El Gobierno calificó a Alberto Nisman de "mentiroso"

Cuestionó la acusación del fiscal contra la Presidenta y lo vinculó con sectores de la ex SIDE. Hay inquietud por las posibles derivaciones políticas y judiciales.
Viernes 16 de enero de 2015
Con preocupación por el efecto político y judicial de la denuncia contra Cristina Kirchner, el Gobierno cuestionó con dureza al fiscal Alberto Nisman, a cargo de la unidad especial del caso AMIA, y buscó desacreditar la investigación en la que se describe un "pacto de impunidad" para beneficiar a los iraníes acusados por el atentado a cambio de reforzar la relación comercial con ese país.

Más allá del intento de reivindicar el rol de la Cancillería en el esclarecimiento del hecho, nadie dio explicaciones sobre el eje central en el que el titular de la fiscalía basó su presentación: la existencia de una "diplomacia paralela", sostenida en escuchas telefónicas, en las que el dirigente K Luis D'Delía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche, dicen actuar frente a emisarios de Irán en nombre del "más alto nivel" para negociar un acuerdo espurio.

En la Casa Rosada, dan por hecho que el pedido de indagar a la Presidenta por supuesto encubrimiento se enmarca en la guerra con un sector del Poder Judicial y, en un clima de incertidumbre, pronostican una "balacera" en ascenso, en pleno año electoral y con desenlace abierto.

Ayer, Cristina decidió que fuera el propio canciller Héctor Timerman, también imputado, el rostro visible para trazar la réplica oficial. Ella, de reposo en Olivos desde que se fracturó un tobillo a fines de diciembre, se limitó a tuitear el comunicado. En una declaración a la prensa, en la que no se admitieron preguntas, el funcionario avanzó contra el fiscal. "Ahora resulta que en vez de investigar a los sospechosos se dedicó clandestinamente a investigar a la Presidenta", sostuvo el canciller, y agregó: "Es muy fácil desenmascarar las mentiras de Nisman".

El contraataque argumental se dividió en dos pasos. Primero, ligarlo a Antonio Stiusso, alias Jaime, ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, desplazado el mes pasado y cuya remoción -según Timerman- podría haber disparado el proceder del fiscal. Segundo, descalificar la pesquisa al afirmar que no informó al juez Rodolfo Canicoba Corral de la nueva línea que apuntaba directamente a la jefa del Estado.

En despachos oficiales recibieron con alivio que el magistrado expusiera en público su postura crítica sobre el trabajo de Nisman. Ofreció así elementos al Gobierno para echar un manto de duda sobre la presentación que ayer, finalmente, la jueza María Servini de Cubría desestimó tratar en plena feria judicial.

Ahora, deberán esperar el regreso de Ariel Lijo, a cargo del juzgado federal número 4, donde recayó la demanda que fue resuelta por su colega, reemplazante interina hasta febrero. Si bien se trata del mismo juez que procesó al vicepresidente Amado Boudou por cohecho en la causa Ciccone, en el Gobierno estiman que viabilizar una citación a indagatoria de la mismísima Cristina sería una decisión de "daño inconmensurable" que se esperanzan Lijo no esté dispuesto a tomar.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, uno de los ministros de diálogo más frecuente con la Presidenta, insistió en la teoría del complot de una parte de la Justicia, los "grupos económicos concentrados" y los "servicios de inteligencia internacionales". Aunque no dio precisiones, puso en su boca lo que varios funcionarios deslizan en privado: el supuesto de que Nisman se mueve en las cercanías de la CIA, la agencia de espías de Estados Unidos, y del Mossad, de Israel.

"La trama envuelve no sólo la decisión aislada de un actor, sino de una estrategia deliberada con un objetivo determinado", dijo Capitanich.

Para contrarrestar la imputación de que el Gobierno se había comprometido a hacer caer las alertas rojas que pesan en Interpol sobre los iraníes acusados, la Cancillería hizo circular una carta membretada, de febrero de 2013, en la que Timerman informa a Ronald Noble, secretario general de la policía internacional, que la firma del memorando con Irán no afecta "el status de los requerimientos de captura" en cuestión. La respuesta, afirmativa, llega desde Lyon en marzo de ese año, con la firma del Consejero Jurídico, Joël Sollier.

El punto más incómodo puertas adentro es el impacto de las transcripciones telefónicas. "Son dimes y diretes de tipos que no son funcionarios", dicen, para desligarse de D'Elía, de incuestionable ADN kirchnerista, y de Esteche, jefe de una agrupación a la que se vinculó con la ex Side. Ambos oficiaron de interlocutores con el presunto agente iraní Alejandro Yussuf Khalil. Si bien no está su voz en las cintas, es mencionado como uno de los ejecutores del plan Andrés Larroque, diputado y secretario general de La Cámpora, organización fundada por Máximo Kirchner.