Los gremios descartan ir al paro tras el veto de Macri

Andrés Rodríguez, secretario general trabajadores estatales, adelantó que "no está previsto" realizar una huelga. Las tres CGT acordaron con el Gobierno la suba del salario mínimo y se mostraron conciliadores.
Viernes 20 de mayo de 2016
Las conversaciones entre el gobierno nacional y los líderes de los principales sindicalistas, sumado al acuerdo firmado por el salario mínimo descomprimieron el costo político del anuncio de el presidente Mauricio Macri en Cresta Roja.

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, fue la primera voz de relevancia en graficar cuál es el humor de los popes de los gremios. En una entrevista con Luis Novaresio en radio La Red aseguró: "No está prevista una protesta dentro de la dirigencia gremial".

Es más, el representante sindical evitó criticar al ministro Andrés Ibarra por los despidos en el sector público y aseguró que hasta ahora la administración nacional está cumpliendo con su palabra de no avanzar con más cesantías.

El titular del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, descartó una posible medida de fuerza al considerar que "no" cree que "hoy la cosa pase por la acción gremial". "No creo que hoy la cosa pase por la acción gremial lo que si creo es más que nunca hace falta reunir la Comité Central Confederal para definir los puntos reivindicatorios en el orden político y económico de los trabajadores", manifestó.

Y el diputado massista y titular del sindicato de peajes, Facundo Moyano, advirtió que si el Presidente resuelve vetar la ley antidespidos "las organizaciones sindicales verán qué es lo que hacen". "Ahora son los sindicalistas, los que tienen representación real y directa en los trabajadores, los que tienen que discutir esta cuestión en el caso hipotético de un veto".

La ley antidespidos convertida en ley por el Congreso prevé la suspensión de las cesantías por 180 días y habilita la vía de la doble indemnización. La oposición considera que es una herramienta para proteger el empleo, sin embargo en el Gobierno están convencidos de que la iniciativa alejará inversiones y complicará las expectativas de la economía.