Policías a juicio por abusar de menores por comida y dinero

Se les imputa "promoción de la corrupción de menores de 18 años, agravada por haber sido mediante intimidación abusando de su autoridad por ser agentes de una fuerza de seguridad".
Miércoles 7 de mayo de 2014
Un fiscal pidió que seis policías federales y un agente penitenciario sean sometidos a juicio oral acusados de haber abusado de dos hermanas adolescentes que vivían en la calle, a cambio de comida y dinero, en distintas dependencias públicas de la Capital Federal.

La medida fue solicitada a la jueza de instrucción Vilma López por el fiscal Fernando Fiszer, que les imputa "promoción de la corrupción de menores de 18 años, agravada por haber sido mediante intimidación abusando de su autoridad por ser agentes de una fuerza de seguridad".

Este delito prevé una pena de 10 a 15 años de prisión ya que las víctimas eran menores cuando ocurrieron los hechos: una fue abusada cuando tenía entre 13 y 15 años y la otra entre 14 y 16, según informó la página Fiscales.gob.

La figura elegida por el fiscal está prevista para "cuando se impulsa a otro a que adopte una conducta sexual prematura o depravada" y el abuso sexual con acceso carnal queda subsumido al acto de promover a la corrupción a las chicas.

Los procesados son el sargento Sebastián Borfitz (58), el cabo primero Héctor Palavecino (36), los agentes Héctor Martínez (40), Gustavo Salinas (39), Mauricio Acevedo (29) y Miguel Campero (36), todos ellos pasados a disponibilidad y el ayudante 4 del Servicio Penitenciario, Jorge Acevedo.

Asimismo, el fiscal solicitó a la jueza el sobreseimiento de los cabos Facundo Taborda Sotelo y Fermín Olmedo, ya que no se reunieron elementos de prueba en su contra pese a las sospechas iniciales.

Por ahora, los imputados permanecen en libertad, ya que cuando fueron procesados el año pasado, la jueza consideró que no hay peligro de fuga.

En la investigación, el fiscal consideró probado que entre los años 2009 y 2011, los imputados llamaban telefónicamente a las hermanas, las buscaban en la zona de Parque Lezama y las trasladaban al Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, ubicado en Cavia 3302 del barrio porteño de Palermo.

Allí las obligaban a mantener relaciones sexuales con ellos y con algunos allegados, en ocasiones, a cambio de dinero o comida.

En la investigación, también se dio por acreditado que abusaban de las adolescentes en el predio de la Policía Montada situado debajo de la Autopista 7 "Presidente Héctor Cámpora", el Cuerpo de Policía de Transito, la División San Martín del ferrocarril, la estación Devoto y en una pensión para policias de la calle Warnes al 2100 de Paternal.

Según una fuente ligada a la causa, se cree que los policías involucrados serían más de 20, pero las adolescentes no pudieron identificarlos a todos porque a algunos los conocían sólo por sus apodos y varios tenían el mismo apellido.

En cambio, pudieron dar nombres y apellidos concretos de otros y sus descripciones físicas.

Gracias a que pudieron describir los lugares adonde eran llevadas, la jueza López ordenó allanamientos y verificó que los sitios eran tal cual lo habían detallado las hermanas. Para poder declarar, las víctimas recibieron contención de un equipo del Programa de Asistencia y Patrocinio de la Defensoría General de la Nación.

Luego se le practicaron pericias psicológicas, de las cuales surgieron que tenían afectada su sexualidad y sufrían trastornos debido a los hechos sufridos.