Crisis política en Argentina en diciembre 2001, AGENCIA NACrisis política en Argentina en diciembre 2001, AGENCIA NA

El "corralito" bancario en Argentina, de cuya creación se cumplen veinte años, constituyó un "salto al vacío" que no hizo más que acelerar el estallido de una de las peores crisis económicas, sociales y políticas que recuerde el país y cuyas consecuencias aún impactan en la economía.

 

Las restricciones para retirar el dinero depositado en los bancos fueron decretadas el sábado 1 de diciembre de 2001 y entraron en vigencia dos días después, abriendo paso a una ola de protestas y saqueos que culminaría con las violentas jornadas del 19 y 20 de diciembre y la renuncia del entonces presidente, el radical y ya fallecido Fernando de la Rúa (1999-2001).

 

Argentina estaba en recesión desde 1998. Los problemas se agudizaron cuando los mercados internacionales de deuda y el Fondo Monetario Internacional (FMI) le retiraron el apoyo al país, el Tesoro y las provincias se quedaron sin financiación, se aceleró la dolarización de los depósitos y su salida de los bancos y las reservas monetarias cayeron en picada.

 

La furia de los clientes bancarios se transformó pronto en la generalizada protesta social que desembocó en la renuncia de De la Rúa. Pocos días después, Argentina declaró el cese de pagos, por 102.000 millones de dólares, y luego salió del "uno a uno" y devaluó su moneda.

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El "crack" de finales de 2001 hizo estragos en la economía, que se derrumbó 10,9 % en 2002, con una tasa de pobreza que se disparó al 57,5 % y el desempleo que saltó al 24,1 %. Aunque la actividad económica se recuperó con vigor en los cinco años subsiguientes, aquella crisis dejó secuelas cuyos efectos aún perduran: Argentina, que sufrió una profunda recesión entre 2018 y 2020, sigue endeudada, con alta inflación y problemas fiscales.

 

El temor a quedar de nuevo preso del "corralito" sigue rondando, como un fantasma, en la cabeza de muchos argentinos, mientras que los inversores internacionales no se olvidan del "default" del 2001 y las reestructuraciones de deuda posteriores.

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Transferencias de dinero al exterior prohibidas

 

Aunque las transferencias electrónicas estaban permitidas, en aquel entonces solo el 1% de las transacciones se realizaban a través de tarjetas de débito o crédito, por lo que el decreto paralizó el comercio y dejó al vasto sector informal de la economía sin posibilidades de subsistir.

 

El "corralito" fue la gota que rebalsó el vaso y comenzaron a producirse estallidos sociales y saqueos. Cientos de personas se agolparon en las puertas de los bancos, golpeando sus cacerolas y reclamando que les devolvieran su dinero.

 

Protestas sin fin

 

La tensión alcanzó su punto máximo el 19 de diciembre, cuando De la Rúa anunció por televisión el estado de sitio. Miles de personas fueron hasta la Casa Rosada, al grito de "¡Que se vayan todos!".

 

Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia. Entre el 19 y el 20 de diciembre murieron 39 personas en las manifestaciones.

 

Finalmente, el mandatario huyó en helicóptero y presentó su renuncia, abriendo una crisis política e institucional que llevaría al nombramiento de cuatro presidentes en menos de dos semanas.

 

Nueva crisis


Aunque pasaron 20 años, para los argentinos "la crisis de 2001" sigue siendo un recuerdo muy fresco, más aún en estos últimos tres años en los que se vivió un nuevo período de recesión económica y devaluación del peso, agravados por la pandemia.

 

La inflación, que hoy asciende al 52% interanual y la pobreza, que en la actualidad afecta a entre el 42% y la mitad de la población, según diversas mediciones oficiales (a finales de 2001 era un poco superior al 35%) son fantasmas que persisten.

 

Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que más de 40.000 pymes cerraron sus puertas debido a los efectos del coronavirus y la prolongada cuarentena ordenada por el gobierno de Alberto Fernández. Eso es el doble de las que cerraron durante el período 2001-2002.

 

A todo esto se suma una nueva crisis de deuda, gracias a un gigante préstamo acordado con el FMI, que, de no llegar a reestructurarse antes de marzo de 2022, podría llevar a Argentina a su décimo default de la historia. Pero a pesar de todo esto, no ha habido otro estallido ni corridas bancarias, y tampoco existe la percepción de que Argentina esté al borde de una debacle similar a la de comienzos de siglo.

 

Cuáles fueron los tres cambios que clave

 

Nuevas reglas y controles: En 2001 los bancos argentinos tenían muy pocas limitaciones a la hora de prestar dólares. Según expresó a la BBC el economista Martin Vauthier, de la consultora financiera Anker Latinoamérica, los préstamos en moneda estadounidense equivalían a cerca del 80% de los depósitos en esa moneda.

 

Por eso, cuando los ahorristas quisieron retirar su dinero, las instituciones financieras simplemente no tenían los fondos necesarios para hacer frente a esa demanda. Pero tras la crisis se impusieron fuertes limitaciones a los préstamos en dólares que hicieron que hoy el sistema financiero en esa moneda sea mucho más sólido de lo que era hace dos décadas.

 

En 2002 se sancionó una ley que obliga a contar con un respaldo de reservas en dólares en el Banco Central para poder prestar esa moneda. Asimimso, los bancos solo pueden prestar dólares a quienes generen ingresos en esa moneda (principalmente los exportadores). Por otra parte, actualmente el gobierno mantiene muchos más controles sobre el acceso a la divisa internacional.

 

Las empresas que necesitan la moneda estadounidense para pagar importaciones o repartir ganancias en el exterior deben tener la aprobación del BCRA y los ahorristas pueden comprar solo US$200 por mes.

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Basado en los reportes mensuales del BCRA, Vauthier estima que en la actualidad el país cuenta con apenas unos US$3.500 millones de reservas netas, una vez que se restan los encajes, los pagos de deuda y otros arreglos financieros. Pero como la mayor parte está en oro, las reservas líquidas son incluso menos y "se acercan a cero".

 

Ahorros a prueba de "corralitos": Aunque muchos siguen optando por el viejo método de guardar el dinero bajo el colchón o escondidos en sus casas, el miedo a un asalto ha llevado un gran número a volver a los bancos, pero de una manera más "segura" para ellos.

 

En vez de depositar sus dólares en cuentas bancarias, los ponen en cajas de seguridad que ofrecen esas mismas instituciones financieras. En ese marco, el medio digital iProfesional investigó el tema en 2020 y concluyó que hay entre 1,1 y 1,2 millones de cajas de seguridad en bancos, y otras 25.000 en "empresas no bancarias". El mismo medio resaltó que la cantidad de cofres se duplicó en los últimos seis añoso.

 

"La demanda de cajas de seguridad en la Argentina es inversamente proporcional a la estabilidad económica", observó el periodista Claudio Zlotnik, autor de la investigación.

 

Red de asistencia social: Más allá de lo financiero, la crisis de 2001 también llevó a la creación de una red de contención económica para los sectores más vulnerables, que -por lo menos por ahora- ha logrado evitar nuevos estallidos y saqueos como los de 2001, a pesar de que la pobreza actual es aún mayor que entonces.

 

Antes de 2001 solo existían unos pocos programas de asistencia económica estatal, pero tras la debacle se fueron ampliando los "planes sociales".

 

En 2009, Cristina Fernández de Kirchner implementó por decreto la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también se le dio una jubilación a unos 3 millones de adultos mayores que no habían realizado los aportes correspondientes al Estado, duplicando la cantidad de jubilados.

 

Debido a esta red de contención estatal, la pobreza aumentó menos en 2020-2021 que en 2001-2002, a pesar de que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue similar. 


No obstante, algunos sostienen que estos "planes" se han convertido en una política de Estado que es insostenible económicamente. También advierten que desincentivan el trabajo, en especial el registrado, llevando a muchos a optar por empleos en negro para no perder el beneficio estatal.

 

En 2002 eran 2 millones los argentinos que recibían esta asistencia. Hoy son 22 millones -casi el 50% de la población- los beneficiarios de alguno de los 141 programas de asistencia que tiene el Estado, según los datos de diversos organismos dedicados al tema. En tanto, hay unos 12 millones de trabajadores registrados, según los registros del BCRA, pero solo el 49% (unos 6 millones) son asalariados privados. Es decir, que por cada persona que trabaja en blanco en el sector privado, contribuyendo con sus impuestos a financiar al Estado, hay más de tres personas que dependen de los beneficios estatales para sobrevivir, algo que consideran "inviable". Con información de EFE y de la BBC.

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