La chilena Latam aceptó pagar multas por coimas

La empresa aceptó una multa millonaria por pago al testaferro de Jaime que no pudo explicar. Para entrar al mercado argentino le entregó US$ 1,15 millones a Manuel Vázquez, hoy con prisión domiciliaria, por una consultoría que nunca existió.
Martes 26 de julio de 2016
Latam, continuadora de LAN, aceptó pagar 21,5 millones de dólares en Estados Unidos por un pago realizado a fines de 2006 a Manuel Vázquez, asesor y lobbista del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Las sospechas de aquel sugestivo pago por 1,15 millones de dólares es que terminaron en manos de los funcionarios que negociaron el ingreso de la compañía aérea.

Todo sucedió a fines de 2006, cuando la compañía aérea ya operaba hacía un año en el país. En octubre de aquel año, Vázquez envió a Ramírez un contrato por el cual una empresa del grupo chileno con sede en Estados Unidos, Atlantic Aviation Investment contrataba Controles y Auditorías Especiales de Argentina (Caesa) para hacer un informe sobre "las rutas existentes en la Argentina y en el mercado regional tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio actualmente disponible".

El negociador por la compañía chilena fue Ernesto Ramírez, un ejecutivo de la empresa que reside en Miami y que fue el encargado de manejar la llegada de la aerolínea chilena a la Argentina en 2005, tras la caída de Southern Winds después de los escándalos de la valija con droga encontrada en Madrid. Incluso fue uno de los que acompañaron al actual presidente chileno, Sebastián Piñera, entonces directivo de la aerolínea, a presentar el proyecto LAN Argentina a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, en marzo de 2005.

En el artículo 5 del acuerdo se refieren a la remuneración que recibirá Caesa y que llega, según el detalle que el propio Ramírez realiza en un mail, a 1.150.000 dólares divididos en tres cuotas de 300.000 y una de 250.000. La duración de la prestación del plazo se estableció en 90 días, tiempo en el que debería estar cancelada la totalidad del contrato.

El 27 de octubre de ese año, Caesa envió la primera factura a la compañía por 300.000 dólares identificada con el número 27. Luego llegó la 30 y la 31. Al pie del documento la empresa describió los datos para hacer los depósitos: Wachovia Bank, 3442 Orange Avenue NE, Roanoke, cuenta 8779 - 9038, cuyos titulares son Manuel Vázquez y Marta Domínguez (esposa de Vázquez). Se facturaban "servicios de consultoría prestados según contrato firmado entre las dos empresas".

Meses antes, en agosto, un largo decreto, el 1012, firmado por el presidente Néstor Kirchner, por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Felisa Miceli, había resuelto uno de los problemas más grandes que tenía LAN en el país.

La norma utilizó 3200 palabras para prorrogar la emergencia aerocomercial y autorizar un aumento de las bandas tarifarias. El artículo 10, en apenas 18 vocablos, destrabó uno de los escollos que frenaban la expansión de LAN. Sucede que el Código Aeronáutico establece que la mayoría accionaria de las empresas aéreas debe estar en manos de socios argentinos. Esa limitación fue cambiada en 1994, con la apertura económica, pero en 2000, con la crisis de Aerolíneas Argentinas se volvió a implantar el viejo sistema del código.

Cuando LAN llegó al país, en 2005, dos abogados, Jorge Pérez Alati y Manuel Benites, fueron los socios mayoritarios de la empresa. Pero a medida que había que aportar capital para expandir el negocio, la restricción complicó la operación. Finalmente, el artículo 10 del decreto 1012 volvió a la apertura de 1994.

Meses más tarde, una compañía de LAN contrataba los servicios de Caesa por un poco más de 1 millón de dólares.

Diez años después, Jaime está preso en el penal de Ezeiza y Vázquez tiene prisión domiciliaria. Se los imputa de haber facturado coimas para la compra de material rodante a Estaña y Portugal. La empresa que facturó las coimas fue Caesa, la misma que facturó a auditoría a Lan. Las facturas cuestionadas 39, 40 y 41, vecinas de aquellas que terminaron por implicar a Lan en una investigación que se cerró con el pago de 21,5 millones de dólares en Estados Unidos.