Un nuevo informe difundido por el Departamento de Estado norteamericano especifica que "las normas reglamentarias para la implementación de la ley", promulgada por Argentina "estarán sujetas a las leyes, disposiciones y normas relacionados con la prevención de delitos financieros".


El gobierno de los Estados Unidos no cuestiona la ley de repatriación de capitales dispuesta por la Argentina, según se desprende del nuevo Informe Internacional Sobre la Estrategia de Control de Narcóticos de 2009, Volumen II: Lavado de Dinero y Delitos Financieros, difundido hoy por el Departamento de Estado.

En el informe se especifica que "las normas reglamentarias para la implementación de la ley", promulgada por Argentina "estarán sujetas a las leyes, disposiciones y normas relacionados con la prevención de delitos financieros".

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El comunicado de la embajada de EEUU informó que el Departamento de Estado "ha completado la actualización que acompaña al texto del nuevo informe" y aclara que el informe que fue difundido con anterioridad por un medio gráfico "sólo cubre hechos ocurridos durante el año 2008" y que "por lo tanto no anticipa las especificaciones de las reglamentaciones de implementación o lo conversado en el GAFI el mes pasado en París".

Agrega que "la actualización de este informe sobre el 2008 refleja datos e información que no estaban en la versión anterior".

Posteriormente difunde el texto del párrafo del nuevo informe que modifica al anterior y que es el siguiente: "Argentina tiene una larga historia de fuga de capitales y de evasión impositiva, y los argentinos tienen miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal (tanto fuera como dentro del país), gran parte de estos fondos fueron legítimamente obtenidos pero que no pagaron los correspondientes impuestos.

Para combatir la fuga de capitales y alentar la repatriación de estos miles de millones no declarados, el 18 de diciembre de 2008, el Congreso Argentino aprobó una moratoria impositiva y una ley de repatriación de capitales que permitiría una amnistía impositiva para las personas que repatríen activos no declarados durante un período de seis meses.

La ley entró en vigencia el 24 de diciembre. En virtud de esta ley, las autoridades fiscales tienen prohibido indagar la procedencia de los fondos declarados, y algunos críticos han expresado preocupación debido a que esto podría facilitar el lavado de dinero.

Las normas reglamentarias para la implementación de la ley se promulgarán en febrero de 2009, y aclararán que las operaciones alcanzadas por esta ley estarán sujetos a las leyes, disposiciones y normas relacionados con la prevención de delitos financieros, y asimismo incluirán presuntamente la exigencia de que las transferencias desde el extranjero se originen en países que cumplen con las normas internacionales de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

Altos funcionarios del gobierno han indicado que van a garantizar que toda la legislación argentina, incluida la presente ley, se ajuste a las obligaciones de Argentina como miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (GAFISUD). En enero el Gobierno de Argentina asume la Presidencia de GAFISUD para el año 2009".