Justicia reconoce el trabajo sexual y prohibe a la Ciudad realizar multas

Jueves 19 de marzo de 2015
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno de la Ciudad para imponer clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales, expresando que su falta de regulación es una deuda de la Ciudad con la sociedad.

Así lo asegura el fallo de la jueza Natalia Molina dictado el pasado 9 de marzo, que expresa que "[la] falta de regulación específica sobre servicios personales de tipo sexual es una deuda que a mi entender tiene la CABA con la sociedad".

Según la jueza, "se trata de una deuda muy antigua. Desde la existencia de los propios edictos en la CABA, antes de que existiera el código de convivencia, siempre ha habido una falta de enfoque concreta sobre esta cuestión. Desde edictos hasta el art. 71 antiguamente, cuando se perseguía esta cuestión hasta llegar al día de hoy con el art. 81 de la ley 1472. Llevo dicho hasta ahora que no habiéndose verificado ningún delito, ninguna cuestión más grave de la que me convoca y habiendo solicitado el fiscal la absolución, por las razones explicadas, la actividad privada de los hombres está fuera de la decisión de los jueces y por ello corresponde la absolución".

La medida fue celebrada por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar), quienes denunciaron en reiteradas oportunidades que el Gobierno de la Ciudad ejerce el Poder de Policía aprovechándose de los operativos anti-trata para inspeccionar en departamentos privados donde hay trabajadoras sexuales.

"Les exigen a las compañeras habilitaciones de imposible cumplimiento; labrándose infracciones que terminan ejecutándose en la Justicia. La mayoría de las trabajadoras sexuales -debido a la criminalización social- evitamos ir al juzgado y terminamos pagando una sanción sin defendernos, pero hubo una compañera trans que dio pelea, entendiendo que ese proceder era injusto. Prefirió llevar el caso hasta las instancias del juicio oral acompañada por nuestra organización y sus abogados defensores, Dra. Mariana Casas y Dr. Damián Pszemiarower -ambos del equipo jurídico de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la legisladora María Rachid-, donde finalmente fue absuelta de todas las faltas que le imputaba el GCBA", dijeron desde la asociación en un comunicado.

Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, señaló que: "El proyecto de ley que presentamos con la diputada María Rachid en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por objeto regular la habilitación y funcionamiento de los establecimientos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a brindar servicios de índole sexual. Se considera trabajo sexual a los fines de esta ley, la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual a cambio de una retribución para beneficio propio. El establecimiento puede estar organizado de manera individual autónoma o bajo la forma de cooperativa autónoma".