Procesaron a ex funcionarios K por irregularidades en los fondos de campaña de 2007

El juez federal Ariel Lijo investiga a Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo, Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone por lavado de dinero.
Jueves 23 de junio de 2016

El juez federal Ariel Lijo afirmó hoy que en la campaña de Cristina Kirchner de 2007 "se lavó dinero" y advirtió que no tiene "pruebas de que alguien más supiera de esta situación", más allá de los exfuncionarios y empresarios a los que procesó.

"Parte del financiameiento de la campaña de Cristina tenía origen ilegal, hablamos de lavado de dinero", señaló Lijo, quien indicó que "se utilizó plata de origen ileagal en una actividad legal".

Tras procesar a los ex funcionarios kirchneristas Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, Lijo destacó: "No tenemos pruebas de que alguien más supiera de esta situación".

"Capaccioli, Lorenzo, Brito y Gramajo podrían acogerse a la ley del arrepentido", consideró además Lijo, tras recordar que esa figura está vigente en causas por lavado de dinero.

Según dijo, el 25 por ciento del dinero aportado por droguerías a la campaña a la Presidencia de Cristina Kirchner en 2007 tuvo un "origen ilegal". Así se refirió Lijoi con respecto a respecto a fondos aportados por las empresas "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp".

"Está probado que las personas responsables de esta maniobra son las imputadas y no tenemos pruebas que el resto estuviera al tanto o hubieran apañado esta situación", señaló Lijo.

El magistrado procesó a los ex funcionarios kirchneristas Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, por lavado de dinero por la procedencia de los aportes para la campaña presidencial de 2007 que consagró a Cristina Kirchner presidenta de la Nación.

El juez consideró que a través de aportes hechos por varias empresas se puso en circulación en el mercado la suma total de ochocientos ochenta y seis mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud.