Una nota judicial de la provincia de Misiones hace lugar a la medida cautelar presentada por la firma Sistema de Comunicación Satelital, Canal 4 Full Internet, intimando a que no se concrete ninguna acción en su perjuicio de parte del Gobierno por el congelamiento de las tarifas de los servicios que presta. El impedimento de aumento de tarifas es considerado como "inconstitucional". La decisión de la Justicia misionera sienta precedentes.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le otorgó una cautelar a Telecom Argentina y suspendió los artículos principales del decreto de necesidad y urgencia que declaró el año pasado como servicio público esencial a las telecomunicaciones.
Los datos objetivos son contundentes a favor de la política privatizadora del ex Presidente en el área de telecomunicaciones y energía.
Lo determinó el juzgado federal N°1 de Córdoba. Afirmó que en las normas se encuentran comprometidos derechos consagrados y reconocidos tanto por la Constitución Nacional, como por los tratados incorporados a ella, como el que garantiza trabajar y ejercer industria lícita y el de la libertad de expresión.
Desde la cámara Argentina de Internet alertan que el control de precios no contempla la estructura de costos de los diferentes operadores, para los cuales la mayoría de sus egresos son en dólares.
La empresa difundió un comunicado a raíz del anuncio de un plan básico universal obligatorio para telefonía, internet y televisión paga.
Pertenece al sindicalista Víctor Santa María, muy cercano a Alberto Fernández. Es empresario de medios a cargo del diario Página/12, radios y revistas.
Volvió a fallar contra el presidente y supuesto dueño de la emisora porteña, Carlos Lorefice Lynch. Levantó la medida cautelar que impedía removerlo de Belleville.
La cifra total de la transacción a la que se ha llegado es de US$ 6.250 millones: el 50% se va a abonar en efectivo y la otra parte se concretará mediante acciones de Verizon.
Maryleana Méndez presidenta de ASIET, un organismo regional que impulsa las telecomunicaciones del sector público y privado, manifestó que el DNU 690 /20 presenta riesgos serios por sus inconsistencias.
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