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Lejos de aplacarse los ánimos y acallarse el escándalo, la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez del 14 de julio de 2020 en la Quinta de Olivos (en plena etapa de aislamiento preventivo y obligatorio contra el coronavirus), sigue dando tela para cortar.

 

Pese a los intentos del presidente argentino, Alberto Fernández, por cerrar el tema y pasar de página, en el Gobierno han debido extremar las medidas tendientes a minimizar los daños.

 

Con este complicado marco, el primer mandatario y su abogado defensor, Gregorio Dalbón, se abocaron de inmediato a tener diseñada una estrategia judicial. Dalbón afirma que lo que ha sucedido durante la celebración del cumpleaños de Yáñez no se configura en un delito penal ya que “no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios”.

 

En el mismo sentido, Gregorio Dalbón negó que Alberto Fernández se presente finalmente ante la Justicia con la intención de alcanzar un acuerdo.

 

“No lo necesitamos porque no hubo delito”, dijo el letrado defensor del presidente en una entrevista televisiva.

 

También agregó: “La mera infracción administrativa (el haber violado el propio DNU dictado por el Gobierno), no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió”.

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