El juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, ordenó las detenciones y ahora los procesamientos.

A comienzos de 1976, alrededor de La Plata empezó a funcionar uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia de Buenos Aires. La jerga policial lo llamó “Sección de Cuatrerismo” o “Pozo de Arana”.

Por allí pasaron unos 150 detenidos-desaparecidos, entre ellos los alumnos de la Noche de los Lápices. La justicia de La Plata detuvo la semana pasada, después de mucho insistir, a cuatro de los máximos responsables del lugar. Ahora acaba de dictar los procesamientos en el marco de la primera investigación profunda sobre los crímenes cometidos en Arana. Entre los procesados está el jefe del Destacamento y el de la Brigada de Investigaciones de La Plata, uno de los represores que además trabajó codo a codo con el ex capellán de policía Christian von Wernich.

Las detenciones y procesamientos de los cuatro comisarios retirados de la bonaerense corrieron por cuenta del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, en base a un pedido elevado a fines de año por el fiscal Sergio Franco, en una causa que se había paralizado en 1986 con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En este caso, Corazza confirmó las detenciones y procesó a todos prima facie como partícipes necesarios de privación ilegal de la libertad y torturas, en concurso real. Con los procesamientos impuso además embargos de un millón y 500 mil pesos, de acuerdo al caso.

Los cuatro procesados son Miguel Kearney, comisario general retirado, nacido en Ameghino el 5 de setiembre de 1936; Rubén Oscar Páez, comisario general retirado, nacido en Ramallo el 27 de agosto de 1935; Bernabé Jesús Corrales, comisario general retirado, nacido en Pehuajó el 23 de noviembre de 1936 y, finalmente, a Pedro Antonio Ferriole, comisario inspector retirado, nacido en Pilar el 31 de enero de 1934. De acuerdo a la investigación, a los aportes de testimonios surgidos de la Conadep y de las audiencias del Juicio por la Verdad de La Plata, la justicia logró reconstruir las funciones de cada uno durante los primeros años de la dictadura, cuando estuvo en funcionamiento el Destacamiento de Arana.

De acuerdo a esa lectura, todos formaron parte de un grupo de tareas que se encargaba de detener y trasladar a los secuestrados. Por el lugar que ocuparon en la cadena de mandos de la policía bonaerense tuvieron, de acuerdo a la resolución, “conocimiento de la ilicitud del sistema”, impartieron órdenes y aportaron medios materiales para los procedimientos. Uno de los casos emblemáticos es el de Kearney. Ni los ex detenidos ni los que investigan la causa olvidan sus funciones en Arana. Kearney fue jefe del destacamento durante el tiempo que estuvo en funcionamiento desde comienzos de 1976, aunque nada de eso figura en sus papeles de servicio, como sucede en muchos otros casos. Los legajos lo dan como parte del personal de la Brigada de Investigaciones, desde el 17 de enero de 1979.

Un dato importante es que Arana dependía técnicamente de la Brigada de Investigaciones donde de hecho prestaba servicios para la misma época el resto de los procesados. Páez era el jefe de la Brigada, Corrales fue su segundo y Ferrioles lo sucedió tiempo después. Uno de los datos más curiosos indica un ascenso que recibió justamente Páez durante el funcionamiento del centro clandestino. Según su foja, el 3 de febrero de 1977 recibió un ascenso de Comisario de Seguridad a Comisario Inspector por “méritos extraordinarios”. Para entonces, aun comandaba la Brigada de Investigaciones. Lo hizo hasta el 2 de diciembre de 1977.

Esos datos no surgieron únicamente de la foja de servicio de los represores, porque parte de sus funciones reales no aparecían. La justicia reconstruyó roles y lugares con numerosos testimonios que dieron cuenta de esa estructura y de la participación de cada uno en los centros. Jorge Julio López, el ex detenido político cuyo testimonio sirvió para condenar al ex comisario general Miguel Etchecolatz el año pasado en La Plata y quien se convirtió ahora en otro desaparecido, también declaró contra Kearney y los hombres de Arana. López estuvo detenido en ese lugar, como estuvieron Pablo Díaz y Jorge y Raúl, los hijos de Hebe de Bonafini, hoy desaparecidos. Entre quienes permitieron dar cuenta de los roles de los represores, el informe puntilloso de Corazza retoma por ejemplo una declaración del Juicio por la Verdad sobre Corrales, a quien la justicia ubica desde el 25 de noviembre de 1977 y hasta el 5 de enero de 1979 como segundo de Páez en la Brigada de Investigaciones. Corrales era uno de los que “concurría a Arana en muy pocas oportunidades, pero los oficiales que estaban allí lo nombraban bastante como si fuera el Jefe”.

Finalmente, en la causa aún existe un pedido pendiente sobre el lugar. El fiscal Franco pidió rastrillajes porque supone que allí también se quemaron cuerpos. La resolución de Corazza integra un testimonio en ese sentido. Se trata de la declaración de Francisco Domingo Fanjul en el Juicio por la Verdad. Allí mencionó una charla con Roberto Grillo, un ex empleado de la Policía en 1978 o 1979. Grillo les dijo, según Fanjul, que su función en Arana era la de “tratar de hacer desaparecer los cadáveres”, quemándolos en fosas mediante el encendido de gomas de automóviles rociadas con gasoil. De acuerdo a los investigadores, ése era el sistema que habrían encontrado para que no se sintieran olores llamativos.