Conflicto entre Rusia y Ucrania, EFE	Las sanciones impuestas por la invasión en Ucrania destaparon la impunidad con la que, gracias a empresas pantalla y firmas de presión de Washington, operaron en todo el país los cleptócratas cercanos a Putin. Así lo afirma un análisis del diario El País que explica que los oligarcas cercanos al presidente ruso, tienen en Estados Unidos, además de jets privados en California, superyates en Florida o mansiones de lujo en Aspen o Nueva York, negocios inmobiliarios y fábricas metalúrgicas en insospechados rincones del Medio Oeste. Rincones como Cleveland.

 

"Todos esos bienes están en el punto de mira de las sanciones impuestas desde hace un mes por Estados Unidos y sus aliados como respuesta a la invasión de Ucrania. Y no es una lista cerrada. Biden la amplió sensiblemente este jueves, durante su visita a Bruselas, hasta abarcar a 400 políticos, empresas y plutócratas rusos", indica el análisis de Iker Seisdedos publicado por ese medio.

 

Asimismo, detalla que los oligarcas incluidos en esa nómina se movían hasta ahora inadvertidamente en el sistema estadounidense pero ahora, todo cambió. En ese marco, el periodista de investigación Casey Michel, autor del libro American Kleptocracy (St. Martin’s Press) aplaude las sanciones, “fantásticas en sí mismas, mucho más osadas de lo que cabría esperar (y sobre todo, de lo que esperaba Putin), pero también insuficientes”. “Si no se acompañan de reformas que refuercen la transparencia y sirvan para combatir el lavado de dinero, les será muy fácil sortearlas. Es urgente abolir las normas que permiten el anonimato de las empresas pantalla y de los fideicomisos en Estados Unidos”, destacó.

 

“El atosigamiento a los oligarcas es una de las patas más importantes de la respuesta de Estados Unidos a la agresión de Rusia, injustificada y no provocada, y habrá más, sin duda, sobre las que no puedo dar detalles, porque eso permitiría a los sancionados mover sus activos antes de que los congelemos. Pero no se trata solo de añadir nombres a la lista, sino de ver la manera de llegar hasta sus posesiones y negocios, que normalmente están ocultos bajo varias capas de firmas anónimas”, explicó un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional a El País la semana pasada.

 

Asimismo, recordó que el Congreso aprobó en 2020 una ley, aún pendiente de aplicación, que obliga a identificar ante el Gobierno a estos intermediarios, que se benefician de normativas especialmente laxas en lugares como el pequeño Estado de Delaware, hogar del presidente Joe Biden, que, en la práctica, es un paraíso fiscal con un millón de habitantes que alberga 1,5 millones de empresas, como recuerda Michel, que añade que su capital, Wilmington, es la “meca mundial de las empresas pantalla”.

 

El Departamento de Justicia creó, además, un grupo de trabajo llamado KleptoCapture para perseguir a los “corruptos oligarcas rusos”, según los definió el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

 

El alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional puso como ejemplo el caso de España (que no es miembro del club), donde “se han incautado tres superyates”, antes de añadir que Estados Unidos ha creado algo que llamó el Equipo Zillow (por el portal inmobiliario más famoso del país, similar a Idealista), pensado para localizar y actuar sobre las mansiones de los oligarcas cercanos al Kremlin.

 

Entre 2015 y 2020, se calcula que lavaron en Estados Unidos unos 2.300 millones de dólares a través de los negocios inmobiliarios, según un informe de la organización Global Financial Integrity, que, con base en Washington, se dedica a la investigación de los flujos de dinero ilícito.

 

La ley estadounidense no exige a esas firmas verificar la identidad de los inversores, ni tampoco ponerse exquisitas con la procedencia de ese dinero, algo a lo que sí están obligados los bancos por una norma contra el blanqueo de dinero de los años setenta.

 

Una de esas empresas es Concord que está cortando lazos con los oligarcas rusos a marchas forzadas durante estas semanas. Lo mismo puede decirse de los abogados que los representan y las firmas que operan en Washington para presionar a los legisladores.

 

Según datos recopilados por OpenSecrets, organización centinela de la relación entre política y dinero en Estados Unidos, los oligarcas rusos gastaron unos 500 millones de dólares en ese tipo de influencia, completamente legal, desde 2014, cuando llegaron las primeras sanciones por la anexión de Crimea.

 

Es común, además, que esas empresas abran sus puertas giratorias a los congresistas cuando estos se retiran, detalla el artículo. Una de las más conocidas se llama Mercury, que representaba al Sovcombank, banco que fue incluido en la primera ronda de castigos y salió de nuevo en la última: el jueves, 17 miembros de su junta directiva fueron señalados por Estados Unidos.

 

De Mercury es socio David Vitter, que fue senador republicano por Luisiana entre 2005 y 2017. En febrero, Vitter aún abogaba por su cliente, Sovcombank. Escribió a miembros del Capitolio para evitar el castigo a una institución financiera “con fuertes lazos con Estados Unidos y con Occidente”. A principios de mes, Biden anunció que congelaba los activos del banco en Estados Unidos y que prohibía a sus ciudadanos operar con él. En vista de eso, Mercury ha suspendido su relación con el banco ruso. Con información de El País.

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