Corte Suprema de Justicia, NACorte Suprema de Justicia. Foto: NA.

La Justicia está en alerta en la Argentina y con ese marco, es que el Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires se expresó muy claramente respecto de la manifestación en contra de la Corte Suprema que ha sido convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle. La entidad de los abogados porteños expresó su rechazo a la marcha, mientras que al mismo tiempo ha advertido respecto de lo grave que es para lo institucional.

 

Así, calificó a la marcha como “un inminente atropello a los poderes constituidos”.

 

De este modo es que se ha sumado a los varios reclamos contra la manifestación promovida por el gobierno nacional, sobre todo el kirchnerismo, y que cuenta con el apoyo de líderes políticos, sociales y sindicales afines al Frente de Todos, entre ellos Hugo Moyano y Hebe de Bonafini.

 

En un tramo del comunicado del Colegio de Abogados, se lee: “El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”.

 

Así mismo, se ha informado que adhiere a la marcha del 3 de febrero, a las 19 horas, a llevarse a cabo frente al Palacio de Tribunales ”para defender la independencia judicial”.

 

En el comunicado también se llama a reflexionar a aquellos que adhieren a la convocatoria del “juez nacional Juan Ramos Padilla y otras organizaciones políticas y sindicales”, con el objetivo de reclamar la renuncia de “los cuatro cipayos con Toga para construir un Nuevo Poder judicial al servicio de todas y todos los Argentinos” (sic).

 

La Constitución Nacional expresamente veda al pueblo deliberar o pretender gobernar sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por ella. Constituyendo delito de sedición quienes se reúnan atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste. La conducta que pretende ponerse en ejecución mediante esta convocatoria a reunirse para obtener la dimisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en pugna con expresas normas legales y, aunque no se configure en definitiva el resultado deseado por quienes lo están pergeñando, la sola atribución de los derechos del pueblo, genera un impacto en la sociedad que repudia este tipo de maniobras”, reza el texto firmado por El Directorio.

 

“Es fundamental que se comprenda que el bien jurídicamente protegido por el delito de sedición es ‘el orden jurídico normativo en sí mismo y los órganos creados como ejecutores de sus preceptos y guardianes de su cumplimiento’”, se destacó además en el texto.

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