El tribunal porteño que condenó a Fernando Ariel Carreras, por matar a dos mujeres y un niño cuando era perseguido por policías que lo acusaban de un asalto en el barrio porteño de Nueva Pompeya en enero de 2005, consideró "insólita" la versión del condenado acerca de que el caso se trató de una "conspiración" policial.

El Tribunal Oral en lo Criminal 14 (TOC 14) hizo esa apreciación del caso de la denominada "masacre de Pompeya" en los fundamentos de la sentencia de 225 fojas, a la que Télam tuvo acceso, por la que condenaron a Carreras a 30 años de prisión.

Los jueces Hugo Cataldi, Beatriz Bistue de Soler y Rosa del Socorro Lescano, dictaron esa inusualmente grave pena desestimando la versión del imputado, de 29 años, que aseguró haber estado inconsciente por un balazo que recibió en su maxilar.

Los jueces magistrados consideraron que Carrera "pergeñó esa estrategia para su defensa" ubicando el tiroteo "en momentos previos a la producción de los hechos con el afán de lograr la impunidad" y afirmaron que "aturde a la lógica y al sentido común, pretender encubrir el ilícito accionar de Carrera en un caso de ’gatillo fácil’".

Añadieron que, para avalar la hipótesis defensista, hubiera sido necesaria "la complicidad de civiles y ello en presencia del personal de la Fiscalía de Distrito del barrio de Pompeya y de la Secretaria del Juzgado de Instrucción, quienes se hicieron presentes en el lugar, a poco de ocurrido el hecho".

Ello obedece a que la defensa de Carrera sostuvo, en todo momento, que se trató de un procedimiento policial "armado" y que, para argumentar un supuesto tiroteo, se "plantó" un revólver junto al auto que conducía Carreras y que, según los efectivos, venía huyendo luego de haber perpetrado un robo en "salidera".

En ese derrotero el vehículo que conducía Carreras atropelló y mató a Edith Elizabeth Custodio, de 41 años, Fernanda Gabriela Silva, de 31, y su hijo, Gastón Gabriel Di Lollio, de seis, e hirió a Verónica Beatriz Rinaldo y su hija Julieta Lucía Fiocelli.

Pese a la aparente orfandad de pruebas directas (según la defensa los testigos eran los mismos policías que habían participado del procedimiento y un civil que tendría vínculos con la cooperadora policial) el TOC 14 dictó el 7 de este mes la condena que será apelada ante la Cámara de Casación Penal.

La lectura del veredicto provocó la irritación de los familiares del imputado (le arrojaron un zapato a Cataldi, presidente del Tribunal), de organismos de derechos humanos y de la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini que no dudaron en calificar el hecho como "un ejemplo de gatillo fácil".