Walter Bento, juez Federal de MendozaWalter Bento, juez Federal de Mendoza.

El asesinato de un vecino del juez, que fue contrabandista y después su operador en negocios con contrabandistas. También un asesino que confiesa, pide protección y desenreda una gruesa trenza de libertades pagas y aprietes con sello judicial y mafioso. Hay dos abogados y socios del vecino del juez que se arrepienten y cuentan cómo funcionaba la banda. Y ese juez y familia, todos empleados de la Justicia, llenos de plata, mientras otro juez y fiscal investigan la conversión de leyes y juzgado en negocio familiar.

 

Diego Barrera es el preso que confesó el asesinato de otro Diego, de apellido Aliaga (“discutimos, peleamos y se me murió”) y que pide que lo cuiden porque “hablar es peligroso”. Está con preventiva junto a su pareja e hijos. Otro negocio familiar. Aliaga fue encontrado bajo un metro de tierra, en uno de esos lugares que son como tierra de nadie. Barrera dice que vio a Aliaga negociar libertades y/o aprietes con el juez del que estamos hablando, Walter Bento, con un argumento sencillo: el que no arregla conmigo, se jode.

 

Cobertura que daba el juez: desde el chiquitaje (si es que en esto hay algo chico) de una domiciliaria porque el preso padecía hemorroides a pagos cash en dólares o con propiedades a cambio de zafar de causas pesadas, de esas que también trata el fuero federal. Aliaga grababa esas negociaciones y las guardaba en una caja fuerte como “mi seguro de vida”. Aún no aparecieron.

 

La acusación de Barrera no está sola. Hay otra. En marzo del año pasado apresan a Walter Bardinella Donoso en una causa narco y le encuentran en el teléfono conversaciones con su abogado sobre el mismo asunto: arreglos con el juzgado federal. Varios jueces y fiscales se excusan de investigar esas coimas. Hasta que el fiscal Dante Vega agarra el fierro caliente. La causa ya tenía juez designado: el de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas. No hay dato ocioso en todo esto.

 

Empiezan los testimonios y empiezan los allanamientos, donde actúa la policía provincial porque Bento controla a las fuerzas federales. Otro dato. Pero le filtran a Bento que están investigando su patrimonio, algo que no se logra así porque así. El abogado del ahora notorio juez es el notoriamente mediático Mariano Cúneo Libarona.

 

El operador Aliaga tenía de socios a tres abogados. Dos, Matías Aramayo y Martín Ríos, piden ser arrepentidos y cuentan que Aliaga era lo que era y además, era informante del comisario Moschetti, hoy detenido. El tercer abogado, Luciano Ortego, está prófugo por un día y se entrega. En Tribunales se lo conoce por ser o haber sido pareja de la hija de Emir Yoma. Los tres siguen detenidos. Y hay otro abogado: Jaime Alba, amigo de la infancia de Aliaga y que ofrece a un delincuente $30 millones para intentar recuperar el celular secuestrado a Bardinella Donoso. Sospechan que ahí hay un audio del propio Bento.

 

Hasta aquí tenemos un juez poderoso, un preso por asesinar a un amigo y socio del juez, socios arrepentidos del asesinado, un comisario que también está preso y un abogado mediático que defiende al juez. Empieza a salir a la luz el uso personal que Bento hace de la Justicia. La fiscalía logra duplicar la tarjeta SIM del celular de Aliaga, que no aparece y allí encuentran 256 mensajes intercambiados por Telegram con Bento, al que Aliaga tiene agendado como primo. La línea telefónica del juez se la dio el Consejo de la Magistratura.

 

Y ocurre algo increíble o no tan increíble cuando allanan la casa de Bento en el complejo Palmares, el más lujoso de la Capital. Bento se niega a entregar el teléfono oficial, como si fuera personal y empieza a dar batalla para impedir que los investigadores descubran su contenido. Va personalmente a un local de Movistar para que le cambien el chip del IPhone 12 Pro y contrata un hacker en Buenos Aires para bloquear a los peritos judiciales.

 

Pese a todo, algo pueden rescatar: desesperados llamados de ayuda de Bento a personajes del poder y promesas de apoyo a Bento de personajes del poder. Son mensajes previos al allanamiento de su casa. Hay chats con Mario Adaro, juez de la Corte de Mendoza y ex ministro del gobernador peronista Jaque, y con Alejandro Gule, el Procurador de la provincia. Con los dos hablan despectivamente de periodistas que investigan e informan sobre la causa y revelan que al juez puede salvarlo la senadora Fernández Sagasti, íntima de Cristina Kirchner. Hay otro con Alberto Lugones, el vicepresidente de la Magistratura, que trata de “hermano” a Bento.

 

En la indagatoria, Bento no da explicaciones de su patrimonio. Tampoco responde preguntas del juez ni del fiscal: se limita a atacarlos. La escuela de Cristina. Con Cúneo Libarona intenta colar un audio en el que supuestamente Barrera dice que todo es armado. Duró un suspiro: Barrera desmintió todo desde la cárcel. Bento denuncia entonces lawfare, como está de moda. Estaba cantado.

 

La investigación tiene 10 casos de coimas probados y 23 imputados. Puigdéndolas ordena el procesamiento y prisión preventiva de Bento por comandar una asociación ilícita y procesa a su esposa María Isabel Boiza por lavado. En un texto de 821 páginas revela cosas increíbles de la vida ilegal de Bento, que le deja a Puigdéndolas un mensaje mafioso de puño y letra en una caja fuerte.

 

Bento asumió como juez en 2005 apadrinado por el “Chueco” Mazzon, entonces mano derecha de José Luis Manzano. En 2011 hizo un resonante allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con Clarín. A pedido del grupo Vila-Manzano, intervino la operadora de cable porteña, como si fuera su jurisdicción. La Corte anuló todo. El tiro por la culata.

 

Cuando empezó como juez había declarado un único bien: una camioneta. Hoy aparece con 12 inmuebles, inversiones millonarias en fideicomisos, tres Audi, uno de ellos comprado bajo el régimen de discapacidad para pagar la mitad de precio y no pagar patente y una camioneta Amarok y unos cuantos bienes de lujo más. En sus 15 años de juez, el matrimonio Bento viajó 89 veces al exterior, sobre todo a Miami y Las Vegas, y permaneció 1.025 días fuera del país. Casi tres años. Como se suele decir en estos casos, no más preguntas, señor juez. Pero hay una: ¿qué hará el kirchnerismo para defenderlo?

 

Fuente: Ricardo Roa - clarin.com

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