Policías y dictadura

... delitos supuestamente cometidos por sus camaradas y militares durante la pasada dictadura militar (1976-1983), con lo que se abrió una causa destinada a investigar los aportes testimoniales brindados por el ex hombre de armas.

Se trata del ex oficial de policía de la Brigada de Investigaciones durante la década del 70, Oscar Alfredo Rojas, quien con el abogado Eduardo Cáceres, se presentó ante la fiscal federal Silvina Godoy, donde rompió el silencio y según el abogado, "aportó precisos datos de los delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan, entre los que se cuenta el asesinato de Roberto Guilbert, una de las 64 personas desaparecidas en San Juan", militante de la Juventud Peronista que fue encontrado sin vida en la localidad de La Rinconada del departamento de Pocito, el 29 de agosto de 1976.

Según el abogado Cáceres, el ex policía sostiene que "Guilbert no murió como subversivo en un enfrentamiento con la Policía, sino como producto de la tortura a la que fue sometido en las oficinas del D-2 (departamento de operaciones) de la fuerza de seguridad en 1976", ubicado en las plantas altas de la Central de Policía "desde donde lo tiraron o se tiró al vacío y después fue llevado a La Rinconada", segun la denuncia.

Siempre al decir del abogado, el policía Rojas "era un enemigo acérrimo de las torturas que se llevaron a cabo contra los detenidos" y que por eso "sufrió atentados y dos intentos de secuestro, por lo que abandonó la Fuerza y se refugió durante más
de 15 años en Brasil y en Paraguay, y últimamente estuvo viviendo en la provincia de Chaco".

El letrado indicó esta noche a Télam que su cliente le contó a la fiscal en la causa que quedó radicada en el Juzgado Penal Federal de San Juan, que "hace una semana, Rojas se contactó con María Inés, la hermana de Roberto Guilbert, y le dijo que había
logrado investiga sobre la forma tan cruel en que murió el jóven a manos de los torturadores".

Según la denuncia, Guilbert habría estado en lo que el policía arrependido identificó como "el chupadero de personas que hubo en San Juan llamado El Refugio", por donde sostuvo que "por ahí pasó mucha gente que no sobrevivió".

El abogado Cáceres dijo además que "la señora desconocía todo esto ya que los policías le dijeron que su muerte fue producto de un enfrentamiento armado con grupos subversivos" y que "había estado esperando ansioso este momento para hacer la denuncia", lo que consideró que "es una oportunidad que la justicia le ha dado a
los argentinos después de 30 años, al derogar la legislación que protegía a los torturadores".

Cáceres dijo que su cliente no soportaba seguir sabiendo y no contarle a nadie que él vivió con la gente que han secuestrado, que han torturado y que han matado, al punto que lo llegó a vivir en carne propia con dos intentos de secuestro en su contra".

El denunciante indicó que "que ese grupo de la muerte estaba a cargo del Capitán del Ejército Juan Carlos Coronel, los coroneles Bouget y Suárez, alias "el Colorado", y que también fueron responsables los policías del D-2 como Mario Tello, que pertenecía
al Batallón 601 de Inteligencia".

En su extensa exposición ante la fiscal Rojas contó que se utilizaban varios métodos de tortura, "como la parrilla eléctrica, la picana y "el palito", un elemento que no dejaba signos de violencia en el cuerpo, que después de esposar a la persona se la dejaba con su cuerpo suspendido y que luego de un tiempo lo destruía psicológicamente".

Finalmente el abogado del denunciante, dejó trascender que dentro de la gente que se menciona en la denuncia "hay algunos que se encuentran en la provincia cumpliendo funciones, como el caso de Mario Tello, que se desempeña en el Regimiento de Infanteria de Montaña (RIM) 22, un Comisario Hilarión Rodríguez, otro que es Alberto Bazán, que ahora es Delegado de la Cruz Roja Argentina y otras personas de apellidos Lucero, Icazati y Mercado, que integraban el departamento de Inteligencia de la Policía", dijo el
abogado Cáceres.

Por último en el Juzgado Federal de Leopoldo Rago Gallo, no se pudo obtener ningún adelanto de los pasos que dará el magistrado que tiene la causa a su cargo, y en la oficina de la fiscal, no informaron acerca de la posibilidad de que se determinen
detenciones en las próximas horas.