Blanqueo de capitales: excluyen a funcionarios políticos

La restricción alcanzaría a quienes ocuparon desde 2011 cargos de presidente, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y encargados de los entes reguladores.
Martes 31 de mayo de 2016
Los funcionarios y ex funcionarios públicos no podrán acceder al futuro blanqueo de capitales, cuyo proyecto de ley empezará a debatirse en los próximos días en el Congreso.

Fuentes oficiales confirmaron que la decisión se tomó para no extender el debate dentro de la coalición gobernante, ya que tanto la Coalición Cívica como el radicalismo habían objetado esta cuestión.

La barrera de acceso quedará baja para los actuales funcionarios y para quienes hayan ocupado algún cargo en la administración pública en los últimos cinco años, es decir hasta 2011.

Así, quedarían excluidos todos los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo: presidente, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y encargados de los entes reguladores, según otra fuente.

Desde el radicalismo y desde la Coalición Cívica-ARI habían dicho públicamente que estaban en contra de que se permitiera el blanqueo a funcionarios.

Fuentes cercanas a la conducción del bloque radical señalaron días atrás que la posición de la UCR coincide con la de la Coalición Cívica, que ya fue expresada abiertamente por su líder, Elisa Carrió.

"La Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI afirma que los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad", sostuvo el partido en un comunicado.

Y agregó: "Esta decisión de la Junta Nacional de la CC ARI, cuya Secretaria General es Maricel Etchecoin Moro, contiene la postura histórica del partido liderado por Elisa Carrió y es de carácter innegociable, ya que de hacerse constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país".

Cerca de Macri, admitieron: "Es una batalla que finalmente se va a perder y no tiene sentido extenderla", indicó una de las fuentes.