La sala de Sentencia de la Cámara de Diputados provincial decidió por mayoría destituir del cargo de gobernador a Angel Maza por mal desempeño de sus funciones, mientras que el ex fiscal de Estado, Alfredo Pedrali, quedó desvinculado de la causa.

La sentencia en contra del gobernador ya suspendido en sus funciones recayó en el juicio político en que se lo investigó "por mal desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo", en tanto fue absuelto por unanimidad de los
cargos de delitos comunes.

La decisión de destituir a Maza se fundamentó en la expropiación irregular de un predio de la zona sur de la capital riojana, que los diputados concluyeron en que "era fiscal y no privado".

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El fallo condenatorio fue avalado por la mayoría de diputados que integraron la Sala de Sentencia quedando el resultado final de la votación 10 a 2, en tanto que antes de conocerse la sentencia se decidió apartar de la causa al ex Fiscal de Estado, Alfredo Pedrali.

La sala decidió que el próximo martes se lean los fundamentos de la sentencia juntamente con la decisión de si el destituido gobernador será inhabilitado y en caso de serlo por cuánto tiempo.

La destitución de Maza -acaecida en un fallo histórico porque nunca se había producido en la historia política de la provincia- la votaron positivamente los diputados Daniel Carrizo, Mario Guzmán Soria, Emilio Lucero, Teresita Luna, Roberto Meyer, Gustavo Minuzzi, Luis Orquera, µngel Páez, Alberto Romero Vega y Américo Barrios, quien además presidió la sesión.

En tanto los legisladores Enrique Molina y Carlos Romero rechazaron la totalidad de los cargos presentados.

La decisión de la Sala de Sentencia fue avalada por la mayoría de los diputados que la integran y responden al sector político que lidera el vicegobernador Luis Beder Herrera, tras casi nueve horas de deliberaciones, en las que se escuchó declarar a varios testigos aportados por la comisión acusadora y la defensa de Maza.

La defensa del ex gobernador Maza eligió una estrategia compleja, dirigida a cuestionar la forma en que fue desalojado de la residencia oficial de gobierno el día posterior a ser suspendido por la Legislatura el 13 de marzo.

En la sesión, prestaron declaración los testigos de cargo contra Maza y contra el ex fiscal de Estado, Alfredo Pedrali, también acusado y luego eximido en la causa, el ex administrador de Bienes Fiscales Luis Carreño (denunciante) y el ex asesor de la Gobernación y actual vocal del Tribunal de Cuentas, Luis Brizuela.

Los diputados de la Sala de Sentencia escucharon también el testimonio de una docena de testigos más, en su mayoría citados por la defensa que llevaron a cabo los abogados Raúl Galván y Pedro Carreño.

Los defensores de Maza intentaron demostrar que la Legislatura, controlada por una mayoría de diputados que responden al vicegobernador Luis Beder Herrera, "han prejuzgado al señor gobernador y avasallado la legítima defensa en juicio que le
corresponde", sostuvo Galván al comienzo de la sesión.

Por su parte, dos testigos presentados por la Sala Acusadora, Horacio Robledo y Ernesto Croicet, asesores de la Administración de Bienes Fiscales y del Tribunal de Cuentas, respectivamente, comprometieron la situación de Maza, del ex fiscal de Estado Alfredo Pedrali y del ex secretario de Seguridad Jorge Viñas, por haber "presionado" al denunciante Luis Carreño, para firmar un acuerdo transaccional por la expropiación de las tierras.

En tanto, ninguno de los testigos convocados por la defensa pudo aportar dato alguno a favor de Maza en cuanto al juicio por las tierras, y sólo se limitaron a graficar la ocupación de la residencia por parte de los policías enviados por el vicegobernador tras la suspensión del primer mandatario.

Por su parte, desde la sala acusadora, Jorge Machicote expresó que Teresa Gaitán, propietaria de las tierras, se prestó a una "gran estafa", porque en 20 años de historia administrativa y catastral no se encontraron elementos probatorios de que fuera legítima propietaria del predio expropiado".

Maza, quien no asistió a la sesión, fue enjuiciado por la expropiación presuntamente irregular de tierras situadas en la zona sur de la capital, donde se pagó a un particular unos 220 mil pesos por un predio de 45 hectáreas que según la acusación ya era fiscal, y fue iniciada por una denuncia del ex administrador de Bienes Fiscales, Luis Carreño.

En la causa, también se encontraba implicado el ex secretario General de la Gobernacioón Roberto Catalán, pero fue excluído de iniciársele juicio político porque su cargo "no tenía rango de ministro", según explicó el legislador Jorge Machicote en sesiones anteriores.