El ex presidente del Banco Mayo Rubén Beraja fue excarcelado hoy en la causa en la que se encuentra procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que causó multimillonarios perjuicios a ahorristas e inversores de esa entidad financiera.

 
La decisión la tomó la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, aunque Beraja seguirá preso al menos hasta mañana porque la Cámara Criminal Federal aún debe resolver si le fija una caución real (en dinero) o juratoria.

 
La abogada del ex banquero, Marta Nercellas, explicó a Télam que presentó un escrito en el que solicitó que la caución sea bajo palabra, pero el planteo será resuelto en el acuerdo que mañana mantendrá la sala II del tribunal.


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Mientras tanto, Beraja seguirá preso en la División Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal, lugar al que llegó el 29 de diciembre de 2003 y donde compartió encierro con algunos famosos, como la ex polifuncionaria menemista
María Julia Alsogaray.

 
La excarcelación del ex titular del Banco Mayo fue otorgada con el voto de las camaristas Amelia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo, mientras que Gustavo Hornos se pronunció en contra de la concesión del beneficio.

 
También, y por mayoría, fue excarcelado Salomón Cheb Terrab, ex vicepresidente del Banco Mayo y considerado organizador de la asociación ilícita, pero al igual que Beraja deberá aguardar a que se determine la caución.

 
La Sala II de la Cámara en lo Criminal Federal, en coincidencia con el magistrado de primera instancia, Norberto Oyarbide, se había opuesto a las excarcelaciones, con el argumento de que, en libertad, estarían en condiciones de eludir a la
justicia o entorpercer el avance de la pesquisa.


Nercellas, la defensora de Beraja, y Nicolás Maciel y Ricardo Huñis, de Terrab, presentaron, entonces, sendos recursos de casación, debido al tiempo (casi dos años) que los procesados computaban como detenidos.

 
Beraja, también ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó para su detención a fines de 2003 y fue procesado, junto a Cheb Terrab y una veintena de de imputados, con embargos de hasta 50 millones de pesos sobre sus
bienes, medidas confirmadas por la Sala II de la Cámara Federal.

 
Los defensores, sin embargo, expusieron que, durante los seis años que lleva de trámite la causa, sus asistidos nunca intentaron profugarse ni entorpecer la investigación.

Para oponerse a las excarcelaciones, los camaristas Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Horacio Cattani reseñaron que los directivos del Banco Mayo fueron responsabilizados, entre otras hechos, por la captación de fondos mediante "mesas de dinero".

 
También por el manejo de 298.600.000 de dólares que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le entregó a la entidad en concepto de asistencia financiera, "elevados préstamos" a particulares, operaciones comerciales como la compra derechos de
uso y goce de semanas de tiempo compartido y de acciones por montos multimillonarios, cuando el Banco Mayo se hallaba en una situación de iliquidez.

 
Cattani, Irurzun y Luraschi, en coincidencia con los abogados del BCRA y de los de un centenar de ahorristas que actúa como querellante, consideraron que en los casos de Beraja y Cheb Terrab no era irrazonable sostener la presunción de fuga.


Los camaristas tuvieron en cuenta la eventual condena que pudiera corresponderles, que no admitiría la posibilidad de un complimiento condicional.

Para reforzar sus fundamentos, los camaristas federales acotaron entonces que, de acuerdo a elementos de prueba, Beraja no habría declarado "gran parte" de su patrimonio, que "estaría invertido en entidades extrajeras de carácter 'off shore'".

En la Sala IV de la Cámara de Casación, las magistradas Berraz de Vidal y Capolupo sostuvieron, en cambio, que, desde que fueron procesados hasta que esa medida fue ampliada en diciembre de 2003 con la prisión preventiva "no obran en la causa datos objetivos" de que hayan dificultado el esclarecimiento de la investigación. 

Las magistradas resaltaron, además, la "espontánea presentación" de ambos procesados para quedar detenidos, Beraja ante Oyarbide y Cheb Terrab en la División Investigaciones Complejas de la Policía Federal. 

Hornos, en su disidencia, justificó la imposición de la prisión preventiva cuando existe una "sospecha razonable" de que el acusado podrá evadir la acción de la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando testigos o destruir evidencia.


Para Hornos esa presunción se da por "la seriedad y trascendencia de los delitos que se les endilgan, caracterizados por la multiplicidad de maniobras comisivas, la gran cantidad de sujetos que integrarían la asociación ilícita, el elevado perjuicio económico y el consecuente daño social ocasionado".(Télam)