 pesos por dólar), y con severísimos controles cambiarios (los ciudadanos pueden comprar un máximo de 200 dólares al mes), con una inflación anual cercana al 50%, con una moneda que se devalúa continuamente y sin acceso al crédito internacional.

 

El mes pasado, la entidad calificadora de riesgos MSCI (antigua Morgan Stanley Capital International) dejó de considerar a Argentina como “mercado emergente” y no la rebajó a la categoría inferior, la de “mercado fronterizo”, donde estaba hasta 2016, sino que la introdujo en un grupo heterogéneo de países económicamente excéntricos y cerrados en sí mismos: los llamados standalone, o casos únicos. Ahí están, junto a Argentina, Líbano, Palestina, Botsuana, Bosnia, Trinidad-Tobago, Panamá, Jamaica, Bulgaria, Malta y Ucrania. La MSCI explicó que la severidad de los controles sobre el movimiento de capitales excluía a Argentina de los circuitos financieros convencionales, y de ahí su clasificación como standalone.

 

Argentina ha suspendido el pago de sus deudas en nueve ocasiones, entre las que se incluye el mayor default de la historia mundial (2001). También es el único país americano más pobre que hace un siglo, comparado consigo mismo en dólares constantes. En 1913 era el décimo país más rico del mundo en renta per capita; ahora ocupa el puesto 75º. No existe una explicación clara para este fenómeno, conocido como “la paradoja argentina”.

 

Hay explicaciones parciales. La inestabilidad política (el siglo XX fue casi una sucesión de golpes militares, con algunos intervalos de poder civil bajo supervisión de los cuarteles), una fortísima inflación histórica con picos de hiperinflación (3.079% anual en 1989) y una paralela devaluación del peso (100 pesos de 1999 equivalen a unos 8.800 pesos actuales), una crónica falta de dólares y una clara propensión gubernamental al endeudamiento han contribuido a distorsionar la evolución del cuadro macroeconómico.

 

Otra explicación que suscita inflamadas polémicas se refiere al peronismo. Unos dicen que el populismo peronista, hegemónico desde 1945 pese a permanecer proscrito entre 1955 y 1973, está en la raíz de todos los males. Otros dicen que la estructura capilar del peronismo y su generosidad con los subsidios han evitado que Argentina sufriera más colapsos como el de 2001. Tal vez resulte razonable suponer que el peronismo es a la vez problema y solución.

 

También pesan los factores psicológicos. En la mente de los argentinos aún rebota el eco de aquella frase que se decía en el París de principios del siglo XX para referirse a alguien colosalmente rico: “Riche comme un argentin”. Aunque aquella fuera una verdad a medias. En la época, la renta per capita era elevada porque unas cuantas familias tenían dinero suficiente como para compensar el hecho de que muchos apenas tenían nada. En cualquier caso, el argentino medio sigue considerándose rico o, al menos, merecedor de serlo. Aunque un tercio de la población viva en una pobreza extrema.

 

En cuanto a recursos naturales, Argentina era y es un país rico. En agricultura y ganadería, en energía (el yacimiento patagónico de Vaca Muerta es uno de los mayores del mundo en petróleo y gas de extracción no convencional), en tecnología (firmas como Globant o Mercado Libre son internacionalmente competitivas) e incluso en bienestar. Ningún país de su entorno, ni siquiera el reputado Uruguay o el dinámico Chile, tienen ni de lejos su sistema sanitario o su abundante red de subsidios.

 

Dicho esto, vayamos con los inconvenientes. La fertilidad agrícola se traduce en una dependencia extrema de las exportaciones de soja para ingresar dólares. La exportación de ganado vacuno tiende a igualar los precios del mercado interno con los del externo, y ese encarecimiento resulta insoportable para una sociedad adicta al bife: en cuanto se conoció que el consumo de carne había descendido a “sólo” 45,2 kilos por persona y año, la cantidad más baja en un siglo, el Gobierno prohibió casi totalmente las exportaciones.

 

Los precios bajaron. Siguen siendo relativamente caros para los salarios argentinos, pero traducidos a euros asombran: un kilo de bife de chorizo, un sabroso corte del lomo vacuno, se compraba esta semana por menos de cuatro euros en cualquier supermercado de Buenos Aires. El problema radica en que con el cepo sobre la exportación de carne se perjudica a un sector que representa casi el 10% del comercio exterior argentino.

 

En cuanto a la energía, el yacimiento de Vaca Muerta permanece casi paralizado desde el colapso financiero de 2018. Y la mayoría de los propietarios y directivos de las empresas tecnológicas han trasladado su residencia a otros países, principalmente Uruguay.

 

Volvamos a la pregunta del principio: ¿cómo es posible que funcione Argentina con tanta distorsión? El economista Carlos Melconian, que fue asesor del expresidente Mauricio Macri y dirigió la entidad pública Banco Nación, lanzó hace días una idea provocadora: el Estado argentino necesita una inflación muy alta para no quebrar.

 

Hay una cierta dosis de verdad en esa tesis. Para evitar un ajuste que habría resultado socialmente insufrible tras tres años de recesión y en plena crisis pandémica, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, han recurrido a la emisión masiva de pesos, en buena parte recolocados de inmediato en deuda para moderar el efecto inflacionario. En este momento hay 1,3 billones de pesos almacenados en deuda a un interés que oscila entre el 37% y el 39% anual. La inflación ya ha subido un 23,7% en los seis primeros meses de 2021 y las empresas financieras calculan que llegará al 48% a fin de año. Como la tasa de interés real equivale a la tasa nominal menos la inflación, el Estado argentino no sólo no paga intereses por su deuda en pesos, sino que ve cómo ésta va licuándose poco a poco.

 

De todas formas, pese al acuerdo conseguido con los acreedores privados del extranjero y a falta de negociar con el FMI cómo se devuelven los 45.000 millones prestados durante el mandato de Macri, la deuda global es altísima: unos 355.000 millones de dólares. De esa cantidad, el 60% está nominado en divisa estadounidense. Y esa divisa, a diferencia del peso, no se licúa con la inflación.

 

Nota/fuente: ENRIC GONZÁLEZ - Diario elpais.com

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