Nueva denuncia complica más a Báez y a sus hijos

La Unidad de Investigación Financiera señala otras siete cuentas del empresario y su familia en Suiza. Investigan movimientos bancarios sospechosos por $ 148 millones.
Martes 28 de junio de 2016
Mientras sus empresas entraban en cesación de pagos y la Justicia lo empezaba a acorralar, Lázaro Báez y dos de sus hijos llevaron a cabo una serie de maniobras bancarias por más de 148 millones de pesos para esquivar ese cerco judicial y los embargos de sus acreedores, pero encendieron las alarmas del sistema financiero. ¿Resultado? Cosecharon cinco reportes de operaciones sospechosas (ROS) que llegaron a la unidad antilavado (UIF), que a su vez envió un informe secreto a la Justicia.

Martín y Luciana Báez son los protagonistas del informe de la UIF. Ambos, junto con sus hermanos Leandro y Melina, fueron imputados por el juez federal Sebastián Casanello el viernes pasado. Deberán presentarse la semana próxima en los tribunales para ser indagados por las sospechas de lavado, que ahora se refuerzan.

Según consta en el informe remitido a la Justicia, sobre cuya existencia la diputada Margarita Stolbizer (GEN) ya había dado indicios, los investigadores de la UIF determinaron que fondos destinados a Austral Construcciones se desviaron hacia otras sociedades que también se vinculan al grupo Báez. De ese modo, el presunto testaferro de la familia Kirchner intentó evitar que el dinero se depositara en las cuentas de la constructora en el Banco Nación, donde adeuda más de $ 160 millones en situación crediticia "4", es decir, "con alto riesgo de insolvencia".

La operación más abultada que puso en alerta a la UIF pasó por la sociedad M&P SA, en la que Martín Báez figura como accionista y miembro del directorio. Recibió transferencias interbancarias por un total de $ 114.614.183 entre el 1° de febrero y el 30 marzo de este año. Esos giros, remarcaron los investigadores de la UIF, resultaron "sumamente superiores" a los registrados durante el mismo período del año anterior.

Según la UIF, los $ 114,6 millones llegaron a las cuentas de M&P desde cinco firmas dedicadas, en teoría, a servicios empresariales, intermediaciones financieras y venta al por mayor en consignación de cereales y ganado. En la práctica, sin embargo, Catahu SA, Xhoris SA, Kargen SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL y Recasur Argentina SRL operan como cuevas financieras.

Recasur ya se encontraba bajo la lupa judicial. Figura en una investigación por presunta evasión tributaria agravada del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. Al igual que las agropecuarias Monte León y El Zonda, esa sociedad compartía los mismos apoderados y abogados que Propyme, la mutual del financista Guillermo Greppi que afrontó un confuso allanamiento que se detuvo entre supuestas llamadas de la Casa Rosada y denuncias cruzadas de ofrecimientos y pedidos de sobornos.

Según los analistas de la UIF, las maniobras que desarrollaron los Báez a principios de este año distan de ser novedosas. Recordaron que empresas similares se usaron antes "para el desarrollo de actividades financieras marginales" y detallaron que Martín Báez figura como director y apoderado de M&P SA, mientras que su hermana Luciana también aparece como apoderada.

Junto a Báez confirmaron que M&P es parte de su grupo de empresas. "Martín tiene el 50 por ciento de las acciones, Lázaro tiene el 30% y Andrés tiene el 20% restante", indicó un miembro del entorno del patagónico, en alusión al contador César Andrés. Con M&P, los Báez compraron propiedades en Tierra del Fuego: un inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo 1475, de Río Grande. El edificio, de dos pisos y 727,5 metros cuadrados de superficie, fue adquirido en 150.000 dólares en 2006. En esa propiedad, que abarca una esquina completa, funciona la agencia de venta de autos usados Project One, uno de los dos emprendimientos visibles de los apoderados de Báez en la isla.

Desde el entorno de Báez defendieron, sin embargo, algunas de las operaciones sospechadas. En especial, las 12 operaciones registradas entre el 14 de enero y el 26 de febrero por un total de $ 30.911.439 en una de las cuentas de Austral Construcciones en el Banco Nación. Según el detalle, se destinaron a pagar jornales, quincenas, sueldo anual complementario y tres pagos identificados como "liquidación final Uocra".

"Fue para pagarles a los trabajadores, y para eso se buscó la forma de evitar que el dinero no llegara a ese destino", explicaron colaboradores directos de Báez. El 15 de diciembre pasado, Báez licenció obligatoriamente por tres semanas y sin pagar sueldos ni aguinaldos a todos sus empleados, sin excepción. Fue el principio del fin de Austral Construcciones. Los trabajadores iniciaron protestas; pasaron las fiestas de fin de año sin dinero, sin trabajo y sin novedades sobre su futuro. Por eso cortaron las rutas por dos meses.

Allí no se agotaron las operaciones cuestionadas. Otro de los ROS se emitió luego de que una constructora, Índigo, con domicilio en el populoso barrio El Carmen, de Río Gallegos y sólo dos años de actividad, libró un cheque por $ 2 millones en diciembre pasado. Se endosó a Lázaro Báez, que lo pasó a su hija, Luciana, quien cobró $ 1,4 millones por ventanilla del Banco Macro el 12 de enero y transfirió otros $ 500.000 a una cuenta de M&P en la misma entidad bancaria. Ayer, LA NACION intentó dar con la desconocida constructora y resultó "inhallable".

En tanto que otra de las operaciones sospechosas se originó a partir de un informe de la General Motors a partir de una compra de rodados efectuada el 14 de julio por un importe de $ 1,2 millones.