El cuádruple crimen de la familia en Campana generó una polémica inesperada entre dos ministerios bonaerenses. Por un lado, el Ministerio de Justicia -a cargo el Servicio Penitenciario provincial- negó que el detenido Angel Fernández Rosales haya vulnerado el sistema de pulsera electrónica que usaba para cumplir un arresto domiciliario. Por el otro, el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, confirmó que "hay testigos que nos dicen que Fernández violaba el régimen y salía con frecuencia de su casa".

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Las diferentes opiniones se marcan aún más. Fuentes del SPB informaron que el hijo de este sospechoso, Cristian Fernández (22), estuvo detenido entre abril y septiembre de 2005 pero nunca usó ese mecanismo de monitoreo a distancia. El joven fue detenido por robo calificado y el Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Martín dispuso su libertad bajo caución juratoria hace tres años. Sin embargo, desde Seguridad aseguran que el joven también estaba beneficiado con el método del monitoreo a distancia.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que luego de una revisión del sistema se determinó que el mecanismo "no estaba violentado y que la caja que registra todo evento no marca salidas o adulteraciones". Dicha información fue refutada por las fuentes de la Policía Bonaerense y luego por el propio Stornelli.

Angel Fernández está con la tobillera desde agosto del año pasado. El Tribunal Oral Criminal N°3 de San Martín lo benefició con esta morigeración de la pena luego de pasar 16 años en una cárcel. Había sido condenado a reclusión por violación seguida de muerte en 1991.

Los registros del equipo electrónico que controla los movimientos marcan que el 8 de julio pasado hubo un corte en la línea telefónica que provocó la desconexión del monitoreo. Las autoridades penitenciarias y judiciales fueron advertidas de la irregularidad y se volvió a conectar una semana después.

La pulsera o tobillera electrónica se utiliza para permitir a los procesados o condenados cumplir la privación de la libertad en sus domicilios. Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, hay 301 personas bajo ese régimen.

El beneficio lo concede el juez de Garantías o de Ejecución Penal. Para otorgarlo, se contemplan el comportamiento y los antecedentes de los procesados.

La Provincia utiliza este equipamiento desde abril de 2005 y es la empresa de monitoreo GIASA quien se encarga de proveer los equipos. Consta de una hebilla magnética con malla de plástico con precinto que se coloca en la muñeca o el tobillo. El dispositivo emite señales de radio que son captadas por un equipo conocido como HMRU (herramienta de monitoreo electrónico universal) que se coloca en un ambiente del domicilio. A su vez, este aparato está conectado a una línea de teléfono fija que envía señales a la central de la empresa.

En caso de que la hebilla con microchip se aleje más de 50 metros de la base, se dispara una alarma. Si la base es trasladada o violentada, también suena en la central. Entonces, los operadores de la firma se contactan vía telefónica con los funcionarios encargados del SPB. Para los casos de cortes o interrupciones de luz o teléfono la herramienta tiene una batería que le otorga autonomía de varias horas. Cada una de estas variaciones u otros movimientos (como las visitas al juzgado o a controles médicos) quedan marcados en la memoria de la HMRU.

Justicia aseguró que el funcionamiento es similar al de las alarmas con monitoreo que usan comercios o viviendas particulares y descartó que la base pueda ser "hackeada" o vulnerada con interferencias electrónicas.